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Pese al fallo de la Corte, podría demorarse el envío de veedores a la AFA
La Cámara Civil debe primero dictar una sentencia que ratifique las facultades de la IGJ, impacto en la causa de Campana
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LA NACIONHernán Cappiello
La Corte Suprema le devolvió el viernes a la Inspección General de Justicia (IGJ) el control sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, los veedores que debían revisar los balances de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia van a tardar en llegar a la calle Viamonte. Si el expediente sigue los pasos habituales, la veeduría podría quedar para 2027.
El motivo es procesal. Los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon arbitraria la sentencia del 18 de junio de la Sala D de la Cámara Civil, que había cancelado la inscripción de la AFA en la IGJ.
Ese fallo de la Cámara Civil Sala D también había anulado la resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia, que ordenaba una veeduría de 180 días hábiles sobre la entidad. Pero la Corte no resolvió el fondo del asunto. Revocó el fallo y devolvió el caso para que se dicte otro.
Por eso el expediente tiene que bajar ahora a la Cámara Civil. Allí deberá dictarse una nueva sentencia que siga lo que dijo la Corte: que la IGJ conserva sus facultades de fiscalización mientras no se cancele la inscripción de la AFA en su jurisdicción de origen, y que hasta entonces la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense no tiene facultades sobre la entidad.
Esa nueva sentencia no puede firmarla la misma Sala D.
La deben dictar camaristas distintos de Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, los que firmaron el fallo que la Corte acaba de anular y que ya favorecieron a la AFA con otras decisiones. Ese tribunal ya venía resolviendo a favor de la AFA desde 2024. Solo cuando haya una nueva sentencia firme el Ministerio de Justicia podrá volver a mandar a los veedores.
Hay que sortear o designar el nuevo tribunal, mandarle el expediente, notificar a las partes y esperar el fallo. Además, la AFA podría volver a presentar recursos, y en enero hay feria judicial. Con todo eso, en los tribunales calculan que la veeduría difícilmente empiece antes de 2027.
“El ministro quiere mandarlos ya, pero ahora eso depende de la Justicia”, dijeron a LA NACION altas fuentes del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.
En la cartera aclaran que no quieren dar ningún paso que la AFA pueda volver a impugnar y que esperarán a que la Cámara Civil se pronuncie de nuevo.
La demora es importante porque los veedores tenían que revisar los balances, contratos y movimientos financieros de la AFA.
Esos mismos libros están bajo la lupa de la justicia penal económica, que investiga a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino por supuesto fraude.
Mientras tanto, la Corte dejó claro que la AFA sigue bajo control de la IGJ. Según el fallo, la mudanza de su sede a Pilar no le alcanza para escapar de ese control mientras no se complete formalmente el cambio de domicilio.
Los veedores ya tienen nombre. El 16 de marzo, Mahiques designó al contador Rubén Miguel Pappacena y al abogado Agustín Ortiz de Marco para revisar durante 180 días hábiles los libros contables, los registros administrativos, los contratos y los acuerdos comerciales de la AFA.
Además deben revisar el proceso de creación de la Universidad de la AFA. En mayo se presentaron en las sedes de la AFA y de la Superliga para pedir la documentación. Pero en junio la Sala D de la Cámara Civil anuló la resolución que los había designado y tuvieron que suspender la tarea. Sin una nueva sentencia, no pueden volver.
El extitular de la IGJ Daniel Vítolo, que había pedido la veeduría y rechazado la mudanza de la AFA a Pilar dijo que “la Corte puso las cosas en su lugar y ratificó la actuación de la IGJ bajo mi gestión”.
“Ahora depende de las actuales autoridades seguir adelante con la investigación y esclarecer los hechos”, sostuvo. Mahiques lo desplazó del organismo en marzo, poco después de asumir en el Ministerio de Justicia, cuando pidió la renuncia a los responsables de distintas áreas de control. Vítolo vinculó siempre su salida con su pelea con la conducción de la AFA.
Vítolo también cargó contra la maniobra con la que Tapia mudó la sede de la AFA. “Toda la gente en la Argentina advirtió que el traslado del domicilio de la AFA a un baldío deshabitado de la localidad de Pilar, con la complicidad de las autoridades provinciales, era una farsa”, sostuvo.
A su juicio, la Corte removió el principal obstáculo para conocer qué pasó con las cuentas del fútbol, y ese obstáculo lo había puesto la propia Justicia.
La IGJ reclamaba explicaciones por gastos de la AFA por más de US$111 millones entre 2017 y 2025 y por más de US$300 millones en la Superliga.
El fallo de la Corte tiene además un efecto colateral sobre la disputa por quién investiga a la AFA. Si la entidad no completó su cambio de domicilio y para la ley sigue radicada en la ciudad de Buenos Aires, se debilita uno de los argumentos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, para reclamar las causas contra la dirigencia del fútbol.
González Charvay, el juez preferido por los acusados, viene disputando los expedientes con sus colegas.
Sostiene que los hechos deben investigarse en su jurisdicción, que incluye Pilar. Allí la AFA fijó su nueva sede y allí está la casaquinta atribuida a Toviggino, una cuestión donde la Corte todavía debe definir quien es competente para investigarla.
Los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña le devolvieron a Campana la causa por esa propiedad. El fiscal Mario Villar recurrió a la Corte para que vuelva a la justicia federal, donde había empezado.
Pero para la Corte la AFA no tiene, por ahora, domicilio en Pilar. “La IGJ conserva aún las facultades de fiscalización que la ley prevé sobre la AFA y, consiguientemente, la DPPJ carece, de momento, de facultades sobre la entidad”, dijeron los jueces de la Corte.
El traslado a Pilar no se completó. Sin sede en territorio bonaerense, el juez de Campana pierde razones para intervenir en las causas que tienen a la AFA como presunta víctima de los desvíos de fondos.
El mismo día, la Corte rechazó unificar las investigaciones y mantuvo dos de ellas en la Justicia porteña. Es otra mala noticia para la estrategia de Tapia y Toviggino de concentrar todo en Campana.
Por Hernán Cappiello
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