Panorama difícil: sin los votos asegurados, el Gobierno necesitará acordar con el kirchnerismo para nombrar a Lijo en la Corte

El Gobierno nacional puso en marcha hoy de manera oficial el trámite de postulación del juez federal Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte de Suprema al abrir el proceso de recepción en el Poder Ejecutivo de impugnaciones y adhesiones a sus candidaturas. Sin embargo, la postulación del magistrado de Comodoro Py encuentra fuertes resistencias en el Senado que, por el momento, lo mantienen alejado de la mayoría agravada de dos tercios de los presentes que requiere la Constitución para nombrar un magistrado en el máximo tribunal de Justicia.

Las críticas y cuestionamientos a la figura de Lijo atraviesan a todos los bloques de la oposición dialoguista, en particular a la UCR y el Pro, y ya sumó el rechazo abierto del senador oficialista Francisco Paoltroni (Formosa).

Aunque no tiene voto en este proceso, Victoria Villarruel también manifestó de manera pública su disidencia con la elección de Javier Milei de impulsar a Lijo para integrar la Corte Suprema.

En un escenario de asistencia perfecta a la hora de la votación, el Gobierno necesitaría 48 votos para asegurarse la designación de un juez de la Corte. Así, la única forma de que el Poder Ejecutivo pueda reunir esa mayoría para nombrar a Lijo deberá pasar de manera indefectible por un acuerdo político con el bloque de Unión por la Patria, en el que todavía la voz de Cristina Kirchner tiene peso y ascendencia sobre, al menos, una quincena de los 33 senadores que integran la principal bancada de oposición del Senado. En algunos despachos que mantienen canales de diálogo con la expresidenta coinciden en señalar que, hasta ahora, no hubo contacto con la Casa Rosada por este tema.

No obstante, la idea inicial del Gobierno para empezar a asegurarse los dos tercios será apuntar a los gobernadores peronistas con votos en la Cámara alta. Y cuando se habla del pliego de Lijo y de mandatarios kirchneristas se trata, todas las miradas se dirigen al formoseño Gildo Insfrán. El gobernador no sólo tiene a un fiel soldado en el jefe del bloque peronista del Senado, José Mayans (Formosa), sino que su nombre se mencionó como uno de los “contactos” que habría tanteado el Poder Ejecutivo antes de anunciar por los medios la postulación del juez federal para el máximo tribunal.

Fijar la atención en Insfrán suena lógico si se toma en cuenta que fue el principal beneficiado por la decisión de Lijo de desdoblar el expediente Ciccone y enviar a la justicia federal de Formosa un tramo de la causa que investigaba el supuesto pago de coimas del gobierno de Insfrán a Amado Boudou a través de The Old Fund, causa que, como se esperaba, se extinguió en los tribunales formoseños. The Old Fund era la consultora vinculada a Boudou a través de su testaferro, Alejandro Vandenbroele, que declaró como arrepentido en el expediente principal, por la venta de Ciccone Calcográfica, en el que fue condenado Boudou. Este caso es el motivo por el cual el libertario Paoltroni anunció su rechazo a la postulación de Lijo.

El mandatario formoseño no es el único que maneja votos peronistas en el Senado. De hecho, el santiagueño Gerardo Zamora controla, gracias a una triquiñuela electoral que le permite dividir sus votos para ser mayoría y primera minoría al mismo tiempo, a los tres legisladores que representan a la provincia en la Cámara alta.

En los últimos días, desde la Casa Rosada se dejó trascender el nombre de Zamora como uno de los gobernadores apuntados por el Gobierno para sumar votos para aprobar en el Senado la denominada ley ómnibus si es que, en este segundo intento, logra superar el filtro de Diputados. “Si vamos a servir la mesa para la negociación por la Ley Bases bien podríamos también hacerlo para discutir el pliego de Lijo”, fue el guiño de ojo dialéctico al que apelaron en un despacho oficialista para dar a entender que la integración de la Corte entraría en el toma y daca con el santiagueño.

El factor Cristina

También controlan senadores el catamarqueño Raúl Jalil, uno de los que mejor sintonía ha mostrado con la administración Milei, el pampeano Sergio Ziliotto y el riojano Ricardo Quintela, ambos críticos de la administración libertaria pero con necesidades económicas a la hora de tener que administrar sus distritos.

La lista de mandatarios peronistas con legisladores que le responden en la Cámara alta no se acaba ahí, pero entran en una categoría en la que la respuesta de sus senadores se conjuga con otro factor: su alineamiento político con Cristina Kirchner.

Es el caso del bonaerense Axel Kicillof, enfrentado con el Gobierno por el reparto de fondos coparticipables pero que tiene en Juliana Di Tullio y en Eduardo de Pedro a dos senadores que balancean su apoyo al gobernador con su respaldo a la expresidenta. Es el caso también de Gustavo Melella (Tierra del Fuego), que tiene una legisladora que responde a La Cámpora.

El poder de fuego de Cristina Kirchner va más allá. Al menos una docena de senadores de provincias gobernadas por otras fuerzas, los denominados “sin techo” en la jerga parlamentaria, muestran lealtad a la expresidenta. La vicepresidenta de la bancada K de la Cámara alta, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Oscar Parrilli (Neuquén), que suelen ser las poleas de transmisión al bloque de las decisiones que se adoptan en la mesa de arena kirchnerista, forman este grupo.

Las usinas del Instituto Patria guardan silencio cuando se las consulta sobre qué papel jugará el kirchnerismo puro y duro en la elección de Lijo para la Corte. Se limitan a decir que el pliego todavía no ingresó al Senado para eludir cualquier definición. Pero insisten, eso sí, en que hasta el momento nadie del Gobierno se acercó para iniciar negociaciones por los jueces del máximo tribunal.

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