Procuración: una reforma criticada por los especialistas, que anticiparon su discusión en la Justicia

Lejos de concitar consensos, el proyecto de reforma del Ministerio Púbico Fiscal impulsado por Cristina Kirchner en el Senado mereció la crítica incluso de los juristas invitados por el oficialismo cuando la iniciativa se discutió en comisiones de la Cámara alta, allá por noviembre del año pasado.

Hasta una kirchnerista de nota como la fiscal federal Mónica Cuñarro, miembro activo de Justicia Legítima, cuestionó la fuerte injerencia que el texto le otorga al poder político sobre un organismo como la Procuración General de la Nación, que fue pensado como un órgano extrapoder cuando el instituto fue incorporado a la Constitución en la reforma de 1994.

La discrepancia de Cuñarro fue tan profunda que hasta se permitió cuestionar la relajación de la mayoría legal para elegir al procurador, verdadero corazón del proyecto, ya que le facilitaría al kirchnerismo elegir al nuevo jefe de los fiscales con los votos que hoy tiene en el Senado.

“Un procurador sin dos tercios jamás hubiese sido capaz de impulsar la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida”, sentenció la fiscal ante el silencio incómodo de los senadores oficialistas.

El mismo argumento había dado, apenas unos minutos antes, Nicolás Becerra, exprocurador general y autor de aquel dictamen fiscal que pidió declarar nula ambas leyes.

“Si no hubiera tenido el respaldo de los dos tercios que me confirió el Senado no hubiera podido dictar el dictamen de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida ni hubiera podido rechazar el pedido de reelección del entonces presidente Menem”, recordó Becerra.

Las únicas voces a favor del cambio de la mayoría para elegir al jefe de los fiscales fueron los juristas invitados por el kirchnerismo, para quienes la exigencia de los dos tercios de los presentes en el Senado para designar al procurador contradice la letra constitucional.

“Difícilmente el Congreso pueda agravar mayorías que no están contenidas en la Constitución, que consagra las reglas de mayorías para poder gobernar”, afirmó José Heredia.

“La mayoría de dos tercios es inconstitucional porque todas las mayorías agravadas están expresamente establecidas en la Constitución”, se sumó Guido Risso. Les salió al cruce Marcela Basterra, recordando que la última vez que se eligió procurador sin mayoría agravada fue en los 90.

El cambio de las mayorías para elegir al procurador no fue el único punto cuestionado del proyecto aprobado por el oficialismo en el Senado el 28 de noviembre último, al filo del final del período de sesiones ordinarias del Congreso.

También se escucharon fuertes cuestionamientos al cambio del sistema de remoción del procurador, que hoy exige el juicio político y, por lo tanto, el voto de los dos tercios en cada una de las cámaras legislativas.

“Una remoción del procurador por simple mayoría del Senado conduce a situaciones de debilitamiento institucional, de fragilidad en la gestión y puede determinar situaciones de sumisión y de pleitesía a fin de evitar una destitución tan fácil”, opinó Nadia Espina.

Tampoco concitó adhesión la intención del oficialismo de hacer coincidir el mandato del procurador general con el del gobierno de turno.

“Esto podría llevarnos a una situación incómoda, de satelización del procurador en torno al presidente”, aseguró Néstor Sagüés. En la misma línea se expresó Ricardo Toranzos. “Identificar el período con el del Poder Ejecutivo estará vinculado a una regresión en el ámbito institucional”, sentenció.

Tal vez la opinión más lapidaria fue la del constitucionalista Roberto Gargarella, quien advirtió que el proyecto oficialista “aparece llamativa y exageradamente opuesto a la Constitución”.

“Innovan en la historia del constitucionalismo comparado diciendo que la autonomía y la autarquía son compatibles con que el poder de turno controle la designación y, a la vez, la remoción del procurador y de los fiscales”, destacó.

Tras insistir en que “a la luz de la Constitución” la iniciativa oficialista “resulta inconcebible”, Gargarella fue terminante: “Les pediría de rodillas que no nos arrojen a una batalla constitucional”.

El único punto que obtuvo amplio consenso fue la necesidad de establecer un límite al mandato del procurador, eliminando su actual condición de cargo vitalicio.

Para evitar que se repitieran las críticas, el oficialismo en Diputados solo convocó este viernes al plenario de comisiones a especialistas que apoyan la reforma.