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Movimientos en la causa del fentanilo: la política se metió en las defensas y los dueños del laboratorio dejaron de colaborar
Se involucraron un estudio de abogados del actual ministro de Justicia bonaerense, que tiene en sus filas a una exministra kirchnerista, y la firma del letrado del presidente Javier Milei
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LA NACIONCamila Dolabjian
La causa por el fentanilo contaminado, que ya acumula más de 160 víctimas según las últimas actuaciones judiciales, sumó un giro inesperado. En las últimas dos semanas, el mapa de abogados de los principales procesados dio un vuelco: se rompió el bloque de defensa a cargo de Gastón Marano (quien representó a “Los Copitos” en la causa por el atentado contra Cristina Kirchner) y ahora intervienen, simultáneamente, abogados vinculados al kirchnerismo, al entorno del presidente Javier Milei, a una exministra nacional y al actual ministro de Justicia bonaerense.
El movimiento más reciente fue la incorporación de Roberto Rallin, quien representó a Milei en 2023 y es socio de Francisco Oneto, abogado personal del Presidente. Asumió la defensa de Javier Tchukrán, director de manufactura de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, donde se produjo el fentanilo contaminado que desató la tragedia sanitaria. Rallin y Oneto comparten estudio y también representaron al empresario Federico “Fred” Machado, acusado de lavado de dinero en Estados Unidos.
En paralelo, el hermano del principal acusado, Diego García Furfaro, comenzó a ser representado por Marcos Aldazábal y Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad durante el gobierno de Alberto Fernández. Aldazábal es, paradójicamente, el representante de Fernández de Kirchner en la causa por el intento de asesinato en 2022.
Lo curioso es que ambos letrados son socios del estudio que porta su apellido y el de Juan Martín Mena, ministro de Justicia bonaerense. "Dr. Juan Martín Mena se encuentra de licencia en el estudio jurídico por el ejercicio de la función pública“, destaca la página web.
El abogado Gastón Marano, quien hasta hace poco representaba a toda la familia García Furfaro, seguirá exclusivamente al frente de la defensa de Ariel García Furfaro, el más involucrado en la gestión de los laboratorios y principal imputado por la adulteración de sustancias medicinales que derivó en decenas de muertes. La madre de los empresarios, Nilda Furfaro, sumó a su vez una nueva abogada para su defensa, en un intento por recomponer una estrategia que en los hechos parecía haberse desmoronado con las declaraciones frente al juez.
Hasta ahora, la investigación determinó que los lotes de fentanilo contaminados (31202 y 31244) fueron elaborados en condiciones irregulares en las plantas de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group, con violaciones graves a las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).
Los peritajes del Cuerpo Médico Forense confirmaron la presencia de bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, que actuaron como factor desencadenante en el cuadro clínico de las víctimas. La ANMAT había emitido alertas tempranas que, según el juez, fueron “sistemáticamente incumplidas” por la empresa, que incluso falsificó registros de lote y demoró el retiro de las ampollas del mercado.
La causa avanza tuvo una nueva etapa de allanamientos y peritajes complementarios, mientras la Cámara Federal de La Plata debe resolver las apelaciones de las defensas y, en particular, el dictado de falta de mérito al tercer hermano García, Damián. El viraje jurídico y político en los equipos que representan a los acusados marca un cambio de escenario gestado en medio de la campaña electoral.
La investigación se concentra en el relevamiento de historias clínicas y testimonios de personal de la Anmat. Si bien no fueron citados a declaración indagatoria, son varios los funcionarios del organismo a los que se les incautaron dispositivos y sobre los que recayeron allanamientos.
Dos de las más complicadas fueron Agustina Bisio, titular de Anmat y cercana a Mario Lugones, ministro de Salud, y Gabriela Mantecón Fumadó, quien estuvo a cargo del INAME (Instituto Nacional de Medicamentos), que fue desplazada del cargo. La Justicia busca ahora determinar si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público en su caso y en el de otros.
Por Camila Dolabjian
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