Otro fallo inexplicable de la Justicia

La imagen de la Justicia con los ojos vendados, que existe desde hace más de cuatro siglos, señala simbólicamente que debe decidir objetivamente, sin favoritismos políticos ni económicos. Otra cosa es lo que hacen algunos jueces argentinos: se vendan los ojos para no ver las pruebas, la información comprobada y los testimonios escritos u orales que acusan a importantes figuras de la política y la economía. Llegaron a jueces y entendieron a la Justicia de una manera exactamente inversa. Hay privilegios y privilegiados y hay, por lo tanto, favoritismos. Es lo que sucedió con el tribunal oral que sobreseyó a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y condenó al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray. La condena a Echegaray es justa, por un lado, pero al mismo tiempo empeora la injusticia de las absoluciones a los empresarios. ¿Cómo puede ser culpable el extitular de la AFIP por haber permitido que los empresarios cometieran el delito cuya existencia el tribunal aceptó de hecho? A esos empresarios, el Estado los acusaba (ahora la AFIP, después de que asumiera Alberto Fernández como presidente, ya no forma parte de la acusación) de defraudación a las arcas públicas porque se quedaban con el impuesto a las naftas que cobraban en las estaciones de servicio de la petrolera Oil.

A Echegaray lo acusaron de autor responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública porque cerró los ojos descaradamente ante las maniobras de aquellos empresarios. Después de la renuncia de la nueva AFIP a seguir denunciando el caso, la acusación recayó exclusivamente en manos de dos buenos fiscales, Juan Patricio García Elorrio y Diego Velasco, quien son ahora los únicos que están en condiciones de apelar la escandalosa decisión de ese tribunal oral, integrado por los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Feliciano Díaz.

Lo que hacían López y De Sousa con el dinero del Estado a través de la petrolera Oil (su nombre formal es OCSA, Oil Combustibles SA) se conoció en 2013 luego de una precisa investigación del periodista Hugo Alconada Mon en LA NACION. Alconada Mon es víctima ahora de una deplorable y sucia campaña de difamación y desprestigio por parte de los medios de comunicación que López y De Sousa compraron con el dinero que debían transferirle al Estado y no lo hicieron. El tribunal que condenó a Etchegaray confirmó de hecho la veracidad de la información de Alconada Mon y de LA NACION.

La investigación de Alconada Mon fue convertida por la entonces diputada Elisa Carrió en una denuncia penal, que es la que llegó ahora al juicio oral. A la denuncia de Carrió se le sumó luego la AFIP, como el organismo recaudador directamente afectado, en tiempos en que era conducida por Alberto Abad. Abad fue un funcionario ejemplar que se encargó de la recaudación del Estado en gobiernos peronistas (fue director de la AFIP con Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner) y durante la presidencia de Mauricio Macri. Se retiró de ese cargo con los honores de una larga y limpia trayectoria. Ahora, Abad es perseguido en otra causa judicial por los mismos empresarios que él denunció, Cristóbal López y De Sousa. ¿Qué funcionario tendrá coraje en el futuro para denunciar la supuesta corrupción de gente poderosa? De todos modos, la resolución el tribunal que condenó a Etchegaray significa también una reivindicación implícita del trabajo hecho por Abad al frente de la AFIP.

La decisión de la AFIP de perseguir judicialmente a López, De Sousa y Echegaray continuó durante la gestión del sucesor de Abad, Leandro Cuccioli. La sucesora kirchnerista de Cuccioli, Mercedes Marcó del Pont, decidió retirar a la AFIP como querellante en esa causa; es decir, como denunciante de los empresarios López y De Sousa. Concretó la vergonzosa retirada del organismo recaudador del juicio oral justo el día anterior al que debía alegar contra esos empresarios y Echegaray. Una deserción en todo la regla.

Sin embargo, sería injusto limitar la crítica a Marcó del Pont, que cumple con estricta disciplina la órdenes de las dos figuras más importantes del gobierno actual, Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Cristóbal López es un socio histórico de los Kirchner. De hecho, en su recurso de apelación el fiscal Velasco señaló 12 veces que López y De Sousa habrían usado los impuestos que no le entregaron a la AFIP para lavar dinero en los hoteles de Hotesur y en los edificios de Los Sauces, ambas empresas de los Kirchner. El dinero proveniente del impuesto a las naftas y que los empresarios retuvieron sería el “delito precedente” al lavado, según la opinión del fiscal. Un tribunal oral distinto, con la firma de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, acaba perpetrar otro escándalo político, judicial y moral cuando sobreseyó sin juicio precio a Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez por el delito de lavado de dinero en esos hoteles y edificios. ¿De qué se queja Cristina Kirchner cuando se queja de la Justicia? ¿O, acaso, espera que la declaren santa patrona de los argentinos inocentes?

