Pidieron la detención y allanan al juez federal Salmain por avalar que un financista esquive el cepo y compre 10 millones dólares a precio oficial
Por ahora no irá preso, porque tiene fueros, pero allanan su despacho; el empresario dijo que el 15% fue para el magistrado, investigado en varias causas
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
Un grupo de fiscales federales de Rosario, bajo la coordinación de Javier Arzubi Calvo, pidió la detención del juez federal Gastón Salmain, acusado en varias causas y actualmente investigado por el Consejo de la Magistratura. A la par, los funcionarios del Ministerio Público requirieron el llamado a indagatoria del financista Fernando Whpei y el escribano santafesino Santiago Busaniche, un operador del Poder Judicial Federal. El pedido de detención de Salmain se suma a una serie de investigaciones por corrupción en la justicia federal de Rosario que derivaron en la detención del exjuez federal Marcelo Bailaque, actualmente detenido en su domicilio.
Salmain enfrenta múltiples investigaciones judiciales y un sumario disciplinario en el Consejo de la Magistratura que lo tienen en el centro de un escándalo de corrupción judicial. La causa más grave lo señala como cómplice del financista Fernando Whpei en una operación que habría permitido comprar 10.000.000 de dólares al precio oficial en pleno cepo cambiario, durante diciembre de 2023.
El 5 de diciembre de ese año, cinco días antes del cambio de gobierno, Salmain hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Fideicomiso Attila SA, autorizado por el magistrado para acceder al Mercado Único Libre de Cambios con un techo de 10.000.000 de dólares. Detrás de esta fiduciaria estaba Whpei, empresario que controla una serie de mutuales en Santa Fe y que en octubre de este año se presentó como arrepentido en la causa que tiene al exjuez Bailaque con prisión domiciliaria.
La operación habría permitido un negocio redondo: comprar divisas al valor oficial para luego venderlas al precio blue en el mercado informal, generando una ganancia estimada en cerca de 2.000.000 de dólares para Whpei.
Según la declaración del propio financista arrepentido, Salmain se habría quedado con el 15% de la operación. El Banco Central apeló la medida el 11 de diciembre de 2023, y aunque la Cámara Federal de Rosario falló a favor de la entidad, el dinero ya había sido adquirido en seis tramos diferentes.
Attila Fideicomisos actuó como fiduciaria del fideicomiso privado Doubleblue Argentina Credit Trust II, que comparte casi idénticamente las siglas con la empresa que reclamaba la deuda, lo que generó sospechas sobre si los operadores detrás de Doubleblue se pagaron una deuda a sí mismos.
Cuando el Banco Central pidió al magistrado que suspendiera la medida un día después de su autorización, Salmain decretó que era de cumplimiento automático e inmediato. Los fiscales Federico Reynares Solari y Juan Argibay, de la Procuración de Lavado de Activos, investigan si la operación incluyó algún beneficio personal para el magistrado y si se realizaron maniobras irregulares con la divisa.
Los registros oficiales indican que la firma adquirió al menos 1.128.850 dólares, que fueron transferidos a la empresa DB ACF Netherlands BV, un acreedor que habría otorgado una línea de financiamiento en 2018. La investigación se aceleró después de que Whpei se presentara como arrepentido en la causa del exjuez Bailaque, donde está acusado de haber participado en una trama de extorsión y corrupción institucional.
El financista está detenido en su domicilio desde mediados de mayo y su prisión domiciliaria fue prorrogada hasta enero de 2026. En paralelo, Salmain es investigado por otro episodio vinculado al extitular de ARCA Rosario Carlos Vaudagna, quien también se presentó como arrepentido en marzo.
A fines del año pasado, el magistrado intentó de manera poco ortodoxa quedarse con la competencia de las causas que tramitaban contra Vaudagna, implicado en casos de corrupción junto a Bailaque. Los fiscales lo recusaron y lograron que el caso no quedara en su juzgado. Según las fuentes judiciales, Salmain tenía una relación acreditada con Vaudagna desde 2018, antes de ser nombrado juez en 2023, y podría haber intentado concentrar esos expedientes a cambio de dinero.
