Odebrecht admitió millonarias coimas por el Sarmiento

La constructora brasileña Odebrecht admitió que pagó coimas por, al menos, US$ 3,3 millones al entorno directo del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, con el fin de ganar el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento, aunque la cifra total en la Argentina podría incluso trepar a los US$ 20 millones.

Según surge de nuevos documentos secretos con delaciones de la investigación Lava Jato, a los que accedió LA NACION, la empresa detalló que coimeó por etapas y que el ejecutivo más relevante de Iecsa y el lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez actuaron como intermediarios, .

La primera etapa de los "pagos indebidos" se desarrolló mientras Odebrecht no lideraba el consorcio. Desde Brasil, ex ejecutivos de la constructora le adjudicaron a Iecsa, la empresa que pertenecía a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, la negociación de esos sobornos con el equipo de De Vido.

La segunda etapa fue distinta. Con Odebrecht al frente del consorcio, los arrepentidos le adjudicaron a Rodríguez la mediación con los funcionarios para aceitar los retornos. Es decir, el mismo rol que le atribuyeron en los proyectos para la extensión de las redes troncales de gas y la construcción de la planta de Paraná de las Palmas (AySA).

Los datos que aportaron los delatores cifran las coimas del Sarmiento en US$ 3,3 millones. Pero el monto podría rondar los US$ 20 millones repartidos entre funcionarios argentinos y otros US$ 5 millones en Brasil.

Los montos de las coimas surgen de los nuevos documentos que analizó LA NACION como parte de la investigación periodística regional liderada por el equipo peruano de IDL Reporteros.

Esa operatoria delictual comenzó a salir a la luz en Brasil, donde ejecutivos de Odebrecht se acogieron a la delación premiada, declararon ante los investigadores y aportaron evidencias con la esperanza de que el juez Sérgio Moro les reduzca su estancia en prisión. Entre ellos, Marcelo Odebrecht, el ex número uno de la compañía, y Luiz Antonio Mameri, su ex número dos para América latina.

Mameri declaró que durante la primera etapa del proyecto, el lugarteniente de Calcaterra en Iecsa, Javier Sánchez Caballero, les comunicó a los ejecutivos de Odebrecht en Buenos Aires cuáles eran las pautas para participar del proyecto. Y según Mameri, les informó que habían acordado con funcionarios de Planificación Federal que ganarían la licitación y que por eso deberían afrontar "pagos indebidos" a medida que comenzaran a cobrar las obras.

Aceptadas esas "reglas de juego", como las calificó, Mameri admitió que autorizó "pagos indebidos" por US$ 2,9 millones entre enero de 2011 y enero de 2014, es decir, tras el inicio formal de la ejecución de las obras en 2010 y a medida que el consorcio debía cobrar sus primeros certificados.

Consultado por LA NACION, Sánchez Caballero rechazó la confesión de Mameri. "No lo conozco a ese señor", replicó, para luego negar de manera enfática cualquier rol delictual. "Yo fui completamente ajeno a cualquier tipo de acción vinculada a eso", remarcó.

Las otras empresas que integran el consorcio -Iecsa (30%), Ghella (30%) y Comsa (10%)- también negaron cualquier conocimiento o participación en las coimas y descargaron toda la responsabilidad en Odebrecht, ante la consulta de LA NACION. Los brasileños, sostuvieron, se movían sin siquiera comunicarles sus planes o decisiones. "Eso generó discusiones durísimas, porque nos trataban más como empleados que como socios, para bien y para mal", indicó un ex alto ejecutivo de una de las consorcistas.

LA NACION también consultó a la oficina de Odebrecht en Buenos Aires. "La constructora Norberto Odebrecht ratifica su firme voluntad, transmitida a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial referidas a su ofrecimiento para colaborar de forma amplia y eficaz con las investigaciones. La empresa reafirma su posición en colaborar con la justicia y espera reconquistar la confianza de la sociedad con una actuación empresarial íntegra, ética y transparente", fue la respuesta.

