Milagro Sala enfrenta una decena de causas y algunas ya tienen sentencia

El kirchnerismo avanzó esta semana con la presentación de un proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy, con el objetivo de aliviar la situación procesal de Milagro Sala. Pero la dirigente jujeña tiene una decena de causas abiertas por diferentes delitos. Algunas ya cuentan con sentencia y otras están todavía en plena investigación.

Sala fue investigada por conformar asociaciones ilícitas, por desfalcos multimillonarios y por encubrir asesinatos, pero también por realizar acampes ilegales y por organizar agresiones contra dirigentes que en ese momento eran opositores. Fue sentenciada en varias causas, aunque todavía no cuenta con condena firma en su contra.

El último revés judicial se conoció hace pocos días, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy ratificó una condena a 13 años de prisión por el caso conocido como "pibes villeros", en el que está acusada de ser jefa de una asociación ilícita que desvió fondos estatales por más de $60 millones entre 2011 y 205. El dinero fue recibido a través de cooperativas para la construcción de viviendas sociales, que finalmente nunca se hicieron.

El fallo se adelantó a una posible visita de Alberto Fernández a la provincia. El Presidente ya se había manifestado a favor de la dirigente social, como también lo habían hecho otros referentes judiciales del kirchnerismo, como el exministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.

"Nosotros tenemos un caso, el de una dirigente social, Milagro Sala, que apenas comenzó el gobierno de (Mauricio) Macri el gobierno de Jujuy la detuvo. Milagro durante años me trató muy mal, francamente, tuvimos muchas diferencias políticas, pero no merece estar detenida", sostuvo Alberto Fernández cuando era candidato del Frente de Todos.

Fernández también designó a la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Género y Diversidad.

La intención del kirchnerismo de que Sala sea liberada se oficializó esta semana, cuando el senador jujeño Guillermo Snopek presentó un proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial de Jujuy durante un año. Snopek está enfrentado políticamente con el gobernador Gerardo Morales, que, además, está casado con su hermana.

Intervención

El texto del proyecto presentado en el Senado de la Nación da cuenta de una intervención "a fin de garantizar la forma republicana de gobierno y evitar incurrir en responsabilidad internacional del Estado argentino", en referencia a las críticas que impuso la defensa de Sala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El apoyo del Gobierno terminó por cristalizarse esta semana, cuando el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, visitó a Sala en su prisión domiciliaria para saludarla por su cumpleaños.

Del otro lado, el gobernador Morales sostuvo después de conocerse el proyecto de intervención del Poder Judicial que Sala "no es una presa política". Y agregó: "Está detenida por los delitos que cometió".

Sala fue detenida en enero de 2016. Días después de que Morales asumiera como gobernador, la dirigente social organizó un acampe durante un mes en la Plaza Belgrano, en el centro de la capital provincial, que terminó con su detención. Desde ese momento permanece detenida, aunque desde agosto de 2018 fue beneficiada con el arresto domiciliario, que cumple en su casa de la localidad de El Carmen.

Ese mismo año, el gobierno de Morales la denunció por fraude a la administración pública por $29 millones provenientes del Estado. Meses después, la Justicia también comenzó a investigarla por el supuesto encubrimiento de un homicidio ocurrido en 2007. La primera condena llegó también en 2016, cuando la Justicia le dictó una pena de tres años de prisión en suspenso por haberle arrojado huevos al entonces senador opositor Morales durante una protesta en la provincia.

Durante estos años, Sala también tuvo buenas noticias en los tribunales jujeños. La dirigente social fue sobreseída por falta de pruebas en 2017 en una investigación por "inducción a cometer el delito de amenazas agravadas". En 2018, además, Sala fue absuelta en la causa conocida como la balacera de Azopardo, en la que estaba acusada de contratar sicarios para matar a un hombre.