“No conozco a Palantir”: el Gobierno defendió el “Súper RIGI” y negó que sea un traje a medida para empresas tecnológicas

El Gobierno defendió este miércoles en Diputados el proyecto conocido como “Súper RIGI” y rechazó las sospechas de la oposición sobre un eventual traje a medida para gigantes tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial.

“Me hizo referencia a un tal señor Palantir. No lo conozco, no conozco a nadie. No hay absolutamente ningún lobby que tenga que ver con esto”, afirmó Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

La referencia apuntó a las especulaciones que vinculan la iniciativa con grandes empresas tecnológicas y, en particular, con Peter Thiel, cofundador de Palantir, quien mantuvo reuniones con Javier Milei y funcionarios de su gabinete económico antes de la presentación del proyecto. González rechazó esas versiones y sostuvo que el Gobierno ni siquiera sabe cuáles serán los primeros emprendimientos que podrían acogerse al régimen. “No me imagino que este sea un régimen que tenga un impacto en el corto plazo”, afirmó.

El plenario fue conducido por el libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto. Además de González, expuso Pablo Lavigne, secretario de Coordinación Productiva.

El Gobierno presenta al “Súper RIGI” como una evolución del régimen aprobado con la Ley Bases. Según explicó González, el esquema vigente fue “sumamente exitoso” para movilizar inversiones en recursos naturales e infraestructura, pero vence en julio de 2027 y no debería extenderse porque fue concebido como una herramienta excepcional.

La apuesta ahora es distinta. El oficialismo busca atraer proyectos industriales de gran escala que hoy no existen en la Argentina y que agreguen valor a los recursos naturales desarrollados bajo el RIGI. “El Súper RIGI va a proyectos que no existen, la mayoría de los cuales ni siquiera conocemos”, sostuvo González. Por eso, el régimen tendrá una ventana de adhesión más extensa -cinco años, prorrogable por uno más- y excluirá expresamente proyectos extractivos y de infraestructura.

Para justificar el cambio, el funcionario exhibió los resultados del RIGI. Según afirmó, ya se presentaron 39 proyectos por US$138.000 millones, con potencial para generar 179.000 empleos y exportaciones por US$41.000 millones anuales. “En conjunto, duplican las exportaciones de la Argentina”, aseguró. Destacó especialmente el impulso a sectores como el litio, el cobre y Vaca Muerta, donde, según el Gobierno, el régimen permitió acelerar inversiones que llevaban años demoradas.

Como ejemplo mencionó el proyecto cuprífero El Pachón, en San Juan, descubierto hace más de seis décadas y con estudios de factibilidad terminados hace casi treinta años, pero cuya decisión final de inversión recién se tomó bajo el paraguas del RIGI.

Sobre esa base, el oficialismo sostiene que llegó el momento de pasar de la extracción de recursos a su industrialización. El objetivo declarado es que la Argentina compita por inversiones vinculadas a las denominadas “industrias del futuro”, capaces de generar mayor valor agregado y empleo.

González aseguró además que el nuevo esquema ofrecerá incentivos más amplios que el RIGI. Entre ellos, una alícuota del 15% en el impuesto a las ganancias -contra el 25% previsto en el régimen actual-, exenciones desde el inicio de los proyectos, eliminación de derechos de exportación y estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años, un beneficio que definió como “el más valorado” por las empresas. También prevé compromisos para que provincias y municipios mantengan Ingresos Brutos por debajo del 0,5% y eliminen impuestos de sellos y otros tributos locales.

“Si hay algo que genera empleo es crear nuevas industrias”, respondió González ante las críticas opositoras sobre el impacto laboral de proyectos como los centros de datos. El funcionario sostuvo que gran parte de la energía consumida por esas inversiones se produce en el país y que una porción significativa del valor generado permanece en la economía argentina.

Las explicaciones no convencieron a la oposición. Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) cuestionó que el proyecto amplíe beneficios fiscales y alivios sobre aportes a la seguridad social mientras, según sostuvo, el Gobierno ajusta sobre jubilados y pensionados. También advirtió que el régimen carece de exigencias para las empresas beneficiadas. Como contraste, mencionó programas de promoción industrial de Brasil que incorporan compromisos de inversión en investigación y desarrollo, metas vinculadas al uso de energías renovables y requisitos de contenido local.

Martín Lousteau (Provincias Unidas) objetó que el “Súper RIGI” concentre beneficios extraordinarios en un puñado de grandes proyectos mientras otros sectores de la economía enfrentan trabas o un incentivo mucho menor. Advirtió que actividades intensivas en empleo continúan lidiando con problemas como demoras en la devolución del IVA a exportadores o dificultades para computar quebrantos, sin acceder a regímenes similares. También preguntó si el Gobierno no está, en los hechos, “eligiendo ganadores” mediante ventajas tributarias especiales.

En la misma línea, Itai Hagman (Unión por la Patria) cuestionó la ausencia de estimaciones oficiales sobre el costo fiscal del régimen y advirtió que podría beneficiar a empresas que ya invertirían en el país aun sin estos incentivos. También alertó sobre la discrecionalidad del esquema al considerar que los criterios para seleccionar proyectos son demasiado amplios y quedan sujetos a la reglamentación del Poder Ejecutivo.

El proyecto contempla una alícuota reducida del 15% en Ganancias, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y libre disponibilidad progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.

Además, habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales como el Ciadi, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje en caso de controversias con el Estado argentino. El texto establece incluso que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” bajo tratados internacionales, lo que podría abrir la puerta a reclamos internacionales frente a eventuales cambios regulatorios futuros.

Por Delfina Celichini

• Cámara de Diputados

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