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Persisten los mecanismos de clientelismo político en el país
No sólo se entregan alimentos, sino que hay más variantes de uso discrecional
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LA NACIONMartín Dinatale
La lógica termina siendo siempre la misma: otorgar beneficios del Estado a cambio de apoyo electoral. Pero ya no sólo se trata de la mera entrega de bolsones de alimentos como contrapartida de un respaldo en las urnas. El esquema clientelar que opera desde hace tiempo en la política argentina se ha profesionalizado al máximo y volvió a abrir polémica la semana última, cuando aparecieron denuncias de entrega de bolsones de comida a cambio de presencia de gente carenciada en los actos proselitistas.
En el esquema de reparto de los más de 60 planes sociales que hay en el nivel nacional se puede ver un aceitado mecanismo para vulnerar las normas y hacer de la política social un uso clientelar en desmedro de la población que está por debajo de la línea de la pobreza.
¿Cuáles son las herramientas que se utilizan hoy desde el Estado para obligar a una persona a concurrir a un determinado acto proselitista? Esta y otras dudas circularon en la última semana cuando LA NACION comprobó que en diferentes actos de campaña del Frente para la Victoria y de otras fuerzas existía una aceitada organización destinada a entregar bolsones de comida y movilizar gente en micros.
Las variantes del clientelismo pueden ser infinitas, como la cantidad de denuncias por irregularidades que existen. El Gobierno se muestra reticente a dar explicaciones (de lo que se informa aparte) y hay casos paradigmáticos de manejo clientelar:
·Las pensiones no contributivas. Se trata de subsidios de 200 pesos mensuales para mayores de 70 años sin cobertura social alguna. El Gobierno otorgó este año unas 111.000 pensiones no contributivas pese a que, según fuentes del Banco Mundial, habría unas 400.000 personas en condiciones de recibir este beneficio.
La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, entregó este beneficio en los recientes viajes que hizo al interior del país y en su campaña por la senaduría de Santa Cruz. Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierte que la distribución de este programa es "dispar" y alerta que para que un mayor pueda recibir este beneficio existen "restricciones operativas" y un "interminable proceso burocrático". El documento al que tuvo acceso LA NACION menciona que hay una subejecución presupuestaria en este rubro del orden del 53%.
Hay muy pocos centros de atención al público en las provincias para canalizar este programa y se les exige mucha documentación a los mayores para otorgarles el beneficio, lo que daría lugar a un manejo discrecional del plan porque la entrega del subsidio queda al arbitrio de quienes ocupan las oficinas en las provincias, según comentan expertos en el tema. Por todo ello, el CELS propone en el documento elaborado recientemente que este beneficio se otorgue universalmente.
·Las bajas y altas. Cada vez que se habla de clientelismo político, en el Gobierno inmediatamente responden que ello es "imposible" porque en el plan Jefes y Jefas no se dan altas desde 2002. Esto es cierto. Pero también es verdad que se han dado bajas al programa y que ello constituye una fuente de poder muy importante. "Nadie puede negar que desde las intendencias o del Estado nacional hay una fuerte extorsión a los beneficiarios de planes que a cambio de no sacarles el Jefes y Jefas se les pide apoyo electoral, dinero o contraprestaciones de las más variadas", dijo a LA NACION el fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), Guillermo Marijuán.
Poder de los intendentes
Este fiscal, que investiga desde hace más de dos años las irregularidades de los planes sociales, admite que buena parte de las denuncias de bajas proviene de los municipios. Y no resulta desatinada la aseveración si se tiene en cuenta que son los consejos consultivos municipales los que en primer término tienen la facultad de dar de baja estos programas. Según el Foro del Sector Social y Caritas, más del 60% de los consejos consultivos municipales está cooptado por los intendentes.
El último informe del Consejo Consultivo Nacional que controla los planes sociales nacionales menciona que hasta abril de este año hubo 15.257 denuncias por irregularidades, de las cuales 1600 fueron por "extorsión".
En este sentido, una encuesta de más de 500 casos realizada en Santiago del Estero antes de las elecciones últimas es un reflejo fiel de esta realidad. Según el estudio realizado por la consultora Felipe Noguera, más del 60% de los beneficiarios de planes Jefes y Jefas admitió que a cambio de que no los den de baja tenían que realizar las más variadas labores: desde realizar pintadas callejeras para el PJ hasta cumplir con tareas domésticas para punteros políticos.
·Los PEC y PEL. Los voceros del Consejo Consultivo Nacional, Alejandro di Paola (Caritas) y Luis Blabarisky (Foro del Sector Social), no dudan en sostener que los Programas de Emergencia Laboral (PEL) o Emergencia Comunitaria (PEC) son fuente de discrecionalidad. Son unos 230.000 planes que da el Gobierno. Tienen una duración de tres a seis meses, requieren de escasa contraprestación y no cuentan con grandes controles. Fueron objetados por su uso clientelar tanto por el Consejo Consultivo Nacional como por el Banco Mundial. El último informe de control que publica la Sindicatura General de la Nación sobre este plan es de junio de 2004.
Toty Flores, líder del Movimiento de Desocupados de La Matanza, el único grupo piquetero del país que rechaza los planes sociales, aseguró a LA NACION que los PEC y PEL son "una fuente importante de subsistencia de muchos grupos piqueteros".
·Programas de vivienda. La entrega de planes de vivienda también es cuestionada como foco de clientelismo político. El obispo de Jujuy, monseñor Jesús Olmedo, comentó a LA NACION que en su provincia el Estado "favorece en la entrega de programas de vivienda a grupos afines al Gobierno, como pueden ser la CTA, los piqueteros de la Aníbal Verón o la Corriente Clasista y Combativa".
·El plan Familias. El Gobierno comenzó este año un traspaso del plan Jefes y Jefas al Familias. Lo hizo para aquellas madres de hijos menores de 18 años y la única contraprestación exigida para ello es cumplir con la escolaridad y la vacunación de sus hijos. Pero al parecer existe temor por parte de los beneficiarios al traspaso. Ocurre que el Jefes y Jefas se paga mensualmente y el Familias, cada tres meses. En una encuesta que realizó en Santa Fe en junio último la ONG Ciudadanía Social, que coordina Marcelo Hugo, el 55% de los encuestados dijo que el cambio de programas genera miedo de perder el subsidio y añade que "muchos beneficiarios podrían haber desistido al cambio de planes ante las actitudes de intimidación de los líderes locales".
