Quién es Ignacio Yacobucci, el funcionario que el Gobierno desplaza del estratégico organismo antilavado

Abogado, Magister en Derecho Penal, contador, profesor universitario e hijo de un camarista. Son las notas principales de Ignacio Yacobucci, desplazado de la estratégica Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado, por diferencias con el Gobierno. A Yacobucci lo acusan de llevar gastos que desafían la austeridad, algo que en su entorno desmienten categóricamente. Durante su mandato, la UIF tuvo un rol activo en causas calientes, algo que generó roces en el oficialismo.

Impulsado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, Yacobucci llegó al cargo desde la secretaría de la Cámara Federal de Casación. Allí trabajaba en una vocalía bajo las órdenes del juez Javier Carbajo. “La capacidad del candidato no está en duda. Impecable. Pero es un lugar que requiere armado de equipo. Es el gran candidato”, le decía una fuente oficial a LA NACION, cuando su candidatura tomaba forma casi de manera definitiva en los primeros días de la gestión libertaria.

Antes de ser seleccionado para el cargo, Yacobucci era profesor universitario de la Universidad Austral, casa en la que se recibió de abogado. También dictaba cursos de posgrado en la Universidad del Litoral. Es magister en Derecho Penal, contador público por la Universidad Católica y cuenta con varias diplomaturas, una de ellas en derecho aduanero. Su padre Guillermo Yacobucci es juez de la Cámara Federal de Casación Penal. En su formación también se destaca una Diplomatura en Compliance, en la Austral, y otra en penal económico.

Todas condiciones que fueron del agrado del ministro Cuneo, y lo llevaron no solo a ser designado al frente del organismo anti lavado –luego de pasar un período de impugnaciones, una audiencia pública y una investigación fiscal– sino también a concentrar sobre sus hombros otras competencias a los pocos meses de asumir: la representación nacional ante el GAFI, la GAFILAT y la GELAVEX, además de la coordinación nacional de un programa para el combate del lavado de activos. Sin embargo, el Gobierno ya le había retirado parte de esa confianza.

Tras la abrupta salida de su vice, Manuel Tessio, empujada por la Casa Rosada luego de que la UIF se presentara como querellante en la causa en la que se investiga a Martín Insaurralde, Yacobucci fue secundado en octubre por Santiago Martín González Rodríguez.

En el medio, el organismo se presentó como querellante en la causa que investiga al Polo Obrero por desviar fondos destinados a planes sociales y apeló la decisión de la Cámara de Casación que desligó al empresario Ángelo Calcaterra del juicio oral por la causa de los cuadernos de las coimas.

Ahora, el Gobierno amplificó en voz baja un paquete de acusaciones directas contra Yacobucci. Una de ellas apunta a los presuntos gastos que el flamante extitular de la UIF hizo durante los numerosos viajes que realizó mientras estuvo al frente del organismo. Un frustrado viaje a Paraguay en primera clase, decía el Gobierno en las últimas horas, fue la gota que rebalsó el vaso. Cerca de Yacobucci rebaten estos cuestionamientos e insisten en que todos los vuelos fueron en económica y aprobados por el ministerio, a excepción de un viaje relámpago a Comodoro Rivadavia por un pedido de Cúneo para que lo acompañe en la presentación del nuevo sistema acusatorio.

El otro eje de las acusaciones está vinculado a sus movimientos en las mencionadas causas. Su salida, en medio de las negociaciones del Gobierno con el kirchnerismo por los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, avivó las especulaciones. La UIF es un ente autónomo y autárquico clave en el control del lavado de dinero producto de delitos graves como el narcotráfico, la corrupción y el financiamiento al terrorismo internacional. Integra una red propia de organismos similares que funciona en 170 países. Se llama Grupo Egmont y es una organización conformada por unidades de Inteligencia Financiera de todo el mundo.

Esta red intercambia información de inteligencia financiera contra el lavado de dinero más allá de los mecanismos judiciales. La ley argentina obliga a los bancos, aseguradoras, concesionarias de autos y galerías de arte, entre otros, a denunciar con Reportes de Operaciones Sospechas (ROS) de lavado de sus clientes y ese insumo es el que alimenta las investigaciones de la UIF y el intercambio de información.

LA NACION

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