Procesaron a Juan José Aranguren y a Laura Alonso por el caso Shell

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, y el exministro de Energía Juan José Aranguren quedaron procesados por decisión del juez federal Luis Rodríguez en la causa en la que se los investiga por negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento agravado.

El expediente fue iniciado por una denuncia de dos diputados kirchneristas en 2016, que señalaron que Aranguren benefició a la petrolera Shell mientras todavía tenía acciones de la firma, y que Alonso debió haberlo denunciado por conflicto de intereses y no lo hizo.

Tres años después de iniciada la causa y después del triunfo del Frente de Todos en las elecciones presidenciales, el juez Rodríguez indagó a los imputados y, en menos de dos semanas -cuatro días antes del traspaso de mando-, resolvió procesarlos. Según supo LA NACION, Alonso y Aranguren van a apelar la decisión de Rodríguez para que sea revisada por la Cámara Federal.

La situación de Aranguren

Aranguren, procesado por negociaciones incompatibles con la función pública, declaró en esta causa hace dos semanas y negó haber tomado decisiones durante su gestión como ministro de Energía para favorecer a la petrolera Shell. Se le trabó un embargo de 1.200.000 pesos.

En el fallo firmado por Rodríguez, al que accedió LA NACION, se consideró que benefició a la empresa Shell mediante decisiones que permitieron aumentar sus volúmenes de importación. "Se ha demostrado, con el grado de certeza aquí exigido, que Juan José Aranguren en su calidad de ministro de Energía y Minería se interesó en que la empresa Shell incrementara sus operaciones de importación de petróleo crudo y derivados, demorando los controles que le correspondían en razón a su cargo y determinando tardíamente la implementación de un registro que permitiera controlar esta situación", dijo Rodríguez.

"Quiero ser claro con esto -indicó Rodríguez-. Conforme los hechos que se le enrostraran oportunamente, no se le recrimina a Aranguren que haya trabajado en la empresa Shell, ni que tuviera acciones de la misma durante su gestión pública, ni tampoco se encuentra en tela de juicio si el mismo disfrutó o no de algún provecho de la venta de tales títulos accionarios. El sentido de la tenencia de las acciones, junto con la posición que tuvo en la filial argentina de la multinacional implicada en el caso, es puntualmente denotativo de su vínculo indiscutible con dicha empresa".

A Aranguren se le recrimina, según la decisión judicial, la compra de gasoil y fueloil a la empresa Shell desde el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2015 al 23 de agosto de 2016, momento en el que se excusó de intervenir en los actos que estuvieran relacionados con esa firma.

Aranguren fue presidente de la firma Shell durante casi doce años. En su gestión como ministro del gabinete de Mauricio Macri negó que hubiera incompatibilidades y dijo que cuando le tocaba intervenir en temas puntuales de la petrolera, delegaba el tema en segundos. Vendió sus acciones de Shell en septiembre de 2016, después de que la OA le sugirió, a través de un dictamen, desprenderse de su capital en la empresa. En junio de 2018 renunció a su cargo como ministro.

"En ningún momento me interesé particularmente por algún proveedor, tomé decisiones de carácter general y siempre en beneficio del interés público", declaró el exministro cuando negó haber beneficiado a Shell.

En la denuncia que dio inicio a esta causa, formulada por los diputados Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, se acusó a Aranguren de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su "doble rol como funcionario público y accionista de Shell SA".

La conducta de Alonso

Laura Alonso, a quien se le imputan los delitos de encubrimiento y abuso de autoridad, declaró en su defensa la semana pasada, y frente a Rodríguez negó haber encubierto al exministro. Además planteó que el fiscal del caso, Carlos Stornelli, no pidió su indagatoria. "El Ministerio Público Fiscal no ha formulado ninguna imputación concreta a mi respecto, pese a lo cual fui convocada a sentarme en el banquillo de los acusados, sin que existan razones válidas para ello", declaró.

"Ni encubrí una infracción de Aranguren ni omití actuación alguna en la OA. Por el contrario, cumplí estrictamente con todos los deberes, obligaciones y funciones a mi cargo, como se desprende del expediente sustanciado. Por ende, ningún delito puede serme reprochado", declaró Alonso. Y presentó un escrito con el detalle del expediente iniciado en la OA para determinar si existía un conflicto de intereses. Rodríguez le trabó un embargo por 1.000.000 de pesos.

Según el fallo firmado por Rodríguez, Alonso le dio "una apariencia de legalidad y cobertura" al actuar de Aranguren como ministro. La titular de la OA manifestó a los medios que se trata de una causa "sin sustento jurídico".

Para el juez, Alonso tramitó el expediente interno de la OA y "el trámite del expediente resulta superfluo, parcial y completamente desarrollado a la medida del entonces ministro, respecto del cual pesaba una seria sospecha de irregularidad funcional", dijo Rodríguez.

Ayer, después de que se conoció este fallo, Laura Alonso dijo que este causa es un caso de lawfare. La titular de la OA utilizó el término que más sonó en las últimas semanas en alusión a las causas judiciales de exfuncionarios kirchneristas, incluso de parte de la propia Cristina Kirchner. Dijo que se trata de un procesamiento injusto y "totalmente armado".

"Apelaremos un procesamiento político e injusto. Sin evidencias ni pruebas. Totalmente armado y con intencionalidad política. No hay que ser muy vivo para darse cuenta de quiénes vienen por la venganza y el lawfare", tuiteó Alonso.

La semana pasada, el fiscal Gerardo Pollicita pidió el sobreseimiento del juez Rodríguez, en una causa en la que el magistrado estaba acusado de haber cobrado un soborno millonario. Alonso ayer se refirió a la situación de Rodríguez. Publicó en Twitter el artículo de LA NACION sobre ese tema y dijo: "No existen las casualidades".