Reforma Laboral: el Gobierno defiende el proyecto en el Senado ante las críticas del kirchnerismo
Bullrich quiere firmar dictamen este jueves; el secretario de Trabajo, Julio Cordero, aseguró que la iniciativa busca crear empleo, pero para el peronismo el texto fomentará la informalidad y la evasión fiscal
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LA NACIONGustavo Ybarra
El debate de la reforma laboral en el Senado comenzó con un claro enfrentamiento entre el Gobierno, que promueve los cambios en la legislación laboral con el argumento de que quiere crear empleo, y la oposición del bloque kirchnerista, que se ubicó en las antípodas de la postura de la Casa Rosada.
Aunque sin criticas rimbombantes, en los bloques de la oposición dialoguista se escucharon algunas dudas sobre varios aspectos de la iniciativa. Un tema recurrente fue el temor a una eventual desfinanciación del sistema previsional que podría traer aparejada la rebaja de aportes patronales. También se escucharon reparos a la derogación de algunos estatutos especiales, como el de los periodistas, viajantes de comercio y peluqueros.
La intención de la jefa del bloque oficialista y presidenta de la Comisión de Trabajo, Patricia Bullrich, es emitir dictamen este jueves, al final de la que será una nueva jornada de exposiciones sectoriales.
“Si podemos, sí. Estamos hablando con todos los bloques”, respondió ante una consulta de LA NACION sobre si quería darle este jueves un cierre al debate con la firma del despacho. Con ese objetivo, la senadora y su equipo trabajan contrarreloj receptando los pedidos de modificaciones planteados por los diferentes bloques.
“El empleo lo genera la actividad económica, y la actividad económica esta por el piso; hay una recesión brutal en la Argentina. Esta ley [por el proyecto] promueve la informalidad, la evasión y el fraude laboral”, sentenció el kirchnerista Mariano Recalde (Capital) en el inicio del debate.
Salió, así, al cruce de la exposición del secretario de Trabajo, Julio Cordero, que dio inicio al debate de la reforma laboral en el Senado, que se lleva adelante en un plenario de las comisiones de Trabajo −que es cabecera y preside Patricia Bullrich− y de Presupuesto y Hacienda.
En una breve intervención de menos de diez minutos, Cordero había destacado las bondades del proyecto, al que calificó como “extremadamente equilibrado” y que viene a solucionar el estancamiento en los últimos diez años que, dijo, muestran los indicadores de creación de trabajo en el sector privado. También hizo hincapié en “la litigiosidad y cargas adjuntas al trabajo” que sufren los empleadores, en particular las pymes.
“Para que haya una persona trabajando alguien tiene que contratarlo. La imposición no forma parte de la libertad de la contratación y esta debe tener reglas claras, que nos lleven a que haya un fomento y no un estancamiento”, afirmó Cordero.
En ese sentido, el secretario de Trabajo dijo que el proyecto “se analizó durante mucho tiempo”, y que se hizo haciendo caso a “un pedido de la ministra Sandra Pettovello para que se conservaran los derechos esenciales de los trabajadores”.
Cordero reconoció que en la redacción de la reforma “se buscó la reducción significativa de los costos adicionales que llevan a una informalidad en el mundo del trabajo”, tras lo cual remató su exposición afirmando que “lo que este Gobierno busca es que las soluciones lleguen al mundo real, al mundo laboral”.
Más breve aún fue la subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía, Daniela Ramos, quien destacó que el proyecto está destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas para “ponerlas en un pie de igualdad respecto a los grandes proyectos de inversión” que fueron regulados en la Ley Bases.
“Pensamos en inversiones que generarán ingresos que nos permitirá sostener el equilibrio fiscal, que es una condición indiscutible de este Gobierno”, remató Ramos, reiterando el credo rector de la administración libertaria de Javier Milei.
La primera intervención después de los funcionarios fue la de Recalde, que habló durante mas de media hora para cuestionar de manera global la iniciativa y establecer duras críticas a cuestiones puntuales que busca modificar la iniciativa, como el pago de horas extra y de la duración de la jornada laboral, entre otros puntos.
“Destilan odio, antiperonismo, revanchismo patronal, revanchismo del patrón de estancia”, afirmó Recalde, quien se preocupó por destacar que participaba en el plenario porque no quería evitar el debate, pero que el kirchnerismo mantenía la impugnación a la composición de las comisiones acordada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el resto de los bloques.
Según Recalde, el texto enviado por el Poder Ejecutivo “es todo lo contrario” a lo que había sostenido Cordero. “El empleo no está estancado, está en caída desde que Milei es presidente”, replicó el senador.
“Nunca una ley laboral logró que se genere empleo, nunca una ley laboral que reduzca derechos generó puestos de trabajo”, insistió Recalde antes de sostener que “la generación de empleo pasa por un plan económico”.
Aunque no emitió opinión sobre el proyecto, la provincial salteña Flavia Royón marcó una clara diferencia ideológica con la postura de la Casa Rosada, al manifestarse convencida de que “la generación de empleo es producto de una política macroeconómica, de una política industrial, no de una relación causal de una reforma laboral si genera empleo o no”.
Royón fue la primera en plantear sus dudas sobre el impacto de la reforma en el sistema previsional al preguntarse si “van a ser los jubilados los que van a pagar” el fondo de indemnizaciones que crea el proyecto.
“El fondo está pensado para tener seguridad jurídica muy fuerte y que mantenga el equilibrio fiscal”, respondió Cordero. “Se analizó para que no afectara en lo más mínimo ni detrajera ningún derecho de ninguna característica”, agregó el funcionario cuando el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), volvió a la carga sobre el mismo punto.
Abad fue uno de los que planteó la necesidad de aplicarle modificaciones al proyecto, que no debería ser aprobado tal como lo envió el Poder Ejecutivo. “Estoy a favor de sancionar los bloqueos sindicales, pero no podemos dejar librado a la reglamentación cuáles van a ser las sanciones”, advirtió.
En esa línea, el senador radical también pidió tomar en cuenta la situación de los trabajadores de plataformas digitales y pidió establecer un plazo de tiempo para evitar la caída immediata de la ultraactividad porque “cuando los convenios terminan quedan librados a las partes, pero ahí hay una parte que es más fuerte, que es el empleador”, alertó.
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