La oposición rechazó tratar la postergación electoral si se avanza sobre la procuración
Juntos por el Cambio se reunió de urgencia para analizar el proyecto y rechazaron el tratamiento de la reforma; “Todos podemos dejar de ser libres con esta ley”, manifestaron tras el encuentro en un comunicado
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Tras denunciar que el Gobierno “quiere quedarse con la libertad de los argentinos” y garantizar la “impunidad” de sus funcionarios, la cúpula de Juntos por el Cambio reafirmó anoche su “total rechazo” a la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal, a la que el oficialismo pretende dar dictamen este martes en la Cámara de Diputados.
Durante la última semana, el oficialismo acercó posiciones con bloques menores de la oposición y recortó la distancia para alcanzar el quorum y aprobar la ley que cambia las mayorías para elegir al procurador, lo que le permitiría reemplazar al procurador interino, Eduardo Casal, y modificar el jurado de enjuiciamiento, con riesgo para la estabilidad de los fiscales que se animen a investigar al poder.
En una reunión que decidieron anticipar y convocar de urgencia anoche ante el avance del kirchnerismo, el principal bloque opositor empezó a explorar alternativas para forzar el freno de la reforma: además de alentar audiencias públicas para exponer los riesgos de la reforma, decidieron condicionar el apoyo a la postergación de las elecciones primarias y generales, acordado días atrás con el Gobierno, a que el oficialismo frene la reforma del Ministerio Público.
“Lo rechazamos porque su tratamiento no es urgente y no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos que sufren la inflación, la falta de vacunas, la pobreza y el desempleo”, explicaron. Además, según sostienen se trata de una nueva avanzada del kirchnerismo sobre la Justicia. Y agregaron: “Sin fiscales independientes solo se puede esperar falta de libertad y persecución a cualquiera que piense distinto. Lo rechazamos porque una vez más quieren manejar la Justicia para garantizar la impunidad en causas que nunca pudieron explicar”.
Se acordó, además, trabajar para que las asociaciones de fiscales y abogados rechacen la norma y para que “la sociedad sepa quiénes votan y cómo”.
Alberto Fernández cuestionó anoche a la oposición. “No tenemos procurador porque a [la exjefa de los fiscales] Alejandra Gils Carbó la amenazaron de uno y mil modos, la persiguieron y provocaron su renuncia”, afirmó el Presidente, entrevistado por C5N. “Juntos por el Cambio no sé si es consciente de que después del daño que hicieron lo mejor que podrían hacer es acompañar los cambios que necesita el país”, continuó, para agregar otro dardo más. “Estamos discutiendo esta reforma porque la oposición nunca quiso aceptar el procurador que les propuse”, dijo, en alusión al juez Daniel Rafecas, cuya candidatura tampoco fue promovida en el Senado por Cristina Kirchner.
Los legisladores de Juntos por el Cambio advirtieron el viernes, tras el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, que las fuerzas del Frente de Todos eran suficientes como para que la iniciativa tenga dictamen y se trate luego en el recinto de la Cámara de Diputados. El plenario de las Comisiones del viernes fue informativo, pero comenzó a tratar el proyecto que tiene media sanción del Senado y que reimpulsa el nuevo ministro de Justicia, Martín Soria. Con algunos cambios, el oficialismo puede conseguir los cuatro o cinco votos que le faltan.
Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, alertó: “La sociedad civil debe hacerse escuchar si queremos una Justicia independiente, sin ella no queda nada de República”. Y anunció que impulsarán “audiencias públicas” para poner en evidencia lo que consideran un avance del kirchnerismo para controlar el Ministerio Público Fiscal y “sembrar el miedo en todos los fiscales que deben investigar los delitos, especialmente los de corrupción”.
“Les permitirá designar un nuevo procurador con la mayoría peronista del Senado o nombrar un procurador interino con la mayoría que tienen en la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. Además, este proyecto peligrosísimo les permitirá poner a todos los fiscales a tiro de destitución, ya que modifican la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento, garantizándose la mayoría dentro del mismo”, advirtió Negri. “Es una ley para la impunidad”, concluyó.
