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Ordenan medidas para investigar quién pagó el vuelo privado de Manuel Adorni a Punta del Este
La Justicia pidió el recibo del viaje, que no estaría a nombre del jefe de Gabinete; también, las imágenes de las cámaras del aeropuerto y toda la información sobre los trámites de Aduana y Migraciones; la Policía ya se presentó en San Fernando para buscar documentos y registros
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LA NACIONPaz Rodríguez Niell
La Justicia ordenó las primeras medidas de prueba en la causa que investiga el viaje, en un vuelo privado, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia a Punta del Este el fin de semana largo de carnaval.
El juez federal Ariel Lijo solicitó que la empresa con la que se contrató el vuelo aporte el recibo de esa operación, que según supo LA NACION no estaría a nombre de Adorni, y que los organismos públicos que controlan estos viajes entreguen toda la documentación que tengan vinculada con el caso, informaron fuentes judiciales, que precisaron que fueron solicitadas además los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto.
Las primeras medidas las ordenó Lijo y luego se sumaron otros pedidos promovidos por la fiscalía federal de Gerardo Pollicita.
En cuanto a las cámaras, el plan es revisar no solo las que toman la pista; también, las que debieron haber registrado todo el camino de los viajeros. Eso permitirá chequear si se cumplieron debidamente los trámites de Migraciones y Aduana.
Estas medidas se pidieron en la causa promovida contra Adorni por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. Es una de las tres causas abiertas en los tribunales de Comodoro Py, en los últimos días, contra el jefe de Gabinete.
La Policía Federal se presentó ya en el aeropuerto de San Fernando en busca de los documentos y registros solicitados, informaron fuentes del caso, que dijeron que, antes de que la fiscalía presentara su requerimiento, Lijo había tomado “medidas de caracter urgente” para “resguardar los elementos probatorios” que pudieran ser útiles para la causa.
El hecho que se investiga podría encuadrar en un posible enriquecimiento ilícito (de corroborarse que Adorni tuvo un crecimiento patrimonial apreciable que no puede justificar) o en un caso de dádivas. Pero lo primero, para los investigadores, será precisar cómo y quién pagó el vuelo.
Otra causa por enriquecimiento ilícito, promovida por la diputada Marcela Pagano, se tramita contra Adorni en paralelo, pero es probable que los expedientes terminen unificándose. La fiscalía de Pollicita pidió en su dictamen de ayer “certificar en el fuero la existencia de causas que tengan vinculación con el objeto procesal” de este expediente.
Según la denuncia, citada por la fiscalía en su dictamen, el gasto por la contratación del vuelo privado “excedería ampliamente la capacidad económica del jefe de Gabinete, ya que cuenta con una remuneración, de acuerdo a su rango, que ronda los 3,5 millones de pesos (alrededor de 2.500 dólares mensuales, siendo que el vuelo costó el equivalente a cuatro remuneraciones, gasto que realizó en dos momentos dentro de cinco días)”.
La fiscalía destaca en su presentación que, en un primer momento, Marcelo Gradio -que viajó en el vuelo de ida a Punta de Este con Adorni y familia- dijo que fue “invitado” por el jefe de Gabinete, que le pagó el viaje a él “con plata del Estado”, y que luego se desdijo y sostuvo que pagaron “a medias”.
Entre las nuevas medidas de prueba solicitadas, la fiscalía pidió que “se obtenga una desgrabación de los reportajes que dieron Adorni y Grandio desde el momento de los hechos en pos de explicar quién y cómo se abonaron los costos del viaje objeto de esta investigación”.
También, que “se requiera a la ANAC que se sirva a aportar el plan del vuelo, correspondiente al avión Honda Jet con matrícula LVHWA contratado por Alpha Centauri S.A., que partiera desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando hacia el Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce de Punta del Este, Uruguay, el día 12 de febrero del año en curso, así como el plan de vuelo y demás constancias vinculadas al vuelo de regreso de fecha 17 de febrero del corriente, junto con toda otra documentación, autorización, registro o constancia que haya tenido que presentarse”.
En cuanto a la Aduana, se le requirió “que informe si se efectuó algún control respecto del vuelo bajo análisis, así como de sus tripulantes, tanto en el tramo de ida como en el de regreso, y si alguno de ellos presentó declaraciones juradas relativas a sus efectos (dinero, objetos de valor, etc.)”.
Por último, la fiscalía pidió que “se arbitren los medios necesarios para reconstruir la trazabilidad del dinero utilizado en la empresa “Alpha Centauri S.A” para abonar los viajes en cuestión (sea por medio de registros contables, cuentas bancarias de la empresa, etc.)“.
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