A su vez, Alberto Fernández fue asesor jurídico de Cristóbal López y de De Sousa (es más amigo de De Sousa que de Cristóbal) y, desde ya, puede haber cobrado los correspondientes honorarios de su trabajo profesional. Pero ahora está en la más alta magistratura de la Nación para defender los intereses del Estado, no los de su estudio jurídico. Durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, Alberto Fernández llegó a decir que Macri había puesto preso a dueños de medios de comunicación, como nunca, subrayó, había sucedido en la historia democrática argentina. Se refería a López y De Sousa, que tienen un conglomerado de televisión y radios. Esos empresarios nunca estuvieron presos por su condición de dueños de medios de comunicación, sino por el delito de defraudación al Estado por valor de 1000 millones de dólares, según el tipo de cambio de la época en que se hicieron las maniobras, o de 90 millones de dólares si se lo mide según los valores actuales. Es muchísimo dinero para un Estado famélico, sin más recursos que los de aumentar la presión impositiva a los argentinos que trabajan o emitir dinero espurio, sin respaldo. Es el mismo Presidente que prometió una Justicia sin interferencias políticas y que ahora promueve reformarla para hacerla mejor. ¿Mejor para seguir liberando de culpa y cargo a sus amigos? ¿Mejor, acaso, para consagrar definitivamente la impunidad de los todos poderosos cercanos a la coalición peronista gobernante?

Es necesario repasar los hechos comprobados que ayer fueron ignorados por dos jueces que podrían haber cometido prevaricato. Primera conclusión: la actividad ilícita de los empresarios y de Echegaray fue debidamente acreditada y ni siquiera se encuentra controvertida. Los hechos comprobados demuestran un trato insólito y atípicamente favorable a la empresa de López y De Sousa por parte de la AFIP conducida por Echegaray.

Fue tan grande el tamaño del perjuicio económico al Estado que el fiscal reclamó la reparación integral del daño y el decomiso de los bienes ilícitamente obtenidos. López y De Sousa construyeron un imperio empresario con el dinero de los impuestos. Según el fiscal, esa reparación no se obtendrá nunca con la moratoria hecha ahora a medida de López y De Sousa por la AFIP. El organismo recaudador de Marcó del Pont estuvo de acuerdo con el levantamiento de la quiebra de la empresa y le concedió beneficios a los empresarios. Le dio también ocho años de plazo para pagar lo que quedó de la deuda con una bajísima tasa de interés por el financiamiento. ¿Qué dirán los argentinos que reciben intimaciones de la AFIP cuando demoran unos pocos días el pago del anticipo de ganancias o de bienes personales? Que no son López ni De Sousa ni amigos de los Kirchner ni clientes de Alberto Fernández. Una lástima.

Ya el fuero Comercial de la Justicia había dictaminado que se trató de una política ruinosa y fraudulenta de la empresa y que fue eso lo que provocó su insolvencia, generó una deuda impagable y el virtual vaciamiento de la petrolera Oil. Ese mismo tribunal comercial señaló que López y De Sousa transfirieron a terceras compañías de su propiedad las sumas recaudadas e ingresadas en nombre del Estado. Se trató de préstamos intercompañías (intercompany, como se los conoce en el mundo), todas propiedades de los mismos dueños, con el dinero que le correspondía al Estado. Según la defensa de estos, el dinero es fungible y, por lo tanto, no se puede establecer que el dinero de los impuestos haya sido el que se prestaron entre compañías del mismo grupo. El dinero es fungible, en efecto, pero la pregunta que debe hacerse es otra: ¿habría tenido ese grupo empresario los recursos necesarios para hacer préstamos entre sus compañías si no hubiera existido el dinero que retuvieron en nombre del Estado y no se lo entregaron? La conclusión de la justicia comercial y de los fiscales es que no. Hicieron fungible el dinero del Estado en beneficio propio. Esa es la cuestión.

