Polémico trámite en el juicio a Blaquier

El presidente de la empresa Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, acusó al Gobierno de nombrar en forma irregular al fiscal que lo investiga, para lograr su condena. Pero ésa es sólo una de las denuncias de irregularidades que estudia la Cámara Federal de Salta, que deberá decidir si confirma los procesamientos o si, ante la falta de pruebas, los revoca.

Blaquier y Alberto Lemos, ex administrador de uno de los complejos agroindustriales más grandes del país, fueron denunciados hace seis años porque, en 1976, supuestamente le habrían prestado varias camionetas a la Gendarmería Nacional para que secuestrara a empleados de la planta.

En la causa nunca se encontró prueba de que Blaquier y Lemos hayan consentido esa maniobra ni, tampoco, que hubieran facilitado algunas de las más de 100 camionetas que estaban a disposición de su personal. Incluso la Gendarmería informó oficialmente que no tenía registro de haber usado aquellas camionetas.

Pero el Gobierno y la Secretaría de Derechos Humanos vieron la posibilidad de hilvanar otra puntada más en la teoría oficial de que el golpe del 76 tuvo apoyo civil.

Ayer, Jorge Valerga Aráoz, ex integrante de la Cámara Federal porteña que condenó en 1985 a la junta militar y defensor de Blaquier, afirmó que "el fiscal Pablo Pelazzo no es independiente y debe ser separado". Y agregó: "Antes de asumir fue letrado de los querellantes, y además fue nombrado sin acuerdo de la Presidenta ni del Senado. La causa no es un juicio justo".

"Sufrimos una situación similar a la que resolvió la Corte hace una semana, cuando declaró nula la designación a dedo que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, hizo de un fiscal civil, con el agravante de que el fiscal Pelazzo es penal", agregó el letrado.

Pero ésa no sería la única irregularidad de este voluminoso expediente, uno de los casos en los que el Gobierno parece dispuesto a atar con alambre las acusaciones contra varios empresarios con tal de perseguir sus condenas, aun sin pruebas sólidas en su contra.

Aquella terrible noche del 24 de marzo de 1976, y también entre el 20 y el 27 de julio, durante la llamada "Noche del Apagón", ocurrida en la cercana localidad de Calilegua, fueron secuestrados 29 empleados de Ledesma.

Por entonces, el ingenio, que originaba buena parte del producto bruto de Jujuy, contaba con un centenar de vehículos que manejaban sus empleados; se extendía sobre decenas de miles de hectáreas y se había levantado una ciudad a su alrededor.

Además, en cumplimiento de un decreto de 1966 del entonces presidente Arturo Illia, Ledesma donó a la provincia el hospital que había fundado, junto con varias camionetas, y a la Gendarmería Nacional, vehículos y combustible que esa fuerza debía utilizar para controlar la migración en la región. Todos los gobiernos, sin excepción, mantuvieron esas exigencias y aceptaron las donaciones.

Un fallo cuestionado

En la causa judicial, sin embargo, por pedido del fiscal, el juez federal Fernando Poviña procesó en noviembre último a Blaquier y a Lemos como partícipes (cómplices) de privación ilegítima de la libertad. Para llegar a este desenlace, el Gobierno no escatimó esfuerzos:

-Primero cambió al juez federal interino de Jujuy, Carlos Olivera Pastor, por otro interino más permeable, el tucumano Poviña. Para eso hubo escraches, afiches callejeros y hasta le invadieron el juzgado a Olivera Pastor, que renunció.

-En julio del año último, cuando Blaquier concurrió a la indagatoria que había pedido el fiscal Domingo Batule, la agrupación Tupac Amaru, que dirige Milagro Sala, atacó el auto del empresario, que escapó de la golpiza porque el vehículo era blindado. Blaquier tuvo que declarar otro día, por teleconferencia.

-Pero, no conforme con ello, para el momento de la indagatoria, el gobierno nacional también cambió al fiscal. Batule fue desplazado e ingresó Pelazzo como fiscal adjunto, nombrado a dedo.

-El nombramiento de Pelazzo tenía dos vicios. El primero: hasta el día anterior había sido abogado de los querellantes, es decir, era parte en la causa, y repentinamente pasó a ser fiscal. Esta situación está expresamente prohibida por el Estatuto de Roma, porque el fiscal debe ser un funcionario imparcial, que no vela por los intereses de ninguna de las partes, sino de la sociedad.

