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Planes sociales: la Justicia investiga a intermediarios que retenían las tarjetas de los beneficiarios
El juez Lijo ordenó una auditoría con datos biométricos de quienes reciben el Potenciar Trabajo; estiman que podrían caer unos 150.000 planes otorgados de manera irregular
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LA NACIONHernán Cappiello
La justicia federal investiga a presuntos intermediarios en el otorgamiento de planes sociales que retenían las tarjetas de los beneficiarios reales y cobraban en su nombre. Para evitarlo y descubrir a los verdaderos beneficiarios de los que se aprovechan de ellos, el juez federal Ariel Lijo emplazó al Ministerio de Desarrollo Social a que realice a más tardar al 15 de enero una auditoría biométrica, o de lo contrario no se va a poder hacer la liquidación.
Además de procurar dar con la identidad de aquellos intermediarios que se quedaban con las tarjetas de los beneficiarios reales de los planes, la Justicia pone también la mira más arriba en la cadena de responsabilidades políticas: por caso, el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita. Por su parte, el fiscal Guillermo Marijuan denunció a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
Los cuestionamientos se refieren al Plan Potenciar Trabajo, que otorga la mitad de un salario mínimo a sus beneficiarios: unos 25.000 pesos. La investigación comenzó a partir de un pedido que el exministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta realizó a la AFIP, que cruzó la base de datos de los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo con las personas que compraron dólares o declararon Bienes Personales.
El cruce determinó que unas 250.000 personas percibían esos planes y al mismo tiempo habían adquirido dólares o tenían registrado un inmueble o un vehículo. Pero un análisis más fino de esas incompatibilidades determinó que en algunos casos eran personas que tenían registrada la compra de 1,99 dólares o menos, lo que puede relacionarse con el pago de servicios como Netflix o Spotify. En cuanto a los vehículos, lo mismo sucedía con ciclomotores que se usan en los servicios de delivery.
De todas formas, fuentes ligadas a la investigación pronosticaron a la nacion que un estudio más detallado puede llevar a que se caigan unos 150.000 planes. Ahora se debe corroborar cómo fueron entregados y si quienes cobraban la tarjeta eran los titulares de las tarjetas. Se sospecha que algunos planes fueron otorgadas a personas que estaban en estado de necesidad, pero que intermediarios les retuvieron las tarjetas para cobrarlos.
En la Justicia estiman que esos 150.000 planes Potenciar Trabajo se pueden caer ya sea porque el beneficiario mejoró su situación económica y ya no cumple los requisitos del programa, porque se violaron las normas para su otorgamiento o porque los beneficiarios no existían.
Para ello, el juez Lijo le dio tiempo hasta el 15 de enero al Ministerio de Desarrollo Social para que haga una auditoría con datos biométricos, donde se registre cada beneficiario de manera indubitada, de modo de saber quién es en cada caso y detectar a los posibles intermediarios. Si para el 15 de enero no se concluye la auditoría, no se efectuarán los pagos advierten en tribunales.
“Lo más importante ahora es la validación de los datos biométricos”, dijo una fuente del caso que expresó que esa es la principal hipótesis de investigación. La validación de identidad sobre la totalidad de destinatarios del Potenciar Trabajo se viene realizando a través de un proceso con reconocimiento facial mediante la app Mi Argentina.
El juez Lijo solicitó que el Ministerio informe los avances de la auditoría el 20 de diciembre, para autorizar el pago de enero, y requirió que culmine con todo el relevamiento, a más tardar, el 15 de enero. Los titulares de los planes tienen tiempo hasta el 6 de enero para validar su identidad.
Una de las hipótesis que maneja la Justicia es que las irregularidades detectadas en los planes sociales tienen que ver con el financiamiento de las organizaciones sociales. A modo de ejemplo, una fuente del caso dijo que las movilizaciones que habitualmente desembocan en el centro de la ciudad pueden insumir costos de varios millones de pesos.
La investigación avanzará con las declaraciones de las personas que aparecen inscriptas como beneficiarios de los planes, pero hay otras personas que cobran en su nombre.
Esta semana, el Ministerio de Desarrollo Social anunció que dará de baja 20.410 planes sociales, una cifra muy inferior a las irregularidades que detectó la AFIP. El rechazo a los recortes se manifestó con marchas piqueteras de grupos afines oficialismo, con epicentro en el Obelisco.
La semana pasada, Tolosa Paz espero a contar con la autorización judicial de Lijo -que tiene a su cargo uno de los dos expedientes que se tramitan por este tema- para autorizar el pago del mes de noviembre. En el Gobierno temen avanzar con criterios distintos a los que fijará la Justicia. Buscan cubrirse ante una eventual complicación penal.
Pero lo judicial se mezcla con lo político. El viernes, en la Casa Rosada, Alberto Fernández, Tolosa Paz y Emilio Pérsico acordaron que en diciembre no se haría una baja de planes significativa porque no se aplicarían -todavía- todos los criterios de incompatibilidades que la ministra quería introducir para redefinir el padrón del Potenciar Trabajo.
El jefe de Estado intervino para evitar una escalada de conflictividad social y limitar el recorte de diciembre. Sin embargo, los movimientos sociales oficialistas marcharon el viernes pasado y prometen volver a protestar esta semanas. Amenazan con una jornada de asambleas en todo el país “con epicentro en el Obelisco″.
El origen del conflicto
El conflicto se inició cuando se filtró un informe elaborado por la AFIP a pedido del Ministerio de Desarrollo Social que cruzó el padrón del Potenciar Trabajo con datos sobre compra de dólares y propiedad de bienes. El informe de la AFIP se judicializó luego de que el fiscal Marijuan iniciara actuaciones de oficio. Tolosa Paz requirió al juez federal Julián Ercolini -que instruye otro expediente paralelo al de Lijo- que levantase el secreto fiscal con el objetivo de dar de baja los planes sociales irregulares detectados por el organismo recaudador.
La Justicia levantó el secreto fiscal el pasado miércoles. Ese mismo día, a las 22, según pudo reconstruir LA NACION, Tolosa Paz le envió una nota interna a Pérsico para que remita el padrón del Potenciar Trabajo al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) junto con la información provista por la AFIP más otra que había sido elaborada por el Banco Central.
Según aseguraron en el Ministerio de Desarrollo Social, la lista nominal de personas observadas por la AFIP que estaba en poder de la Justicia recién llegó a esa cartera “el jueves por la tarde”. De esa manera justificaron la demora en el pago del plan social.
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