Milei rearma la Cámara Federal: un tribunal con causas sensibles que afectan a este Gobierno y a anteriores

Con la aprobación hoy de sus pliegos en el Senado, los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi quedaron a un paso administrativo de convertirse en titulares de la Sala I de la Cámara Federal porteña, un tribunal estratégico que regula el paso al juicio oral de los expedientes radicados en Comodoro Py y con enorme incidencia en el desarrollo de todas las causas de corrupción.

Bertuzzi ya desplegaba allí su actividad como juez desde 2018, cuando fue trasladado durante el gobierno de Mauricio Macri, pero ahora obtuvo el acuerdo del Senado para ocupar de manera definitiva el cargo al que había llegado por traslado. Yadarola, en cambio, desembarca desde el fuero penal económico.

La sala tiene asignadas causas de enorme peso político, algunas de las cuales afectan al actual Gobierno y otras, a administraciones anteriores. En los escritorios que serán de Yadarola y Bertuzzi, además, ya aguardan incidentes sensibles que reclaman resolución, como el que definirá qué querellantes podrán permanecer en la causa $LIBRA.

Esta última probablemente sea la investigación que más preocupa al Gobierno. Varios elementos en el expediente -como llamadas- vinculan directamente al presidente Javier Milei y a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con los protagonistas de una trama opaca, que terminó bajo sospecha de estafa.

Pero detrás de $LIBRA se apilan otras causas con peso propio. Una atañe al actual ministro de Economía, Luis Caputo, por hechos ocurridos durante su gestión en el Gobierno de Cambiemos, en la que lideró áreas claves de la economía y las finanzas. Allí se lo investiga por presuntas negociaciones incompatibles, a raíz del cobro de cerca de 19.000 dólares en concepto de asesoramiento mientras se desempeñaba como secretario de Finanzas, al inicio del gobierno.

El fiscal que instruye la causa, Carlos Rívolo, pidió su indagatoria, pero el juez Julián Ercolini lo sobreseyó, y la Sala debe decidir si confirma ese sobreseimiento o si ordena reabrir la investigación. Está lista para ser resuelta desde febrero, en una sala que suele decidir con agilidad.

Un caso mucho más delicado, que también involucra al ministro Caputo y también registra criterios contrapuestos entre juzgado y fiscalía, es la investigación por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Macri.

En febrero de este año, la jueza María Eugenia Capuchetti archivó la causa, pero el fiscal Franco Picardi apeló la decisión y su criterio fue respaldado por el fiscal de la Cámara, José Luis Agüero Iturbe. Ahora, la Sala debe resolver si confirma el cierre del expediente o dispone su reapertura.

Los ejes son dos: si la toma de deuda debió haber pasado o no por el Congreso -no lo hizo- y qué destino tuvo el dinero, un total de 44.000 millones de dólares.

Además de Caputo, son investigados en este expresidente Macri y el resto de su equipo económico: Nicolás Dujovne, exministro de Hacienda; Federico Sturzenegger, entonces presidente del Banco Central y actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado; y Guido Sandleris, quien sucedió a Caputo al frente de la autoridad monetaria.

Otro caso que tramita en la sala es el del presunto vaciamiento de YPF y el ingreso de la familia Eskenazi a la empresa, una de las investigaciones por corrupción más longevas de Comodoro Py: tramita, desde hace 20 años, en el juzgado de Ariel Lijo.

El Grupo Petersen ingresó a la compañía gracias a un préstamo millonario facilitado por un consorcio de bancos, pagado con dividendos de la propia compañía. Entre las hipótesis que rodean al expediente figura la posibilidad de que los prestamistas europeos hayan tenido como respaldo los fondos millonarios que Néstor Kirchner sacó de Santa Cruz cuando gobernaba la provincia.

El tribunal también interviene en un expediente ligado al caso de los Cuadernos de las Coimas, mediante el cual varios de los empresarios cuestionan la valía de los minuciosos registros de Oscar Centeno en sus cuadernos y buscan erosionar el tramo principal, en etapa de juicio oral.

También está radicada en este tribunal la causa que investiga irregularidades en la adquisición de vacunas contra el Covid durante la pandemia y muchas otras más: la Cámara Federal es una parada ineludible en el camino de las causas de corrupción. Históricamente, los expedientes más sensibles para el poder se encarrilan o desbarrancan aquí, en su camino rumbo al juicio oral.

Al cúmulo de casos que ya tramitan en la Sala I podrían sumarse otros que están dando sus primeros pasos en la instrucción y aún no tienen asignada una sala de la Cámara. Es el caso de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que sigue al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, y lleva el fiscal Gerardo Pollicita.

La defensa de Adorni no recurrió decisiones del juez Lijo y el caso todavía no tuvo incidencias en la Cámara. Si el juez Lijo decidiera eventualmente procesarlo -Adorni no fue indagado aún- y la defensa cuestionara esa resolución, se sortearía automaticamente una sala.

Yadarola, Bertuzzi y el tercer juez, Mariano Llorens (el último que había llegado al tribunal por concurso, en 2018) deberán tomar una decisión clave en $LIBRA, que podría incluso tener repercusión en la marcha de otros expedientes.

En sus despachos, los jueces tienen los recursos presentados por dos grupos de querellas que piden permanecer dentro del caso como acusadores privados. Una de ellas es representada por el dirigente social y abogado Juan Grabois.

Aseguran ser víctimas de una presunta estafa pergeñada desde el Poder Ejecutivo y solicitaron que se cite a indagatoria al presidente Milei, a su hermana Karina y al resto de los imputados.

La decisión que tome la Sala I será clave en la vida de la causa porque reforzará o debilitará la acusación. Pero también será una señal que el tribunal emita hacia afuera. Es decir, hacia el interior de Comodoro Py.

Por Federico González del Solar

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