Quién es Santiago Goodman, el gremialista que podría ir a la cárcel por incendiar la Legislatura de Chubut

RAWSON.- La convocatoria para mañana a un paro nacional de la CTERA instaló en el escenario nacional a Santiago Goodman, un referente sindical de Chubut sobre quien este miércoles podría recaer una pena de entre 3 y 10 años de prisión, tras ser declarado culpable del ataque e incendio de la Legislatura de esta provincia, en el marco de una violenta protesta ocurrida en 2019.

Goodman fue a juicio y conocerá mañana la condena por el delito de incendio intencional, según el veredicto leído por la jueza María Tolomei la semana pasada. Los hechos que se ventilaron en el juicio oral ocurrieron en la noche del 17 al 18 de septiembre de 2019 en Rawson.

Los incidentes tenían como telón de fondo un acampe docente, paro y movilización, en protesta contra un gobierno que había otorgado un aumento salarial extraordinario en abril de ese año, incluyendo una cláusula gatillo con ajuste inflacionario, pero que después no pudo afrontar por falta de fondos.

Goodman -un docente de 47 años, que nació en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, y que desde hace más de 20 años vive en Chubut- ocupaba el cargo de secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), uno de los gremios mas combativos durante la gestión del gobernador Mariano Arcioni.

Ahora, un juicio ubicó al sindicalista en el ojo de la tormenta: en los videos quedó registrado como uno de los principales autores de los desmanes. Pese a ello, CTERA convocó para mañana a un paro nacional “en contra de la criminalización y judicialización de la protesta social” y reclamó la absolución de Goodman.

Goodman inició su carrera docente en Chubut trabajando en una escuela de una pequeña localidad del sudoeste, José de San Martín, para finalmente conseguir el traslado y afincarse en Rawson en 2005. Condujo la ATECh durante 14 años. Primero fue secretario gremial de 2007 a 2009, luego secretario adjunto de 2009 a 2013, y finalmente en 2014 fue electo secretario general -máximo cargo del sindicato-, en el que estuvo por 7 años, hasta fines de 2021.

De perfil combativo, lideró las protestas contra del gobierno provincial durante los años en los que esta provincia implementó un pago escalonado a los empleados estatales. A partir de 2018 fue uno de los referentes del Frente de Gremios Estatales que instaló un acampe frente a Casa de Gobierno, en Rawson, en el marco de un paro docente.

Goodman participó de cortes de ruta y hasta pasó toda una noche en un albergue con funcionarios “retenidos” que no pudieron salir o en un salón de Casa de Gobierno esperando a ser recibido por algún referente del Gobierno provincial. En Rawson, Goodman mostró en abril último su faceta artística y los años en un conservatorio de música: acompañado por una tecladista y con guitarra en mano, se presentó en el Cine Teatro para interpretar temas de Charly García y Luis Alberto Spinetta.

De tono de voz alto, los reclamos más fuertes llegaron en 2019 cuando Goodman fue protagonista de otras protestas. La primera fue en septiembre en una marcha que terminó con el incendio de la Legislatura. La segunda fue en noviembre, cuando fue detenido por la policía en una manifestación docente en Casa de Gobierno con incidentes, ya que se derribó una valla y hubo gases lacrimógenos. Su detención, ordenada por el entonces jefe policial Miguel Gómez, le costó la salida del gabinete a quien era ministro coordinador, Federico Massoni, en un intento por descomprimir la escalada del conflicto.

El juicio

Los destrozos de la protesta de setiembre dejaron un edificio dañado cuya reconstrucción demoró tres años. La semana pasada, la jueza halló a Goodman culpable como coautor. En los alegatos finales, la Fiscalía sostuvo que el ex dirigente de ATECh, junto a las otras dos imputadas, “sabían lo que hacían” y que el delito podría arrastrar una condena de entre 3 y 10 años de cárcel.

Goodman era el principal imputado junto a Mariana Castro y Marcela Ancaleo por los delitos de incendio y daños en la explanada e inmediaciones de ingreso de la Legislatura del Chubut, el 17 de septiembre del año 2019.

La resolución de la magistrada declaró culpable del ex dirigente de ATECh como coautor del hecho, absolviendo de este cargo a Castro y Ancaleo. Los tres, en cambio, fueron absueltos por el incendio en la puerta dos de la Casa de Gobierno ocurrido en la madrugada del 18 de septiembre de 2019.

El delito prevé penas que van de los 3 a los 10 años de prisión. De manera subsidiaria, la fiscalía postuló que se impute el delito de “daño agravado”, con penas de tres años para cada uno de los imputados, considerados coautores y partícipes necesarios.

La fiscal de Rawson, Florencia Gómez, anticipó que solicitará una pena de 5 años de prisión en la audiencia de “cesura de pena”. Valoró que “encuentro al fallo como satisfactorio. La jueza coincidió con la teoría, imputación y las pruebas de la Fiscalía en contra de Goodman. Había testigos y filmaciones donde se analizaron los hechos en los cuales se lo imputó por el delito de ‘incendio intencional”.

“Cuando tuvo el derecho a declarar, Goodman se hizo cargo y reconoció que había hecho algo que no correspondía. En el alegato final cuando solicité la culpabilidad de Goodman, manifesté que él mismo había reconocido que había realizado hechos que estaban prohibidos”, agregó la fiscal.

La fiscal se refirió al reclamo de CTERA a nivel nacional tras conocer la condena de Goodman y sostuvo que “los gremios tienen derecho a la protesta si consideran que esta situación los perjudicó. En el alegato final, le manifesté a la jueza que en ningún momento la Fiscalía cuestionó el derecho de todo ciudadano a realizar una protesta en relación a un hecho que necesita ejercer. Es un derecho constitucional. Pero no se podía pretender encubrir un delito penal con una protesta social”, dijo.

La protesta que derivó en el juicio provocó una hoguera en la Legislatura que estuvo descontrolada durante horas, sin intervención de bomberos. Hubo destrozos en el ingreso al edificio legislativo, y luego el epicentro del reclamo se trasladó a Casa de Gobierno, donde también hubo fuego, pero no se pudo identificar a los autores.

La consecuencia fue que el edificio legislativo quedó seriamente dañado, y que aún no se pudo reconstruir el ingreso, cuando ya pasaron casi tres años. Pero además de los daños materiales y la destrucción de un edificio público, para la fiscal Gómez se puso en riesgo la vida de la gente.