Ordenan un nuevo allanamiento y se profundiza la pista del dinero en las extorsiones por los planes sociales

El juez federal Sebastián Casanello ordenó en las últimas horas un nuevo allanamiento en la causa en la que se investiga por extorsión a piqueteros y organizaciones sociales para seguir la pista del dinero, pero dispuso el secreto del sumario en el expediente para que las filtraciones no frustren esta nueva línea de investigación.

“Estamos revisando la facturación”, dijo a LA NACION una fuente relacionada con la investigación, que se excusó de dar mayores precisiones sobre el lugar del procedimiento, para que no se frustren las medidas de prueba ordenadas en torno a esta nueva línea de trabajo, Por eso el juez Casanello dispuso el secreto sobre el sumario.

A partir del allanamiento se pidieron otras informaciones para terminar de cruzar información referida a la facturación de las organizaciones sociales.

Las organizaciones sociales a la que pertenecen los dirigentes investigados son el Polo Obrero, el movimiento Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha.

Asimismo, el fiscal Gerardo Pollicita y el propio magistrado tomaron declaración a una funcionaria del Ministerio de Capital Humano que explicó el funcionamiento del plan Potenciar Trabajo. Por ejemplo, tras la declaración quedó claro que el programa no involucra el envío de mercadería, sino que solo implica el giro del dinero.

La funcionaria explicó que existe un mecanismo de rendición de cuenta de los gastos y un sistema de control con asistentes sociales que acuden a las unidades de gestión, que son las oficinas en el territorio desde el cual se gestionan los planes. Estas unidades están controladas por las organizaciones sociales, pero también en ocasiones por intendentes.

La testigo explicó que el dinero enviado tiene un destino que no se puede torcer, por lo que si efectivamente fue en parte desviado o no llegó a los beneficiarios, como parecen sugerir los chats y los testimonios recogidos en la causa, se estaría ante un posible caso de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Viviendas de los dirigentes sociales

El juez Casanello y el fiscal Pollicita allanaron 28 domicilios de dirigentes de organizaciones sociales, entre ellas el Polo Obrero, en busca de evidencias sobre extorsiones que denunciaron haber sufrido beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. Según trascendió, los presionaban para acudir a las marchas y si no lo hacían, perdían el plan o les aplicaban un castigo, lo que incluía que no pudieran acceder a los comedores comunitarios.

Algunos de los dirigentes piqueteros imputados, unos 28, se presentaron en la causa y plantearon un pedido de nulidad de toda la investigación. Es una presentación que realizó la presidenta de la Asociación Civil Polo Obrero, Elizabeth Palma, patrocinada por Liliana Alaniz y Claudia Ferrero.

Pidieron que se declare la nulidad de todo el caso y que les devuelvan los teléfonos y las planillas de asistencia y libros de “castigos” secuestrados. Argumentaron que el allanamiento se realizó sin tomar prevenciones especiales reservadas para las organizaciones y las cooperativas.

Argumentaron, además, que en el caso de un local de las asociaciones, mientras no sea una vivienda particular, “deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la investigación”.

El fiscal Pollicita presentará el lunes un dictamen, en el que se pronunciará por rechazar este pedido de nulidad, ya que es inconsistente avisar a los sospechosos antes de allanarlos, pues eso frustraría la investigación. De todos modos, tras el dictamen fiscal, es el juez Casanello el que debe resolver.

A su vez, el Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, insistió en ser aceptado como querellante en la causa. Este nuevo pedido se dio luego de que Casanello rechazara un planteo en el mismo sentido del Ministerio de Seguridad. El magistrado sostuvo que la cartera de Seguridad, como auxiliar del fiscal, ocupa en la investigación “un lugar sumamente importante, pero incompatible con el rol de litigante pretendido”. Y afirmó: “No es parte: es, por ley y diseño institucional, el brazo ejecutor de las órdenes de los jueces y fiscales”.

Ahora se presentó como querellante el ministerio a cargo de Sandra Pettovello. Aquí la situación es distinta, porque, a diferencia del área de Seguridad, que constituye el brazo armado de la aplicación de la ley, Capital Humano podría presentarse como víctima de la maniobra investigada. Justamente, una de las hipótesis que investiga el juez Casanello es la administración fraudulenta. En esta tesitura, el objeto de la causa es el desvío de los fondos que el Estado había asignado al Plan Potenciar Trabajo y que habría sido retenido o derivado hacia otros fines por las organizaciones sociales.

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