Otra parte de la defensa de López y De Sousa sostuvo que la quiebra de la firma Oil se debió al acoso y ahogo económico a los que fue sometida durante el gobierno de Macri. La justicia comercial y los fiscales del fuero federal señalaron que los propios balances de la empresa demuestran que la culpa fue de la política ruinosa de endeudamiento dirigida por López y De Sousa. Endeudamiento que se originaba en que los impuestos no pagados a la AFIP iban a parar a otras compañías de esos empresarios. Es por eso por lo que la justicia comercial dictaminó que la cesación de pagos de Oil ocurrió en junio de 2011 (un mes después de empezar su actividades), que coincidió con la presentación de la primera declaración de deuda por el no pago a la AFIP del impuesto a las naftas. Es ese el momento, y no cuando se presentó en concurso de acreedores, en marzo de 2016, supuestamente empujada por el ahogo que le propinaba Macri. El expresidente había asumido apenas tres meses antes.

Párrafo aparte merece la actuación de Echegaray al frente de la AFIP cuando se cometieron semejantes estragos con los dineros del Estado. Permitió la acumulación de esa enorme deuda, sin que los empresarios sufrieran las consecuencias que le acarrea a cualquier contribuyente la mora en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Ayudó a licuar esa deuda al permitir que sea abonada en comodísimas cuotas y con tasas de interés muy inferiores a las que paga automáticamente por mora el resto de los argentinos.

López y De Sousa no cumplieron con casi ninguno de los planes generales o particulares que, como un privilegio especial, les dio la AFIP de Echegaray. Por el contrario, Echegaray permitió que López y De Sousa utilizaran los impuestos recaudados por la venta de naftas para adquirir otras empresas y financiar al Grupo Indalo (la casa matriz del conglomerado de López y De Sousa) a través de los préstamos intercompañías. El Grupo Indalo llegó a integrarse con más de 170 empresas, mientras sus dueños acumulaban monumentales deudas con la AFIP. El propio Echegaray aseguró en su defensa que en el caso de López y De Sousa cumplía órdenes de la entonces presidenta Cristina Kirchner, porque esta sostenía que la prioridad era la recaudación, aunque se alcanzara con generosos planes de financiación. Una respuesta patética de Echegaray a la pregunta de por qué permitió los préstamos intercompañías cuando existía esa monumental deuda con la AFIP fue que su función no era ser “policía de las políticas empresariales” de los contribuyentes ni del destino que le daban a su dinero. Imposible pedir un mundo más libre. Para algunos, claro está. Es tan grande y grave la responsabilidad de Echegaray que el fiscal le pidió cuatro meses más de cárcel a él (cuatro años y ocho meses) que a los dos empresarios (cuatro años y cuatro meses). Se explica: las maniobras de los empresarios habrían sido imposibles si el custodio de los intereses del Estado hubiera cumplido con su responsabilidad. Echegaray fue duramente condenado, pero esa condena hace más inexplicable la absolución de Cristóbal López y de De Sousa. Los tres estaban entrelazados. Si hubo delito, como dejó constancia el tribunal en el caso de Echegaray, también lo cometieron los empresarios. No puede haber un Echegaray culpable y empresarios inocentes, como no podría haber habido empresarios culpables y un Echegaray inocente.

En síntesis, lo que la Justicia considera un hecho probado es que la empresa petrolera Oil representó para López y De Sousa, desde que la constituyeron en 2011, una caja de recaudación de dinero en efectivo por el impuesto a las naftas. Y que esos empresarios usaron ese flujo de dinero (formado por el pago que los consumidores hacían en el momento de comprar combustibles), sea fungible o no, para el financiamiento y crecimiento de su holding empresario. De esos recursos, salían préstamos para empresas del grupo o para comprar otras empresas, préstamos que nunca contemplaron intereses ni plazos ciertos de devolución.

No se trata, desde ya, de una sentencia definitiva. Retirada la AFIP como querellante, solo el fiscal puede apelar ante la Cámara de Casación. El fiscal Velasco lo hará. La apelación deberá ser tratada por la trascendental Sala I de esa corte, integrada por dos jueces con larga trayectoria profesional y judicial, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, y por la jueza Ana María Figueroa, más cercana al kirchnerismo. Será un trámite largo, porque el tribunal deberá revisar todo lo que se dijo y se mostró en el juicio oral. Restará todavía la última instancia: la Corte Suprema de Justicia.

Una última conclusión: después de tantas certezas en este juicio, algunos jueces con los ojos vendados bascularon otra vez entre la obscenidad y la pornografía cuando les tocó decidir. El periodismo, por su parte, cumplió con su misión esencial: poner un haz de verdad donde hubo (y hay) una mentira.

Por Joaquín Morales Solá

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Tipo de trabajo:análisis