Menem decidió privatizar Fabricaciones Militares

El Gobierno lanzó un paquete de medidas que incluyen dos decretos a la firma del presidente Carlos Menem por los cuales "se establece avanzar en el proceso" de las privatizaciones de Encotesa (correo estatal) cuyo marco regulatorio debe aún ser acordado en un plazo breve con el Congreso y de Fabricaciones Militares (FM).

El ministro de Salud y Acción Social Alberto Mazza firmará hoy en Washington un convenio con el Banco Mundial -ente que asesorará también en los dos procesos anteriores- a través del cual el Gobierno obtendrá un crédito de 800 millones de dólares para encarar la desregulación de las obras sociales.

En Balcarce 50 aseguran que con estas medidas se pone en marcha la Reforma del Estado II. Empero no escapa a los observadores que el pase de FM a la órbita de Economía para su inmediata privatización es una consecuencia directa del todavía resonante escándalo por la venta de armas a Ecuador por parte de nuestro país.

La actividad de FM actualmente dividida en siete establecimientos consiste en la elaboración del armamento liviano y pesado municiones y explosivos. Cuenta en sus diversas plantas con más de 2000 empleados.

Según fuentes oficiales el conjunto de estas decisiones fue analizado y suscripto ayer a última hora por el jefe de Gabinete Jorge Rodríguez el ministro de Economía Domingo Cavallo su par de Defensa Oscar Camilión y el secretario de Comunicaciones Guillermo Padín.

En la Casa Rosada no dejaron de interpretar las resoluciones como el primer golpe de efecto de envergadura en lo que va de la gestión de Rodríguez. A caballo de esta ejecución se escuchó decir el ministro coordinador envió un mensaje de lectura clara: la política se alimenta pero no depende exclusivamente de los requerimientos de la economía o en otras palabras de Cavallo.

Precisamente ayer la Jefatura de Gabinete difundió el decreto por el cual como anticipó La Nación se reduce sustancialmente su estructura administrativa.

No hay pruebas por la venta de armas

Por ahora: la investigación no revela hasta el momento una vinculación entre Fabricaciones Militares y la empresa intermediaria.

Para el juez federal Jorge Urso que instruye en la causa por la venta de armas a Ecuador que tiene en vilo al gobierno del presidente Menem por ahora no existen pruebas que evidencien la negociación directa entre Fabricaciones Militares (FM) y la empresa intermediaria ecuatoriana Prodefensa revelaron a La Nación fuentes confiables vinculadas con la investigación.

El presidente de Prodefensa Roberto Sassen van Elsloo aseguró que FM le ofreció armamento iraní o ruso para completar un envío inconcluso en 1995.

La confirmación reciente de Sassen van Elsloo de que FM había cerrado el negocio directamente con Ecuador hace peligrar la coartada del Gobierno que asegura que la operación fue concebida con la buena fe de nuestro país de que la firma uruguaya Hayton Trade llevaría las armas a Venezuela y que el desvío o triangulación a Ecuador -en plena guerra con Perú- se hizo a espaldas de nuestros funcionarios.

Según se supo tras los allanamientos a FM "se revolvieron todos los papeles" y en ninguno apareció Prodefensa. "Hasta el viernes último este actor no existía" aseguran las fuentes.

Empero el informe de Prodefensa que la embajada argentina envió a la Cancillería y al Ejército fue incorporado al expediente de la causa y será estudiado. Voceros bien informados aseguran que realmente no existió vínculo de FM con Prodefensa pese a que dudan seriamente de si no conocían el destino real de las armas. El motivo de la aparición de este nuevo elemento especulan podría ser "tender una cama" a algún funcionario argentino o enjuiciar a la nación Argentina por incumplimiento de contrato.

Por separado ayer se conoció una nueva resolución de Urso: inhabilitó para desempeñar cargos públicos al único procesado en la causa hasta hoy el ex interventor en FM Luis Sarlenga.

