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Polémica por el protocolo de seguridad ante un amparo presentado por ATE
La seccional porteña del gremio de estatales pidió un hábeas corpus que fue aceptado por una jueza; esta mañana, en la previa a la movilización en Plaza de Mayo, fue rechazado por la Cámara
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El protocolo de seguridad de la ministra Patricia Bullrich para evitar los piquetes y cortes de calles debutó con polémica hoy, en medio de la jornada de huelga nacional del gremio de estatales ATE.
La seccional porteña de ATE presentó ayer un amparo contra el protocolo, que fue aceptado por una jueza porteña. Pero esta mañana, cerca de las 10 y apenas horas antes de la marcha hacia la Plaza de Mayo, el Ministerio de Seguridad informó que el hábeas corpus fue rechazado por la Cámara.
El funcionamiento del plan antipiquete del Gobierno fue duramente cuestionado desde las primeras horas de hoy, cuando una protesta de agrupaciones de izquierda cortó la avenida Corrientes a la altura de Callao.
Entonces regía el amparo presentado por abogados de ATE Capital y aceptado por la jueza Graciela Dalmas, además de una medida de la fiscal contravencional y de faltas porteña Andrea Scanga, quien ordenó la liberación de carriles en Corrientes y Callao. La fiscal aplicó las pautas de un protocolo local que dictó la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires en 2003, "muy similar" al que aprobó días atrás el Gobierno, según consignó la agencia Télam.
"Hicimos un planteo acerca de la restricción de la circulación y el derecho de huelga. Además, nosotros decimos que el protocolo está inconcluso en la Capital Federal porque no fue avalado por la Legislatura porteña", afirmó a LA NACION el dirigente del gremio Diego Martínez, quien firmó el pedido de hábeas corpus de ayer.
La jueza Dalmas hizo lugar al recurso ayer a la tarde y resolvió que el Ministerio de Seguridad tenía que garantizar tres medidas durante el paro de hoy, según el escrito al que tuvo acceso LA NACION: "Que las fuerzas de seguridad no porten armas de fuego, ni utilicen balas de goma contra la manifestación; que en caso de realizar alguna aprehensión en el marco de la movilización, deberán actuar sólo con autorización del Ministerio Público Fiscal; y que se identifique a una persona civil responsable políticamente del operativo".
Las tres medidas estaban previstas en el protocolo anterior para la intervención en manifestaciones, que se aprobó en 2011 cuando la ministra de Seguridad era Nilda Garré, aseguraron desde ATE Capital.
El amparo llegó, sin embargo, a la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal, ya que la jueza Dalmas se declaró "incompetente" sobre el aval legislativo que exigió ATE Capital.
La resolución de la Sala II se conoció esta mañana minutos después de la 10, una hora antes de la movilización convocada por ATE. En un breve comunicado difundido por el propio Ministerio de Seguridad, se informó que "el hábeas corpus presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), mediante la cual se buscaba obstruir la implementación del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, fue rechazado por Cámara de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Con la colaboración de Tomás Rivas
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