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Procesaron a Jorge Capitanich por fraude y abuso de autoridad por la entrega de tierras a familiares de una funcionaria
El exgobernador de Chaco quedó bajo investigación por decretar la cesión de más de 3000 hectáreas; lo procesó el exdiputado radical Fernando Carbajal, que subroga el juzgado federal de Roque Sáenz Peña
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LA NACION
El exgobernador de Chaco Jorge Capitanich fue procesado por los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones públicas. La causa en la que se investiga a Capitanich tiene como principal acusada a la exfuncionaria Marta Soneira, acusada de adjudicar de forma irregular tierras fiscales a allegados suyos, decisiones que Capitanich avaló con su firma.
El exgobernador fue procesado por el juez federal subrogante de Roque Sáenz Peña, Fernando Carbajal, exdiputado nacional por la UCR.
Según consta en el expediente, la trama por la que fue procesado Capitanich (a solicitud del fiscal general Carlos Amad), incluye, en sus puntos principales, acusaciones por “traslados sospechosos de documentación institucional clave que derivaron en extravíos y adulteraciones”, así como “un mecanismo de adjudicación irregular de miles de hectáreas de tierras fiscales” basado en “informes de inspección idénticos elaborados el mismo día” por un delegado (Darío Giménez), con el objetivo de “beneficiar directamente a los socios comerciales” del esposo de Soneira (Mauricio Ariel Cian), “quienes incluso modificaban o elegían parcelas a su antojo e incurrían en presuntas usurpaciones con la complicidad de las autoridades”.
La denuncia que alcanzó a Capitanich fue presentada por la administración de Leandro Zdero, actual gobernador de Chaco. Ana María Canata, presidenta del Instituto de Colonización de la Provincia del Chaco (actualmente, denominado Instituto de Tierras Fiscales), formalizó la presentación judicial el 2 de mayo de 2024.
La exfuncionaria Soneira fue titular del Instituto de Colonización y secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, con Capitanich como mandatario (gobernó la provincia hasta 2023, cuando lo venció Zdero).
Según se desprende de la resolución del juez Carbajal, el fiscal Amad responsabiliza a Soneira de “valerse de sus cargos para otorgar y adjudicar de forma espuria cuatro inmuebles rurales de grandes dimensiones en el Departamento Almirante Brown a favor de Federico Storti, Nelson Ariel Pochón y Leandro N. Bessone, quienes son socios comerciales de su pareja”. Los inmuebles rurales son dos de 1250 hectáreas, uno de 623 hectáreas y otro de 512 hectáreas.
Además, el fiscal culpa a la exfuncionaria de “otorgar de manera organizada beneficios impositivos provinciales, industriales, reintegros de subsidios y quitas/tarifas especiales en servicios públicos a las empresas de su entorno íntimo”, y de influir “para modificar por decreto la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, permitiendo que sectores rurales del Departamento Almirante Brown (donde radican las empresas de su marido y socios) se habiliten para la explotación rural y desmonte”.
En el marco de la causa, Capitanich fue acusado de haber tenido “un rol fundamental dado que, mediante su firma en los decretos del Poder Ejecutivo Provincial, ratificó y validó formalmente las adjudicaciones de venta de los campos fiscales a precios ínfimos y muy por debajo del valor de mercado”.
También se lo acusó de haber haber aprobado por decreto “la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, ignorando los consensos técnicos de sustentabilidad y violando la Ley de Bosques Nativos que exige que dicha medida sea aprobada exclusivamente por vía legislativa”.
El fiscal Amad consideró que Capitanich estuvo “dentro del esquema delictivo como parte del plan organizado y coautor/partícipe necesario en las maniobras de fraude en perjuicio de la Administración Pública, actos de corrupción y abuso de autoridad, al emitir el decreto adjudicatario final y el decreto de modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”.
Al ser citado a indagatoria, el 9 de septiembre de 2025, Capitanich presentó un escrito. Pidió “su inmediato sobreseimiento ante la inexistencia absoluta de los delitos de defraudación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito” que se le imputan. El actual senador nacional, se resumió en el fallo de su procesamiento, “rechazó la acusación fiscal, la cual consideró vaga, imprecisa y construida sobre conceptos abstractos alimentados por denuncias e informes mediáticos de opositores políticos que pretenden criminalizar decisiones de Estado legítimas, convirtiendo políticas públicas de desarrollo en supuestas maniobras delictivas”.
El juez Carbajal (que fue diputado nacional por Formosa hasta diciembre de 2025, y en febrero de 2026 fue designado como subrogante en el juzgado federal de Presidencia Roque Sáenz Peña) procesó a Soneira y a Capitanich como coautores de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, y negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones públicas.
El magistrado también procesó, como coautores del delito de fraude, a Mauricio Ariel Cian (el esposo de Marta Soneira) y sus socios Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón. Los acusados Darío Osvaldo Giménez y Sheina Marlene Waicman (que fue titular del Instituto de Colonización) recibieron la falta de mérito. Federico Soneira y Diego Soneira (hermanos de Marta Soneira) fueron sobreseídos.
Luego de que su procesamiento tomara estado público, el senador publicó un descargo en sus redes sociales, donde tildó de “incongruente, inconsistente y temerario” el fallo de Carbajal, al que no mencionó, afirmó que “aborrece” la judicialización de la política, advirtió que los funcionarios “de rango inferior, con responsabilidad en el control, fueron sobreseídos” y ponderó la política de acceso a las tierras durante su gobernación.
La respuesta de Capitanich
Hoy se conoció el procesamiento en la denominada causa de tierras. Como corresponde, será apelado. Hemos manifestado la nulidad de la acusación y la improcedencia del procesamiento, pues la adjudicación en venta de inmuebles rurales no supone transferencia de titularidad... Y lo más increíble es que funcionarios de rango inferior, con responsabilidad en el control, fueron sobreseídos.
Cada decreto que firma un gobernador atraviesa un procedimiento administrativo en el que intervienen organismos de control con jerarquía constitucional, encargados de verificar la legalidad de cada acto. Pretender atribuir responsabilidad penal desconociendo ese sistema institucional resulta jurídicamente improcedente.
Durante nuestra gestión impulsamos con orgullo una política de acceso a la tierra que permitió avanzar en el desarrollo de más de 8.000 productores chaqueños que decidieron quedarse y apostar por la provincia, convencidos de que la seguridad jurídica sobre la tierra es una condición indispensable para el desarrollo, la producción y la generación de empleo en el Chaco.
Resulta incongruente, inconsistente y temerario pretender juzgar a un gobernador, en el ámbito de la Justicia Federal, por actos administrativos dictados en el ejercicio de sus competencias. Ello no solo plantea un serio cuestionamiento en materia de competencia, sino que además afecta principios esenciales del sistema federal consagrado por nuestra Constitución.
Aborrezco la judicialización de la política y la utilización de la Justicia como herramienta de persecución. Voy a defender mi actuación en cada instancia judicial con la misma convicción con la que siempre defendí los intereses del Chaco. Resulta llamativo que se pretendan criminalizar decisiones adoptadas por un gobernador en el ejercicio de sus funciones constitucionales.
¡En fin, más de lo mismo! Al final, la verdad siempre triunfa.
LA NACION