El segundo vicio: Pelazzo fue nombrado por el ex procurador general interino Luis González Warcalde en violación de la ley, sin concurso ni examen previo ni participación de la Presidenta ni acuerdo del Senado.

La semana última, la Corte Suprema, en el caso "De Martino", dijo que la designación que había hecho Gils Carbó de una fiscal civil, en aquellas mismas condiciones, fue irregular y nula y ordenó su superación. Ahora, el abogado Valerga Aráoz sostiene que Pelazzo también debería ser separado, pero, además, siendo un fiscal penal, debería declararse la nulidad de todo lo que hizo.

A esta altura del relato, la maniobra seguramente le recordará a usted el caso Amado Boudou, en el cual el Gobierno también cambió al juez y al fiscal de la causa (aunque en ese caso lo hizo para frenar la pesquisa contra el vicepresidente).

-La Gendarmería Nacional, sin embargo, le aguó la fiesta al Gobierno. En respuesta a un pedido de la Justicia, informó que "no existen antecedentes en los archivos de la fuerza que, durante el período 1976-1983, la empresa Ledesma haya aportado personal y/o vehículos para el traslado de personas detenidas". Firmado por el comandante general de la Gendarmería.

Los procesamientos que ordenó Poviña y que ahora revisa la cámara tienen otros problemas:

-Todos los empleados que habían sido secuestrados y que luego de recuperar la libertad declararon en la Justicia recordaron que habían sido llevados en vehículos de Gendarmería y de la policía provincial. Es decir, no identificaron camionetas de Ledesma ni a choferes del ingenio. Salvo dos de ellos (los hermanos Alfaro Vasco), que sí hablaron de una camioneta de la empresa, pero y que se contradicen con la declaración de otras personas que iban en el mismo vehículo.

-¿Y si efectivamente se usaron camionetas de Ledesma o las que había donado la empresa a otras instituciones y Blaquier nunca se enteró? Efectivamente pudo haber ocurrido esto. El propio juez Poviña reconoce que en el expediente hay "escasez de pruebas directas" y admite que probablemente Blaquier tampoco hubiera tenido el "propósito" de prestar camionetas para secuestrar personas.

-Poviña, cuando procesó a Blaquier y a Lemos, sostuvo que "se desprenden del análisis historiográfico previamente realizado -que el juez remontó a los años 30- los fuertes nexos existentes entre grandes industriales, lobbistas y autoridades estatales y militares durante aquel ajetreado ciclo golpista".

-El juez, en su procesamiento, sostuvo que el ingenio Ledesma, incluso durante los gobiernos civiles de Illia y de Frondizi, se había beneficiado con el cierre de las plantaciones de Tucumán, para llegar así a monopolizar el mercado azucarero. Y también habló del exterminio sistemático de víctimas sindicales que, sostuvo, comenzó durante la gestión de María Estela Martínez de Perón.

El juez, sin embargo, soslayó algunos datos que contradicen su construcción teórica: 1) el período de 1930 y 1976 no está siendo juzgado; 2) si tanto se benefició Ledesma en aquella época, ¿qué más podía esperar del gobierno militar?; 3) ninguno de los empleados secuestrados era sindicalista; 4) una docena de trabajadores, una vez liberados, volvió a trabajar a Ledesma, y 5) los sindicalistas que sí declararon en la causa elogiaron la capacidad de negociación de Ledesma y dijeron que no sufrieron persecuciones.

¿Avanza la Argentina hacia una justicia cuyo objeto es sólo darle contenido al relato político?

Un caso que trae controversias

Entre el procesamiento y la falta de mérito

Carlos Pedro Blaquier / Titular de Ledesma
El juez Poviña procesó a Blaquier y al ex administrador del ingenio Alberto Lemos por prestarle camionetas a la Gendarmería en la dictadura

• Críticas
  
  En el expediente casi no hay pruebas en contra de Blaquier y de Lemos. Para intentar fundar su fallo, el juez hizo un análisis histórico que se remonta a 1930, cuando los hechos ocurrieron en 1976
• Irregularidades
  
  Además, el Gobierno y la Secretaría de Derechos Humanos, bajo presión, primero lograron cambiar al juez del caso y, más tarde, al fiscal. Ahora, Blaquier señala que el nuevo fiscal, Pelazzo, fue nombrado a dedo, sin concurso ni intervención de la Presidenta ni acuerdo del Senado
• Fallo de la Cámara
  
  El tribunal podría confirmar los procesamientos o bien dictar falta de mérito y ordenar nuevas medidas de prueba

Por Adrián Ventura

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