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Para construir una República
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Sin Justicia no hay República. En mayor o menor medida nuestros problemas de inseguridad física y jurídica, corrupción, conflictos electorales, fraude directo o indirecto, superpoderes, desorden presupuestario, inflación, derivados del incumplimiento de las normas, se vinculan con la Justicia. La sociedad reclama desordenadamente, pero se debería concentrar en el Poder Judicial. Una república necesita un árbitro final imparcial e insospechado para resolver sus conflictos públicos y privados y para sancionar delitos, garantizando la legitimidad de los procesos.
En esta búsqueda, acertadamente, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, propuso implementar políticas de Estado para mejorar la Justicia, en la reciente II Conferencia Nacional de Jueces, realizada en Salta.
La Corte, cabeza del Poder Judicial, no cambia con los gobiernos, lo que garantizaría la permanencia de las políticas. Pero como deben tener una visión política de conjunto, surge otro problema derivado de la superposición de jurisdicciones y de vacíos sobre la Justicia que comparten la Corte, el Congreso y el Poder Ejecutivo (hasta el Consejo de la Magistratura intenta dirigir y opinar). Por ejemplo, en la misma conferencia, el ministro de Justicia anunció profundas aunque descoordinadas reformas en el procedimiento penal y en la ley de organización judicial.
Entonces, más que políticas de Estado se necesita un pacto de estado para la Justicia. Sería ilusorio esperar que lo impulsen los otros poderes, pero al menos debería promoverse desde las organizaciones intermedias y las instituciones de la sociedad.
El planteo del doctor Lorenzetti es impecable. Propone soluciones y también la forma de implementarlas. Considera las demandas de justicia de la sociedad y los objetivos, y propone políticas de Estado sobre independencia del Poder Judicial, su comunicación con la sociedad y cómo ponerlo a su servicio, encauzando la litigiosidad con propuestas para la gestión, para la descongestión y con orientación hacia la decisión y a las nuevas tecnologías. Tiene enfoques muy precisos, como discriminar lo sencillo de lo complejo, y reconocer que el juez es hoy el cuello de botella. Sólo faltaría algo esencial referido a los recursos humanos, el semillero, la formación de abogados y jueces y el ingreso en el Poder Judicial, entre otros. En la implementación, falta advertir lo alarmante de la situación y reclamar las concreciones: el deterioro avanza más velozmente que las reformas y las soluciones pueden no llegar a tiempo. Hay que actuar rápido y, además, hacer todo, lo urgente y lo importante.
La empresa es difícil porque atravesamos una crisis de magnitud equiparable a una epidemia o una peste. A esto, que es cierto, hay que añadir que cuando caen enfermos los médicos (jueces) que tienen que combatirla, no tenemos salvación.
No hay República sin Justicia. No la hay sin uno de sus principales atributos. Un simple amontonamiento de gente no es una república. La convocatoria del presidente de la Corte -uno de los tres poderes formales del Estado- no puede ser desoída. Sin Justicia, falta lo que convierte al país en una comunidad políticamente organizada.
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