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Octubre de 1996 fue un mes tan clave como trágico
Coincidencias: hace dos años murieron dos testigos importantes en la causa de las armas; la reforma de una ley favoreció al Ejército.
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El nombre de un oficial se tachó a último momento en la lista de pasajeros del helicóptero Puma 330 del Ejército. Amén de eso, alguien anotó: "General Juan Carlos Andreoli". Y selló la suerte de este militar, ex director de Arsenales de la fuerza e interventor en Fabricaciones Militares (FM).
Era el 8 de octubre de 1996, uno de los meses más intensos en la investigación por el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador. El día anterior, el juez federal Jorge Urso confirmó que citaría a declarar como testigo al jefe del Ejército, general Martín Balza, y al subjefe, general Raúl Gómez Sabaini.
El 8, dos helicópteros de la fuerza transportaron a oficiales argentinos y peruanos con sus esposas, pero uno se estrelló en el Campo Argentino de Polo, en Palermo, y ocasionó la muerte de diez personas. Entre ellas, dos importantes testigos del caso de las armas: Andreoli y el coronel Rodolfo Aguilar, ex agregado militar en Lima y jefe de la Central Reunión de Inteligencia Militar (CRIM), ex Batallón de Inteligencia 601.
En la Dirección de Arsenales, Andreoli estuvo a cargo de todas las armas y municiones del Ejército. Luego, sucedió a Luis Sarlenga al frente de FM cuando el hombre de confianza de Erman González tuvo que renunciar para ser procesado.
Pero Andreoli ocupó también otro puesto clave mientras retenía la titularidad de FM: interventor en la planta que esa empresa tenía en la localidad cordobesa de Río Tercero. Andreoli fue enviado allí por el entonces ministro de Defensa, Oscar Camilión, veinte días después de que la planta estallara el 3 de noviembre de 1995 con un saldo de once muertos.
Hoy, la Justicia investiga si el estallido de la fábrica obedeció a un atentado. En sus instalaciones se maquillaban los cañones y obuses del Ejército que se enviaban a Croacia, y allí también se armaron algunos clones de esas piezas con la misma numeración para disimular el faltante en los cuarteles de artillería, según testimoniaron ex operarios.
La Justicia también investiga si el helicóptero de Andreoli cayó por un atentado, por un accidente o por negligencia en el mantenimiento.
El juez Urso debió reabrir la investigación sobre el helicóptero a instancias de la Sala II de la Cámara Federal. Una fuente judicial refirió a La Nación el dato de que a último momento se dispuso el cambio de helicóptero para Andreoli. Entre quienes declararon como testigos figura el subjefe del Ejército, general Aníbal Ulises Laíño.
Aguilar
Como agregado militar en Lima, en febrero de 1995 el coronel Aguilar supo por los servicios de inteligencia de Perú que en Buenos Aires se embarcaría armamento hacia Ecuador. Ese país estaba en guerra con Perú por un tramo de la Cordillera del Cóndor, y la Argentina era garante de un tratado de paz entre ambas naciones.
El 12 de febrero Aguilar ya estaba al tanto de los posibles embarques. Los envíos comenzaron en Ezeiza cinco días después. En tres vuelos se transportaron 5000 fusiles FAL obsoletos y 75 toneladas de munición vencida a Ecuador. Fue un contrabando, una violación al embargo internacional de venta de armas.
Un documento del entonces embajador argentino en Lima, Arturo Ossorio Arana, y los comunicados emitidos anteayer por la Cancillería y el Ejército, confirmaron que Aguilar transmitió la novedad a sus mandos en Buenos Aires.
Aguilar era oficial de Inteligencia. Además, todo agregado militar actúa como tal. Lo primero que hizo Aguilar, según una fuente castrense de máximo nivel, fue avisar a su jefe nato, el general Jorge Pedro Miná, titular de Inteligencia de Ejército.
Dos fuentes militares expresaron que Aguilar también reportaba a la Secretaría General de la fuerza.
Olvido legislativo
El Ejército ha expresado que Aguilar avisó a sus mandos, pero que la ley de defensa le impide a la fuerza efectuar inteligencia interior.
Sin embargo, está probado en la causa por la muerte del soldado Omar Carrasco, ocurrida en Zapala en marzo de 1994, que Inteligencia realizó una intensa actividad que afectó la investigación judicial. El testimonio de un importante oficial confirmó en aquella causa el papel desempeñado por Miná, al aclarar que este oficial no actuó por voluntad propia sino por órdenes de Balza.
Ayer, el general Eduardo Cabanillas, jefe del Cuerpo II, de Rosario, que en las últimos días actúa como vocero, negó cualquier vinculación del Ejército con el caso de las armas y expresó que "hay que ser muy maléfico para pensar que se ordenó bajar el helicóptero para borrar pruebas".
Al día siguiente de la caída, según informaciones periodísticas, el subjefe, general Gómez Sabaini, habría pedido el retiro. Una semana después, Urso lo citó a él y a Balza a declarar por los envíos de armas el 24 y el 25 de octubre, respectivamente.
Un día antes del testimonio de Balza, el Congreso aprobó una modificación a la ley 24.721 que, por un curioso olvido, perdió el inciso 4º y, en consecuencia, despenalizó de hecho y sin discusiones la tenencia de armas con la numeración adulterada. Como informó La Nación en forma exclusiva el 21 de diciembre del año último, merced a ese olvido de los legisladores la existencia de cañones mellizos ya no era un delito.
El mes de octubre de 1996 tiene sus incógnitas. Quizá se vinculen con el hecho probado de que al Ejército le faltan por lo menos seis cañones Citer de 155 milímetros y seis obuses Otto Melara de 105.
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