Procesan a un exfuncionario que extendió un negocio millonario para la firma del “Zar de Retiro”

“Es la cuarta vez que tengo que resolver la situación procesal de los imputados; es la cuarta vez que considero que están dadas las condiciones para dictar un auto de procesamiento”.

Con esa frase, cargada de fastidio, el juez federal Sebastián Casanello volvió a procesar por el delito de negociaciones incompatibles a un funcionario kirchnerista que en noviembre de 2015 −tres días después de que Mauricio Macri derrotara al kirchnerismo en el balotaje− decidió extender hasta 2033, y por un precio irrisorio, la concesión de 110 locales comerciales y dos estacionamientos de la estación Once. En total, 21.000 metros cuadrados.

¿El beneficiario? Una empresa creada por Néstor Otero, conocido como el “Zar de Retiro”, ya que concesiona desde hace décadas esa terminar de ómnibus y uno de los procesados por el pago de coimas en la causa de los Cuadernos.

Casanello procesó por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública a Esteban Weisbek, exsubgerente de Colaterales de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse). Y, como partícipe necesario del mismo delito, procesó a Claudio Glories, presidente de Nueva Estación Once SA, firma creada por Néstor Otero, que hoy encabezan su hijo Luciano Otero y el propio Glories.

El juez decidió embargar a cada uno de los procesados por la suma de $178 millones de pesos. Pero consideró que el perjuicio que la extensión de la concesión le causó al Estado fue mucho mayor: “Una pérdida efectiva superior a $2557 millones”, señaló Casanello en el expediente, al que accedió LA NACION.

Allí, Casanello reseñó que el 25 de noviembre de 2015, tras la victoria de Macri sobre Daniel Scioli, Weisbek firmó con Glories una adenda al contrato de concesión de los locales comerciales de la estación de Once. La extensión fue por ocho años (llevó el contrato original de 20 a 28 años), hasta 2033, pese a que aún faltaban 10 años para que se venciera el plazo fijado inicialmente, en 2025.

“A días de dejar la función pública, los imputados suscribieron una adenda que produjo efectos jurídicos concretos, en tanto prorrogó el plazo de una concesión cuyo contrato establecía expresamente que era improrrogable, fijó cánones irrisorios y modificó los espacios originalmente concesionados", señaló el juez, en alusión a una pauta de aumento anual que se fijó en la adenda, del 2%, a contramano de la inflación creciente en el país.

Además, un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) advirtió que la empresa concesionaria “presentó un flujo de fondos desactualizado” para alegar que su rentabilidad había bajado (cuando el canon “irrisorio” le aseguraba ingresos cada día mayores por la inflación), además de cálculos que se sospechan inventados “para presentar números desventajosos”.

Pese a ello, dijo el juez, Weisbek, “sabiendo que en pocos días dejaría la función pública, aceptó dicha propuesta sin ningún tipo de cuestionamiento, sin requerir documentación contable que respaldara la pretensión de la empresa ni promover una evaluación económica independiente; es decir sin defender los intereses del Estado, sino todo lo contrario”.

Para expresar el perjuicio causado al Estado, el juez contrastó el 2% de aumento del canon pactado entre Weisbek y Glories con la inflación real registrada por el IPC. “Se verifica una pérdida efectiva superior a $2557 millones” a junio de 2025. Pérdida que, si se calcula con las proyecciones inflacionarias para este año, 2026 y 2027, “se eleva a aproximadamente $3788 millones”.

Para dejar en claro el perjuicio causado, Casanello insistió: “La idea puede simplificarse tomando como referencia cánones mensuales. En 2005, el ‘alquiler’ mensual del predio era de $104.500, lo que equivale a $57.367.182 a precios de junio de 2025. Sin embargo, el canon efectivamente percibido en junio de 2025 fue de apenas $197.012, es decir, un exiguo 0,34% del valor ajustado”.

El fallo no lo dice, pero vale realzarlo: en junio de 2025, la firma de Otero pagó $197.012 de canon por mes, mucho menos −una fracción− que el alquiler que debe abonar cualquier comerciante por un solo local en la zona de Once. Pero el Estado recibía $197.012 no por uno, sino por los 110 locales comerciales y dos estacionamientos de Once.

Se trata de 82 locales en la planta baja de la estación por la que cada día circulan unos 300.000 pasajeros, 39 locales en el entrepiso y dos estacionamientos comerciales con más de 11.000 metros cuadrados. En total, 21.000 metros cuadrados. Esto es, el Estado cobraba poco más de 9 pesos por mes por cada metro cuadrado de esos locales comerciales que luego el concesionario podía alquilar a precios de mercado.

“Este análisis permite afirmar, con sustento matemático, que el canon previsto resultó evidentemente irrisorio y desproporcionado del canon base, y que incluso lo era al momento de la adenda, cuando la Argentina ya tenía claros índices de inflación superiores al utilizado en el instrumento firmado por los imputados”, sostuvo Casanello.

El juez, además, repasó un conjunto de irregularidades que tuvo la adenda en sí. Desde el hecho que Weisbek no estaba facultado para firmarla a que el contrato original de concesión establecía que era “improrrogable”.

A raíz de estas condiciones irrisorias, el Gobierno, a través de Trenes Argentinos Operaciones, dejó sin efecto el mes pasado la prórroga del contrato de concesión con Nueva Estación Once SA.

Según los registros públicos, Néstor Otero fundó la empresa Nueva Estación Once SA y la presidió hasta 2015, cuando renunció a encabezar el directorio de la sociedad, donde fue reemplazado por Claudio Glories y su hijo Luciano Otero.

Con 86 años, y conocido como “el Zar de Retiro”, Otero es dueño de la empresa TEBA, tiene la concesión de la terminal de ómnibus desde 1993 y fue condenado por dádivas, en 2015, por pagarle un departamento al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, quien desde su cargo debía controlarlo. Está procesado, además, en la causa de los cuadernos de las coimas, cuyo juicio oral comenzará el 6 de noviembre.

A través de distintas empresas, Otero administró en los últimos años las estaciones de Lomas de Zamora, Puente La Noria, Santiago del Estero, Villa Gesell y Mar del Plata, entre otras.

¿Por qué el enojo o fastidio del juez? La Cámara Federal ya objetó en tres oportunidades el procesamiento de los implicados en la maniobra que benefició a la firma de Otero. En la última oportunidad, fueron los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi los que objetaron el encuadre penal y el eventual beneficio logrado por el concesionario. En disidencia votó el juez Leopoldo Bruglia, que convalidó el procesamiento.

Por Marcelo Veneranda

• Justicia Federal

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