Rechazaron un habeas corpus de Sergio Urribarri para salir de la cárcel
El exgobernador de Entre Ríos fue detenido ayer y alojado en un penal de Paraná; le queda todavía un recurso ante el Superior Tribunal de la provincia; en 2022 fue condenado a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua
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LA NACION
La justicia de Entre Ríos rechazó hoy un habeas corpus presentado por el exgobernador Sergio Urribarri, que está preso desde ayer en una cárcel de Paraná y pretendía ser liberado.
El pedido del exmandatario fue rechazado porque la jueza Carola Bacaluzzo, que entendió que la vía procesal elegida por Urribarri -el habeas corpus- no era la correspondiente para pedir la liberación, según informó el fiscal entrerriano Gonzalo Badano a LN+. El habeas corpus es una acción que prevé una rápida solución judicial cuando la libertad física de una persona se ve atacada o amenazada de forma ilegítima por una autoridad pública. Al exgobernador le queda todavía la posibilidad de recurrir, por el camino tradicional, ante el Superior Tribunal de Entre Ríos la prisión preventiva dispuesta en su contra.
Mientras tanto, sigue detenido junto a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, en una sala de la Unidad 1 de Paraná. Los dos detenidos están juntos, sin otros contactos. Se trata de una cárcel de más de 100 años con 960 internos -260 de ellos, presos federales- y casi sin espacio para nuevos ingresos, dijo un funcionario de la provincia, que confirmó que se está analizando la posibilidad de trasladar a Urribarri a la cárcel de Gualeguaychú, la más nueva de Entre Ríos, que tiene 3000 detenidos. Pero el traslado debería ser ordenado por la Cámara de Casación porque ese tribunal, en el fallo que dictó la prisión preventiva, dispuso que se alojara al exgobernador en la Unidad 1 de Paraná.
Urribarri fue detenido ayer por la mañana por orden de la Casación provincia, que dispuso su “inmediata captura” en la causa en la que está condenado a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
Urribarri fue encontrado culpable de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con el cargo de gobernador, pero como la condena todavía no está firme, técnicamente no comenzó a cumplir su pena. Lo dispuesto ayer por la justicia provincial es una prisión preventiva para evitar que el exmandatario, cuya situación judicial es cada vez más complicada, se fugue.
Fuentes oficiales relataron a LA NACION que Urribarri fue detenido en Concordia, en su casa, y que cuando le comunicaron que iban a buscarlo, “se descompensó” (tiene diabetes, informaron). Fue trasladado, acompañado por su médico personal, a la cárcel de Paraná, en una camioneta de la Policía custodiada por un patrullero. El viaje demoró unas tres horas. Llegó a la prisión a las 17:23 de ayer y fue alojado separado del resto de la población carcelaria.
Hoy, la jueza que rechazó el habeas corpus ordenó que, por seguridad, a Urribarri no lo ubicaran con los presos que están condenados. Lo mismo dispuso respecto de Aguilera, también detenido ayer.
Las capturas de ambos se ordenaron en el marco de la causa en la que la justicia entrerriana consideró probado que Urribarri dispuso en forma ilegal de fondos públicos para financiar sus campañas electorales; entre otras maniobras, a través de contratos de imprenta y publicidad.
El exgobernador -que era aliado del kirchnerismo y durante el gobierno de Alberto Fernández fue embajador en Israel- fue condenado el 7 de abril de 2022 y esa sentencia fue confirmada por la Casación de Entre Ríos en 2023. Urribarri presentó un recurso extraordinario y tiene todavía la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revierta su condena.
El argumento central del fallo de la Casación para ordenar la detención de Urribarri fue el “peligro de fuga”. La Cámara entendió que cambiaron las circunstancias -antes había rechazado el pedido de la fiscalía de encarcelarlo- porque ahora Urribarri tiene una condena confirmada. Y eso se suma a la posibilidad de escapar que le dan sus “importantes vínculos”, según el voto de la jueza Marcela Davite, al que adhirieron las otras dos juezas que firmaron el fallo, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.
Las juezas recordaron que en la causa se probó que, como “la máxima autoridad del Poder Ejecutivo” (fue gobernador entre 2007 y 2015), Urribarri y sus coimputados actuaron “en total impunidad durante ocho años”: recurrieron a “testaferros”, “destinaron el dinero público a fines personales y se sirvieron del aparato estatal y de las facultades legales y constitucionalmente asignadas, y también de las relaciones que entablaron durante el ejercicio de la función pública”.
Otro argumento para disponer la prisión preventiva fue la actitud del exgobernador después de ser condenado, con “acciones concretas y comprobables para no someterse al procedimiento -que aún no ha finalizado- e impedir el cumplimiento de la pena”, dijo la Casación provincial. El fallo de hoy destacó además que Urribarri tiene “recursos económicos” y relaciones con personas que pueden ayudarlo económicamente; “capacidad para trasladarse de un lugar a otro y vínculos en el extranjero”.
LA NACION
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