Nueva denuncia penal contra el juez que intentó frenar las designaciones del Congreso en la Magistratura
Dos diputados de la Coalición Cívica hicieron una presentación contra Alonso por sedición, abuso de autoridad y prevaricato; ya habían cuestionado al magistrado la Corte Suprema y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
LA NACION
Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Mariana Stilman y Juan Manuel López denunciaron al juez federal de Paraná Daniel Alonso por los delitos de sedición, abuso de autoridad y prevaricato, a raíz del fallo con el que pretendió suspender las designaciones de los representantes legislativos en el Consejo de la Magistratura -luego anulado por la Corte Suprema-, a partir de un planteo del diputado peronista Marcelo Casaretto (Entre Ríos).
En la denuncia se indica que Alonso “podía compartir o no lo resuelto por la Corte Suprema [por el fallo del máximo tribunal que declaró inconstitucional la conformación del Consejo y pidió volver a la conformación de 20 miembros], pero en ningún caso podía interferir, incumplir y/o desobedecer un fallo firme”.
Los diputados denunciantes vincularon la decisión de Alonso con las motivaciones del Frente de Todos y con las aspiraciones del juez de ascender a camarista. “Resulta más verosímil pensar que, en verdad, la resolución del juez Alonso esconde oscuras intenciones vinculadas a satisfacer las necesidades y deseos de determinado espacio político, puntualmente, del Frente de Todos”, señalaron en López y Stilman. “Dicha teoría encuentra aún más sustento si tenemos en cuenta que el juez Alonso se encuentra a la espera de que el Senado de la Nación apruebe su pliego para ser designado vocal de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario”, completaron.
“Resulta evidente que el denunciado simuló obedecer la ley para brindar apariencia de legalidad, cuando en realidad ejerció su poder y facultades con una finalidad ajena: impedir la ejecución de una resolución firme dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, resaltaron los legisladores del partido de Elisa Carrió.
El delito de sedición prevé penas de prisión de uno a cuatro años; el abuso de autoridad se castiga con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble de tiempo; y por prevaricato, según el artículo 269 del Código Penal de la Nación, se establece que “sufrirá multas de tres mil pesos a setenta y cinco mil pesos e inhabilitación absoluta perpetua al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley”.
El juez a cargo de la denuncia de López y Stilman es Sebastián Ramos, titular del Juzgado Federal N°2, y el fiscal que interviene es Franco Picardi.
El juez Alonso acumula denuncias en el Consejo de la Magistratura. Además de la que formuló la propia Corte Suprema cuando anuló su fallo y lo acusó por mal desempeño, este miércoles el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (Cacba) hizo otra presentación, dirigida al ahora presidente del Consejo, el titular de la Corte, Horacio Rosatti.
El presidente de la asociación de abogados, Alberto Garay, pidió que Alonso sea suspendido y sometido a enjuiciamiento y destitución “por haber incurrido, claramente, en la causal de mal desempeño”. La presentación enumeró siete causas de remoción y adjuntó como prueba una copia de la asamblea de designación de autoridades del Cacba, una copia de su estatuto, una copia de la sentencia precautelar del juzgado federal de Paraná, y una copia de la sentencia dictada por la Corte Suprema.
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