Qué es un veto presidencial

El presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario, lo que llevó a mucho a preguntarse qué es exactamente un veto presidencial y cuáles son sus implicancias.

Se trata de una prerrogativa que posee el Presidente, una herramienta que la Constitución Nacional le da a los mandatarios para evitar que un proyecto aprobado por las dos cámaras del Congreso se convierta en ley. En esta ocasión, el bloqueo a la ley de financiamiento universitario se produjo a través del decreto 879/2024 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

Allí, el Gobierno indicó: “Observase en su totalidad el proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.757″. En el segundo punto, señala: “Devuélvase al Honorable Congreso de la Nación el proyecto de ley mencionado en el artículo anterior”. “Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese”, finaliza.

De todas formas, no se trata de una palabra final, ya que incluso los vetos presidenciales pueden ser revertidos por los parlamentarios. Para esto, tanto la Cámara de Diputados como el Senado deben volver a discutir el o los proyectos de ley vetados y votarlos con al menos dos tercios de los legisladores en cada recinto, en lo que se conoce como mayoría calificada. Así lo dispone el artículo 83 de la Constitución Nacional: “Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: esta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación”.

En el caso de la ley de financiamiento universitario, habrá que ver si diputados y senadores se unen para mantener el proyecto, que prevé la actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales hacia el futuro, pero también de manera retroactiva, entre otros puntos que hacen a la recomposición de los salarios del personal y los gastos de infraestructura de estas casas de estudio públicas.

En septiembre, luego de obtener la aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado votó a favor de la ley de financiamiento universitario, que, como se mencionó, establece una recomposición del presupuesto de las universidades nacionales según el índice de inflación. La ley que obtuvo la aprobación en el Congreso buscaba establecer criterios para el financiamiento de las universidades nacionales y planteaba declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional. Además, establecía la actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales con retroactividad al 1° de diciembre del año pasado.

La ley de financiamiento universitario, a su vez, tenía prevista la realización de auditorías sobre la ejecución de los fondos universitarios, las que estarán en manos de la Auditoría General de la Nación (AGN). Según sus defensores, el costo total del proyecto representa el 0,14% del PBI, y se produce en un contexto en el que los gremios universitarios denuncian una caída del 50% de sus ingresos reales desde diciembre. El pasado viernes 13 de septiembre, el proyecto se transformó en ley en el Senado, con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención.

Una vez que se conoció el resultado de la votación, el presidente Javier Milei anticipó que iba a vetar la legislación, porque considera que la erogación presupuestaria para las universidades va en contra del objetivo de alcanzar el déficit 0 del presupuesto, una de las finalidades de su gestión. En este sentido, criticó que la iniciativa no estableciera la fuente de financiamiento para la actualización del presupuesto de las universidades.

Con esta advertencia, se convocó a una marcha nacional en defensa del proyecto de financiamiento universitario. Manifestaciones paralelas en todo el país convocaron a miles de personas, con representaciones civiles, universitarias, sindicales y partidos políticos, que se unificaron en el reclamo de que el Presidente no vetara la legislación votada por el Congreso.

Pero en la noche del jueves, tras la marcha federal universitaria, el presidente Milei impugnó la ley de financiamiento universitario. Un comunicado previo de la Oficina del Presidente advirtió que el mandatario vetaría el “irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso”.

“Esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios”, explicitaba el comunicado. “El objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez”, concluyó el mensaje oficial que antecedió el veto presidencial sobre la ley de financiamiento universitario.

Este miércoles la Cámara de Diputados discutirá el bloqueo presidencial a la ley. Mientras que el Gobierno tendrá el apoyo del bloque del Pro para mantener el veto, tendrá que conseguir aliados en el radicalismo para poder hacer frente a la oposición, que insistirá en mantener vigente la ley de financiamiento universitario aprobada por ambas cámaras, pero vetada por el oficialismo.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) convocó a una jornada de “alerta y movilización” en rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, que será debatido este miércoles en la Cámara de Diputados.

En este sentido, a las 11 de la mañana se concentrarán en las inmediaciones del Congreso, donde también harán una radio abierta, para expresar el desacuerdo con la medida que pretende concretar el presidente Javier Milei y para exigir a los legisladores que no la acompañen.

Si bien desde el Gobierno no informaron las calles exactas que se verán comprometidas, toda la zona del Congreso estará con circulación reducida.

LA NACION

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