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Migraciones: el Gobierno denunció a la gestión de Macri por “espionaje ilegal”
La Dirección Nacional de Migraciones justificó la derogación del DNU 70/17 y negó que se flexibilicen los controles de ingreso de extranjeros con antecedentes
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LA NACION
El Gobierno justificó este viernes la derogación del decreto firmado por Mauricio Macri en 2017, por el cual se endurecían los controles para impedir el ingreso a la Argentina de extranjeros vinculados al delito, y acusó a la gestión de Cambiemos de haber montado “un sistema de espionaje ilegal” en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), para hacer un seguimiento de políticos, sindicalistas, empresarios, periodistas, deportistas y artistas.
Desde el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo “Wado” De Pedro, argumentaron que el DNU 70/17 “fue un acto de propaganda” de la administración anterior que no generó “ninguna mejora” en la gestión de las fronteras. “No sirvió para nada y era inconstitucional”, informó la DNM, a cargo de Florencia Carignano.
Entre las presuntas víctimas del “espionaje ilegal” de Migraciones figuran la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia; los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano; el exfuncionario Julio De Vido; y Francisco De Narváez, entre otros.
A través del decreto 138/21, el presidente Alberto Fernández anuló los cambios dispuestos por Macri en la ley de migraciones. Según indicó el Gobierno, el DNU del expresidente “modificó aspectos sustanciales” de la normativa que “resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.
La decisión de Fernández generó el rechazo de varios referentes de Juntos por el Cambio, quienes advirtieron que la medida facilitará la actividad del narcotráfico y del crimen organizado en el país.
En cambio, el Gobierno sostiene que la anulación del DNU de Macri no flexibiliza los controles inmigratorios. “Los impedimentos para el ingreso de extranjeros son exactamente iguales en el decreto 70 y en la ley que se restituye hoy”, remarcó Carignano en un comunicado difundido en la tarde de ayer por la cartera del Interior.
En ese sentido, la funcionaria indicó que el artículo 29, inciso C, de la ley de migraciones establece que “no podrán ingresar al país quienes hayan sido condenados o estén cumpliendo condena en la Argentina, en el exterior” o quienes tengan “antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”.
El decreto de Macri buscaba acortar los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales y establecía una regulación de condiciones más estrictas respecto de las causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el país cuando se encuentren alcanzados por condenas penales, cuenten con antecedentes relacionados con ilícitos, o hayan incurrido o participado en actividades ilícitas.
Durante la gestión de Cambiemos, unos 3.000 extranjeros fueron expulsados del país. Según un informe elaborado por Migraciones en 2019, la cifra de deportados tuvo un crecimiento exponencial durante el mandato de Macri, sobre todo, luego de que entrara en vigencia el DNU 70/17. Entre 2016 y 2018, la cifra de extranjeros expulsados pasó de 323 a 703.
Para el gobierno de Fernández, el aumento de la cifra de deportados registrada durante la administración de Macri se debió a la creación de la “Dirección de Extranjeros Judicializados”. “Esa dirección se dedicó a liberar presos extranjeros de las cárceles argentinas para enviarlos a su país de origen con el pasaje pago por el Estado”, afirmó Carignano. Asimismo, la funcionaria dijo que “algunos” de los extranjeros deportados por la gestión de Macri volvieron a ingresar a la Argentina.
Denuncia por “espionaje ilegal”
A su vez, la titular de Migraciones acusó la gestión de Macri de haber montado “un sistema de espionaje ilegal” para hacer un seguimiento sobre los ingresos y egresos al país de 58 mil personas, entre las que se encontraban políticos, sindicalistas, empresarios, periodistas y artistas.
“Este seguimiento ilegal, que viola además la protección de datos personales, no contaba con ninguna autorización judicial ni requerimiento formal alguno”, indicó la actual conducción de Migraciones.
Según el Gobierno, el presunto sistema de seguimiento ilegal “se apoyaba” en el sistema Halcón, que se utiliza para “tramitar los requerimientos judiciales”. “Sirviéndose de este dispositivo, montaron otro paralelo e ilegal para realizar un espionaje con fines ajenos al interés público o de seguridad”, denunció la DNM.
Por ese motivo, las autoridades de Migraciones presentaron una denuncia penal contra los exfuncionarios del macrismo el 22 de octubre del año pasado, que se tramita en el juzgado nacional en lo criminal N° 2. Hasta ayer la administración de Fernández no había informado sobre esa presentación judicial.
Además, el Gobierno detectó irregularidades en el otorgamiento de claves que permitían acceder a los datos migratorios de los ciudadanos. “De las 29.344 claves, más de 20.400 fueron otorgadas injustificadamente a la Policía de la Ciudad. Si consideramos que al momento de otorgar las claves dicha fuerza de la Ciudad contaba con sólo 13.000 mil policías, la fuerza poseía de manera ilógica más claves que policías”, subrayó el Ejecutivo.
La DNM también denunció un presunto vínculo entre exfuncionarios de Migraciones con integrantes de la mafia china.
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