Una nueva pericia al celular de Vaudagna recuperó conversaciones borradas de WhatsApp que revelaron 48 mensajes intercambiados entre el exfuncionario y un contacto agendado como “Gastón Salmain” entre diciembre de 2018 y mayo de 2019.
Esta investigación provocó que los fiscales de Procelac solicitaran el allanamiento del despacho de Salmain. El juez federal Carlos Vera Barros autorizó la medida, pero las órdenes fueron publicadas erróneamente en el Centro de Información Judicial y enviadas por el sistema Lex 100 a todas las fiscalías federales de Rosario. El secreto se evaporó. Cuando la medida ya era pública, Salmain desapareció durante 32 horas sin dar novedad hasta que agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo localizaron en su departamento del barrio de Belgrano, en Buenos Aires.
El magistrado entregó su iPhone 17 apagado y sin el código de desbloqueo. A estos problemas se suma que desde julio pasado está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura por haber omitido en sus antecedentes para concursar como juez que hace veinte años lo echaron de la Justicia Federal de Capital Federal por ofrecer un soborno para direccionar un expediente. La cesantía administrativa le imposibilitaba incursionar en la carrera judicial, pero la omisión de ese antecedente le posibilitó que dos veces la Comisión de Acuerdos del Senado aprobara su pliego, y llegar a juez federal.
La situación de Busaniche
Otro actor que aparece en estas tramas es el operador judicial Santiago Busaniche, quien este martes iba a ser imputado, pero su defensa pidió la recusación de todos los fiscales y el trámite se demoró. Finalmente, el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz rechazó el planteo de la defensa de Busaniche.
Este escribano oriundo de Santa Fe y radicado en Buenos Aires fue blanco de cuatro allanamientos. Los agentes de la Policía Federal se llevaron su teléfono celular, cuya pericia será clave en esta investigación, ya que en el smartphone de Vaudagna, que la justicia ya analizó, figuran conversaciones entre ambos.
En esos diálogos aparecen menciones a la causa que montaron en el juzgado de Bailaque contra otro financista, Claudio Iglesias, a quien supuestamente extorsionaron al iniciarle una causa en 2019, a partir de un anónimo falso que ingresó a la AFIP y luego fue presentado ante este magistrado.
Busaniche se transformó en los últimos años en un operador judicial de alto vuelo, con vínculos en lo más alto de la justicia federal a nivel nacional. Es un personaje misterioso, al que muchos le temen en la justicia por las influencias que tiene.
Sus vínculos están unidos a altas esferas del Poder Judicial, que esta investigación aún no terminó de desentrañar. En esta trama en la que está Bailaque, Vaudagna y Whpei involucrados, Busaniche interviene en 2019 y dos años más tarde. Según las fuentes judiciales, en una primera etapa es quien presiona para que se dicten los allanamientos contra Iglesias en el juzgado de Bailaque, luego de que ingresa una denuncia de AFIP en base a un anónimo trucho que es el origen de la maniobra. Para los investigadores, Busaniche es uno de los que pretende con ese anónimo en el que se menciona a Iglesias como uno de los lavadores de dinero de Los Monos sacarlo de carrera en San Cristóbal Seguros, donde el financista aspiraba a tener un cargo de mayor relevancia en el directorio. No está claro aún porqué hay una orden que viene desde “arriba”, de lo más alto del poder judicial, para neutralizar a Iglesias en esa empresa.
A la par, se gesta una extorsión contra el financista, de acuerdo a la investigación, que paga cerca de 200.000 dólares a cambio de que lo sobresean en esa causa, que tramitaba Bailaque y que, a diferencia de lo que hacía comúnmente, no había delegado en la fiscalía federal. El otro segmento de la historia donde aparece con nitidez Busaniche, de acuerdo a la causa, es con una orden que baja a Vaudagna para que a partir de una documentación que debía presentar la AFIP favorezca a Iglesias. Todo lo contrario a lo anterior. Lo que interpretan los investigadores es que buscaban que a Iglesias le devolvieran unos 100.000 dólares que le habían secuestrado en los allanamientos de 2019. Con ese dinero podía pagar el soborno que le pedía Whpei.
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