La oposición se retiró del plenario de Comisiones del viernes, presidida por el kirchnerista Rodolfo Tailhade, donde expusieron el juez de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, a favor del proyecto oficial; Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Mariela Labozzetta, fiscal de la Unidad Especializada de Violencia contra las Mujeres; y José Fabián Asís, presidente de la Junta de Tribunales Orales Federales y juez del Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba.
La ley de reforma del Ministerio Público es uno de los instrumentos del Gobierno para incidir en la gestión judicial. El 27 de noviembre del año pasado, el Senado le dio media sanción a esta ley que flexibiliza la mayoría necesaria en la Cámara alta para elegir al nuevo procurador general de la Nación y limita el mandato del jefe de los fiscales a cinco años, con posibilidad de una reelección en el cargo. Si no es posible elegir a un procurador titular, la Comisión Bicameral del Ministerio Público controlada por el kirchnerismo puede nombrar un suplente.
A poco de asumir, el presidente Alberto Fernández le propuso al juez federal Daniel Rafecas convertirse en el Procurador General. Pero Cristina Kirchner nunca puso el pliego sobre la mesa en el Senado para que le den acuerdo.
Rafecas ya dijo que, si se modifican las mayorías necesarias para elegir procurador, que no cuenten con él como candidato, ya que el elegido con ese mecanismo dejaría ser un procurador producto del consenso político, para ser un procurador elegido por un partido.
La principal modificación impulsada por el kirchnerismo para la elección del jefe de los fiscales consiste en la eliminación de los dos tercios de los votos requeridos para que el Senado dé su acuerdo al candidato elegido por el Presidente. Con el proyecto en discusión, alcanzará con reunir la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara alta, un número automático para el oficialismo.
En los cálculos de la oposición, al Gobierno le faltaban ocho votos para probar la ley en Diputados, pero ese número se achicó a unos cuatro o cinco, calculan en Juntos por el Cambio. El Frente de Todos se aseguró el apoyo de los diputados que responden al mendocino José Luis Ramón. El diputado se reunió el jueves con Soria y selló el aval a la ley de sus legisladores, menos el del rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), que responde al senador Alberto Weretilneck, enemigo jurado del ministro Soria por diferencias políticas aparentemente irreconciliables, como suelen ser las del pago chico.
El resto del bloque de Ramón está integrado por Pablo Miguel Ansaloni (Buenos Aires) y Antonio José Carambia (Santa Cruz), Beatriz Ávila (Tucumán), Ricardo Wellbach, Flavia Morales y Diego Sartori (Misiones).
Ramón, cuyo mandato vence en diciembre, le propuso a Soria incorporar al proyecto la creación de una procuraduría especializada en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Aunque ya esa competencia es del Poder Judicial local, porteño, que acaba de aprobar un código procesal al respecto, no del nacional ni del federal.
Los fiscales se oponen a que se cambien las mayorías para elegir procurador y postulan que se modifique la reforma al jurado de enjuiciamiento, para evitar el avasallamiento de su independencia. Soria en un encuentro con el presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, se mostró de acuerdo en impulsar ese cambio, resistido por sus diputados.
También se propuso incorporar la perspectiva de género al proyecto y crear una procuraduría sobre femicidios, aunque ese crimen no es de competencia federal y solo es de competencia de la Justicia Nacional si produce en la ciudad de Buenos Aires.
Si el Gobierno consigue los votos para aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados, con los cambios que prometió Soria, pero que aún no están escritos en ningún lado, la iniciativa debería volver al Senado. Si los senadores insisten con la versión original, quedaría convertida en ley la primera versión, sin los cambios. Esta es la jugada que quiere evitar la oposición y los fiscales que están en desacuerdo con el proyecto.
Cuando un proyecto regresa en segunda revisión a la cámara de origen, hay solo dos opciones en el recinto: la aceptación de las modificaciones o el rechazo de estas y la ratificación de la media sanción original.
El primero en defender el proyecto del kirchnerismo fue el senador Oscar Parrilli, que graficó que el objetivo es desplazar a Eduardo Casal, actual procurador general interino, juzgar al fiscal federqal Carlos Stornelli, que investigó el caso de los cuadernos de las coimas contra Cristina Kirchner. El proyecto que tratara la Cámara de Diputados reduce el mandato del procurador a cinco años, prorrogables por otros cinco.
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