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Referentes de derechos humanos le piden al Presidente que les dé la ciudadanía a los nicaragüenses expulsados
Lo hacen en función de la jurisprudencia de la declaración de 1948 y del Pacto de San José de Costa Rica; incluye a los deportados la semana pasada y a los que se les quitó la nacionalidad estando ya en el exterior
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LA NACION
Los integrantes de La Mesa de Discusión sobre Derechos Humanos, Democracia y Sociedad le pidieron al presidente Alberto Fernández que les otorgue la ciudadanía argentina a los 317 nicaragüenses que fueron expulsados de su país por el régimen de Daniel Ortega.
“La decisión del gobierno nicaragüense no solo es arbitraria sino violatoria de las principales declaraciones y convenciones internacionales sobre Derechos Humanos de las que nuestro país es signatario, y para las cuales la nacionalidad es un derecho propio e inalienable del individuo”, señala el texto que está firmado por Graciela Fernández Meijide, Claudia Hilb, Hilda Sábato, Patricia Tappatá Valdez, Alejandro Katz, Sergio Bufano, Lucas Martín, Hugo Vezzetti y Rubén Chababo.
Menciona como jurisprudencia para respaldar ese planteo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que sostiene en su artículo 15 que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad”, y que “a nadie se privará arbitrariamente” de la misma”; y también la Convención Americana de 1969 (Pacto de San José de Costa Rica, Art. 20), que añade que “toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra”.
“Honrar la tradición argentina de los derechos humanos, una tradición que es el suelo común de nuestra democracia y que se expresa en la inclusión de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos en nuestra Constitución, honrar esa tradición, señor Presidente, nos obliga a incluir en nuestra comunidad política a quienes han sido brutalmente privados de su nacionalidad. Entre esas personas se cuentan figuras relevantes de la vida pública nicaragüense, algunas de las cuales han sido destacados combatientes contra la dictadura de Somoza”, agrega el grupo de referentes de los derechos humanos.
Piden finalmente “una respuesta urgente” que “pondría una vez más a nuestro país en la vanguardia del cuidado de los derechos humanos”.
El proceso se inició el 9 de febrero cuando el gobierno de Daniel Ortega liberó a más de 200 presos políticos que estaban en diferentes penales de Nicaragua y los envió en un vuelo privado a Washington.
“Para proteger la paz, la seguridad nacional, al orden público, la salud, la moral pública, los derechos y libertades de terceros, los sentenciados que por diversos ilícitos violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional atentando contra el estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, perjudicando el interés supremo de la nación, por consiguiente se ordena la deportación inmediata y ya afectiva de 222 personas”, fue la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua por la que se dispuso la medida.
La Mesa de Discusión incluye entre sus reclamos a los 222 expulsados la semana pasada, y otros 94 nicaragüenses que ya residían en el exterior y a los que en los últimos días el régimen les de Ortega les quitó la nacionalidad y les expropió sus bienes.
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