Reclaman al Gobierno que erradique los teléfonos de las cárceles y piden a la Corte que se involucre

Ante la explosión del narcotráfico y los secuestros extorsivos organizados desde las cárceles, como se verifica en la crisis de seguridad que afronta Rosario, la Procuración General de la Nación exhortó al Gobierno a que extreme los recaudos para erradicar la utilización de teléfonos celulares en los penales federales y solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, que coordine una política entre los diversos poderes del Estado para atacar el problema.

Los fiscales le pidieron al ministro de Justicia, Martín Soria, de quien dependen las cárceles federales, que “de manera urgente”, y por su intermedio, todos los organismos de la administración pública nacional “extremen las medidas” para evitar el uso de celulares en los penales de máxima seguridad, que están prohibidos, colocar inhibidores de señales en los pabellones, “evitar los diversos factores que facilitan o promueven este tipo de maniobras” y evitar las consecuencias que estas conductas tienen sobre las causas en trámite y los jueces, fiscales, funcionarios, víctimas y testigos que son amenazados por los narcotraficantes.

Así se resolvió al término de la reunión de la mesa de cárceles de la Procuración, de la que participaron fiscales federales especializados en drogas, antisecuestros y que investigan corrupción administrativa de funcionarios, entre ellos los integrantes del Servicio Penitenciario.

Estuvieron el secretario de coordinación institucional de la Procuración, Juan Manuel Olima Espel, mano derecha del procurador Eduardo Casal; el fiscal Diego Iglesias de la Procuraduría de Narcocriminalidad; y Sergio Rodríguez de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), entre otros funcionarios.

Según informaron fuentes judiciales, durante el encuentro se trabajó sobre un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos, a cargo del fiscal Santiago Marquevich. Allí, el fiscal Iglesias presentó un detalle caso por caso de los presos que manejan el narcotráfico desde sus celdas mediante el acceso a teléfonos celulares y señaló que la respuesta de los jueces y de los funcionarios penitenciarios “es dispar” a la hora de reprimir estas conductas.

Iglesias recordó que la ley prohíbe que los presos tengan celulares en los penales, pero advirtió que aún así su uso es cotidiano. “Pese a la prohibición expresa prevista en el artículo 160 de la ley 24.660 y las recomendaciones emitidas por este Ministerio Público Fiscal en 2021, las comunicaciones y la utilización de equipos o terminales móviles por parte de las personas alojadas en establecimientos penitenciarios, continúa siendo de uso cotidiano”, expresó el fiscal.

En la misma línea, destacó que aún cuando los narcotraficantes son apresados, se da una “permanencia de graves actividades criminales cometidas por parte de las organizaciones”, lo que “representa una grave amenaza e incrementa las dificultades para una adecuada investigación penal”.

Iglesias repasó las medidas de seguridad adoptadas con los narcos presos de alto perfil, pero recordó que desde los penales “se siguen consolidando lazos delictivos que permiten la continuidad y el avance de las organizaciones criminales en el territorio argentino y que afectan seriamente a la sociedad en su conjunto”.

Dijo que la respuesta judicial es “disímil” por parte de “los órganos jurisdiccionales que tienen a su cargo la detención y/o control de la ejecución de las penas privativas de la libertad, de las personas condenadas por hechos de criminalidad organizada vinculada con la narcocriminalidad”.

Por su parte, el fiscal Rodríguez comentó en el encuentro el avance de las averiguaciones sobre la corrupción penitenciaria, que permite que existan celulares en los penales federales de máxima seguridad, y describió las gestiones que se realizaron ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para que la mayor conectividad que proporciona el organismo no termine beneficiando a los presos de máxima seguridad. En particular explicó que se gestionó la colocación de “inhibidores de señal en los pabellones o módulos de cada penal”.

Durante el encuentro se compartieron otros dos informes que elaboró la fiscalía antisecuestros de Marquevich, de 2021 y 2022, en los que surgió que diversos secuestros extorsivos fueron planificados, dirigidos y ejecutados por delincuentes que se encontraban recluidos en unidades carcelarias.

Allí se detectó que usaban celulares “dentro de establecimientos carcelarios federales y de la provincia de Santa Fe, con los que las personas privadas de su libertad continuaron liderando organizaciones criminales y ejecutando graves delitos”. Había en estos casos, según los informes de la fiscalía antisecuestros, “la complicidad de funcionarios de los servicios penitenciarios en la introducción de los equipos de comunicación dentro de los penales para el uso de los reclusos”.

Por eso, encomendaron a Olima Espel que “realice gestiones con el presidente de la Corte Horacio Rosatti “a fin de promover un abordaje interinstitucional, coordinado e integral junto con el Poder Judicial de la Nación” de este grave problema que afronta la seguridad del país.

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