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Repudio del Colegio de Abogados a la denuncia de la AFI contra periodistas y medios de comunicación
En un comunicado planteó que se trata de una violación a las garantías constitucionales y “una inadmisible amenaza a la libertad de expresión”
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LA NACION
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires emitió hoy un comunicado en el que alerta sobre “el grave ataque a la libertad de expresión y de prensa y al derecho a la información” protagonizado por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, al formular una denuncia penal contra los periodistas Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro, y contra los diarios Clarín y LA NACION.
“En abierta violación de la Constitución Nacional y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el titular de la AFI los acusó de infringir los artículos 16, 16 bis y 17 de la ley de 25.520 por publicar el contenido de documentación parlamentaria vinculada con la investigación de hechos ilícitos que podrían tener lugar en el ámbito de la entidad que dirige el denunciante. Los periodistas y los medios de comunicación se han limitado a difundir y ofrecer al debate legítimamente información estatal de profundo e indiscutible interés público pues ella se vincula de manera directa con posibles hechos delictivos y maniobras de espionaje ilegal dentro de un organismo del Estado”, explica el texto de la entidad
Rossi presentó una denuncia contra los periodistas y los medios porque dieron a conocer la identidad de cuatro agentes de la AFI, aunque el propio funcionario lo había hecho público anteriormente.
El Colegio de Abogados entiende que “la difusión periodística de dicha información y las fuentes de que se nutrieron los periodistas están protegidas por las garantías constitucionales y convencionales mencionadas” porque “la sanción prevista por el artículo 17 de la Ley de Inteligencia Nacional alcanza a quienes revelen o difundan información clasificada como secreta. Pero es evidente que ese castigo está dirigido solamente a funcionarios públicos o a particulares que acceden a información calificada como secreta, sea porque ejercen una función vinculada con el manejo de esa información o porque mantienen algún tipo de vínculo o relación contractual, directo o indirecto, con el Estado”.
Y después completa: “Pretender extender el alcance de la ley más allá de los destinatarios a quienes debe ser dirigida para así castigar a periodistas y/o a medios de comunicación, constituye una conducta incompatible con la libertad de expresión y de prensa asegurada por la Constitución Nacional y por el sistema interamericano de derechos humanos. Este tipo de persecuciones, además, tienen un efecto silenciador de la prensa libre, pues habrá quienes anoticiados de hechos revestidos de interés público preferirán callar por temor a verse sometidos a proceso penal”.
En el final del comunicado, la entidad señala que “la persecución penal a los periodistas que revelen información estatal es una inadmisible amenaza a las libertades de expresión y de prensa, cuya restricción socava los fundamentos de la democracia y facilita la instauración de regímenes autoritarios”.
LA NACION
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