Monopolio de Moreno

Gerardo Milman
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18 de enero de 2012  

Con prisa y sin pausa, el Gobierno ha dado un nuevo paso para la puesta en práctica de la denominada "ley de Papel Prensa", que, lejos de facilitar el acceso al papel para la producción de diarios en igualdad de condiciones para todos, pretende ser la estocada final contra los diarios Clarín y La Nacion.

En efecto, la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 9/2012 del Ministerio de Economía de la Nación, transforma un supuesto monopolio privado en el monopolio del "secretario de la arbitrariedad", Guillermo Moreno.

Es realmente una pena que el Gobierno no haya tenido la misma premura para reglamentar la ley de la muerte digna o la de glaciares, o para enviar a sesiones extraordinarias la ley del 82% móvil; sin embargo, aquí han primado el encono y la manía persecutoria para otorgarle a un funcionario nefasto el poder de regular la fabricación y venta de papel para diarios.

Guillermo Moreno es el mismo funcionario que suele presionar con desparpajo a empresarios, que regula importaciones y exportaciones a su antojo, que en su momento descabezó públicamente al ministro de Economía Martín Lousteau, que ingresó en una reunión del directorio de Papel Prensa calzando guantes de box para impedir una votación y que destruyó el Indec para hacerles creer a los argentinos que los precios se mantienen prácticamente congelados y que la inflación, así como la inseguridad, es pura ficción.

¿Qué puede esperarse de una resolución de 15 artículos de tinte policíaco donde se advierte mucho más énfasis persecutorio que propiciador no sólo para el comercio del papel de diarios, sino para el propio futuro de la libertad de prensa?

La norma mencionada establece que el funcionario tendrá a cargo el Registro Nacional de Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores de Pasta Celulosa y Papel para Diarios, que "quedará habilitado para el dictado y la ejecución de todos los actos tendientes a su instrumentación, funcionamiento, supervisión y control".

Resulta evidente que Moreno se ha convertido en el "señor monopolio" y que todas las expectativas negativas que teníamos con respecto a la sanción de esta ley se consumarán.

Asistimos a la creación no sólo de un monopolio estatal, sino a la de uno de carácter personal al estilo Terminator. Y esto es así porque nadie desconoce el objetivo político de ir impidiendo que se escriba la historia en plural para que sólo exista la historia oficial.

El Gobierno necesita adversarios reales o imaginarios para profundizar su epopeya supuestamente refundacional del país. Los amigos de ayer pueden pasar en cualquier momento a ser enemigos actuales. Bajo estas reglas sólo quienes obedecen, y ni siquiera los obsecuentes, pueden estar seguros de estar a salvo. Ya no se trata de la existencia de adversarios que piensan diferente, sino de enemigos por extirpar sin importar la rigurosidad del diagnóstico. Esa es la principal diferencia entre una concepción democrática y una autoritaria; entre una democracia pluralista y una democracia encarcelada.

La historia la escribimos entre todos sin tutelajes. Por eso, esta norma que ha dictado el Ministerio de Economía se asemeja más a un decreto de un ministerio de la información como los que muchas veces hemos visto en películas de ficción que al de una directiva democrática.

Pero lo que demuestra en términos fácticos el atropello de la resolución de marras es que ésta autoriza al "secretario de la arbitrariedad" a actuar aun antes de que se creen las comisiones que la ley prevé para democratizar la fabricación producción, comercialización y distribución de la pasta de celulosa.

Para los argentinos sería bueno recordar que Guillermo Moreno nada tiene que ver con Mariano Moreno. Mariano fue el autor del primer diario argentino, La Gaceta, donde se expresaban las ideas libertarias de la Revolución de Mayo. Guillermo será recordado por los libros de historia como el primer censurador de la democracia que, con enorme esfuerzo popular, venimos sosteniendo desde 1983.

El autor es vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados

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