Mameri no fue, por su parte, la única columna probatoria que complica en el Lava Jato al consorcio y, en particular, a Iecsa, la constructora que Calcaterra vendió este año al empresario Marcelo Mindlin, ni tampoco el único delator que admitió el pago de sobornos por ese proyecto.

La Policía Federal brasileña recuperó mails de junio de 2010 en los que dos alfiles de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht -el área de la compañía creada para el pago de sobornos y aportes ilegales de campaña-, Mauricio Couri Ribeiro y Fernando Migliaccio, aludieron a una reunión con Sánchez Caballero para discutir "DGI", el eufemismo que utilizaban para referirse al pago de coimas, según confirmó Marcelo Odebrecht a la justicia de su país.

Los sabuesos de la policía brasileña también detectaron cinco mensajes adicionales relacionados con las obras del Sarmiento, en los que siempre aparecieron las siglas DGI. Así, en un mail que tituló "Reunión Sarmiento", Couri Ribeiro anotó tres cifras por un total de US$ 20 millones.

A partir de 2013, sin embargo, comenzó otra etapa en el proyecto del soterramiento. Odebrecht expandió del 30 al 50% su participación en el consorcio, y asumió el liderazgo exclusivo en la dirección y ejecución de las obras tras obtener el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo (Bndes) brasileño. Y para eso también coimeó a funcionarios de su país. Según confesó otro ex ejecutivo de Odebrecht João Carlos Mariz Nogueira -también delator premiado-, Odebrecht le pagó 15 millones de reales (US$ 5 millones al tipo de cambio actual) al entonces ministro de Desenvolvimiento, Industria y Comercio Exterior brasileño Fernando Pimentel. Lo sobornaron, dijo, para que destrabara el crédito del Bndes para el Sarmiento. Pero como ocurrió en los proyectos para la extensión de las redes troncales de gas y por la planta de Paraná de las Palmas, la muerte del ex presidente Néstor Kirchner a fines de 2010 trastocó los acuerdos con Planificación Federal, que comenzó a atrasarse en los pagos.

Fue entonces que, también al igual que en los proyectos para la expansión de las redes troncales de gas y de AySA, los delatores de Odebrecht afirmaron que apareció el "Corcho" Rodríguez. Y que se presentó ante el director de Infraestructura de la compañía en la Argentina, Rodney Rodrigues de Carvalho, como "interlocutor" de Roberto Baratta, el funcionario de máxima confianza de De Vido. Consultado por LA NACION, el "Corcho" Rodríguez negó ese rol. "Rodney es mi amigo. Pero juro por mi hija que nunca le pedí a ningún ejecutivo de Odebrecht dinero para coimear a funcionarios, como así también juro que ni De Vido, ni Baratta, ni ningún otro funcionario me pidió jamás una coima", afirmó.

En Brasil, Mameri dio otra versión ante los investigadores: "Rodney Rodrigues, mi subordinado, fue abordado por un empresario local llamado Jorge Rodríguez, quien se decía interlocutor del señor Roberto Baratta", relató el ex vicepresidente para América latina de Odebrecht, que calificó al ladero de De Vido como "el responsable de definir las prioridades de pago de las obras realizadas por el Gobierno".

Según Mameri, el "Corcho" Rodríguez le explicó a su equipo en Buenos Aires que debía pagar "una contrapartida" por cada factura pendiente de cobro. Era, los conminó, la única forma de que el ministerio priorizara su deuda. Así que Mameri autorizó las coimas, otra vez, y el consorcio cobró los millones. Esa segunda etapa de "pagos indebidos" también fueron a través de la División de Operaciones Estructuradas, cuyo jefe máximo, Hilberto Mascarenhas da Silva -otro delator premiado-, se encargó de los detalles. Ascendieron a US$ 180.000 entre enero de 2011 y enero de 2014, durante la gestión de Rodney Rodrigues de Carvalho, más otros US$ 290.000 durante los siguientes diez meses, cuando a Rodrigues lo reemplazó Ricardo Vieira, quien hasta ahora sigue en Buenos Aires como el número uno de la compañía.

Por Hugo Alconada Mon

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