Entretanto se descuenta en un 99% que el ex coronel Diego Palleros -asesor en la Argentina de Hayton Trade- no se presentará a prestar declaración indagatoria el próximo martes 30 tal como lo citó Urso. Palleros está prófugo para el juzgado de Marcelo Aguinsky (penal económico); su situación no es demasiado regular pese a que pagó una fianza de 250.000 dólares ante el juzgado de Urso. Si no se presenta la Justicia le ejecutará el dinero.

No se descarta que en el futuro sea llamado a prestar declaración indagatoria el jefe de la Fuerza Aérea brigadier Juan Paulik y hasta el mismo ministro Oscar Camilión. Un diálogo entre Paulik y Camilión al percibir el 17 de febrero de 1995 que un avión de Fine Aire se dirigía a Ecuador entraña varias incertidumbres.

En el juzgado federal se considera que las responsabilidades políticas son compartidas entre Defensa Economía y la Cancillería.

Es que sus tres titulares refrendaron el decreto de comprobada "falsedad ideológica" que aprobó una venta bélica a Venezuela aunque finalmente se desvió a Ecuador. Sin embargo la Cámara Federal no incriminó a Economía y Cancillería.

"¿Cómo Cancillería no levantó el teléfono y preguntó a Venezuela si realmente habían ordenado comprar esos ®fierros¯ (armas)?" se preguntan fuentes de la pesquisa.

Se vislumbran dos estrategias de investigación. Camilión designó al auditor de las Fuerzas Armadas José Reilly para que indagara "hacia abajo" de Sarlenga las responsabilidades dentro de FM y en oficiales del Ejército supuestos involucrados. La Cámara en cambio recomendó al juez establecer presuntas culpas "por sobre" Sarlenga.

El caso hizo estallar una pelea interna feroz. Camilión no toleró que el Ejército y la Cancillería tuvieran el susodicho informe de Prodefensa unos días antes de que él y de que ninguno le diera la novedad. No hay calma en los ánimos.

Dos privatizaciones apuradas por decreto

Reforma estatal II: el Gobierno lanzó otro paquete de medidas de ajuste que seguramente crearán nuevas controversias.

El presidente Menem firmará dos decretos que establecen avanzar resueltamente en los procesos de privatización de Fabricaciones Militares y del correo estatal Encotesa cuyo conflictivo tratamiento legislativo hizo detonar en el pasado las trifulcas más encarnizadas entre el ministro de Economía Domingo Cavallo y el ala política de la Casa Rosada.

Sin embargo el Poder Ejecutivo si bien busca así celeridad deberá esperar que el Congreso sancione el marco regulatorio de esta operación.

Todo ello forma parte de un paquete de medidas incluidas en la Reforma del Estado II al que se agrega un convenio con el Banco Mundial que firmará hoy en Washington el ministro de Salud y Acción Social Alberto Mazza. Por ese acuerdo nuestro país obtendrá un crédito mixto (fondos de ese ente y nacionales) de 800 millones de dólares para la reconversión del PAMI; la reestructuración de las obras sociales sindicales y la elaboración de un nuevo marco regulatorio para la salud.

Se busca que el PAMI cancele sus deudas atrasadas se fortalezca institucionalmente renegocie sus contratos y reconvierta sus recursos humanos. El objetivo es concentrar su actividad en la asistencia médica de jubilados y pensionados eliminando entre otras las prestaciones turísticas.

También habrá un fondo para reconvertir las obras sociales con un plan de saneamiento y fusiones. De las 270 que existen actualmente deberían quedar unas 100. Se fijará la elección libre de los afiliados.

El jefe de Gabinete Jorge Rodríguez difundió un decreto de reordenamiento de su área: de 6 secretrías quedaron 3 y de 12 subsecretarías sobrevivieron 8 con lo cual se redujo un 35% su presupuesto.

Fabricaciones Militares en tanto pasó al Ministerio de Economía para que sus siete plantas sean convertidas en unidades de negocios adecuadas para la posterior privatización.

El proceso de venta del Correo quedará a cargo del secretario de Comunicaciones Guillermo Padín. Con la asistencia técnica del Banco Mundial delineará un "mecanismo adecuado (rápido eficiente y transparente)" sobre la base del cual "sugerirá" al Congreso un marco regulatorio acorde. El consenso no resultará fácil.

Por Mariano Obarrio

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