Restricciones: la oposición recibe con reparos el proyecto de ley del Gobierno

Si bien aún no se conocen los detalles del proyecto del Gobierno para establecer por ley los parámetros para administrar la pandemia de coronavirus, desde Juntos por el Cambio adelantaron que rechazarán la iniciativa si, como lo establecieron los últimos decretos de necesidad y urgencia, violenta el federalismo y las competencias provinciales.

“Si vamos a discutir una ley marco para resolver el pase de factura del Gobierno nacional a la Ciudad [de Buenos Aires], estaremos en contra”, afirmó el jefe de los senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR-Formosa).

Según confiaron voceros oficialistas, la iniciativa ingresaría este lunes por el Senado y, tras su rápido tratamiento en comisiones, iría al recinto la semana próxima.

En diálogo con LA NACION, Naidenoff manifestó la voluntad de la principal coalición opositora de discutir en el Congreso parámetros objetivos sobre la situación epidemiológica, pero advirtió que la iniciativa “debe tener criterios uniformes y no los criterios que hemos vivido”. Y ejemplificó: “A mí me tocó de cerca, en Formosa, donde te tratan como un delincuente si tenés el virus”.

En la misma sintonía se manifestó el jefe de los diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri (UCR-Córdoba). “Debatiremos el proyecto que enviará el Presidente, pero bajo ningún punto de vista vamos a conceder facultades extraordinarias para disponer de la libertad de los argentinos o avasallar las autonomías de las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, advirtió.

En este escenario, el proyecto del Poder Ejecutivo promete reeditar en el Congreso el choque de opiniones por las restricciones a las clases presenciales protagonizado por Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta que obligó a fallar a la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, el oficialismo encontraría en el Poder Legislativo un terreno mucho menos adverso que en los estrados judiciales. Por lo pronto, en el Senado el Frente de Todos tiene mayoría absoluta y un bloque alineado detrás de la figura de Cristina Kirchner dispuesto a aprobar la iniciativa.

Pero, además, el proyecto encontraría el suficiente respaldo en la Cámara de Diputados, pese a que el oficialismo no tiene mayoría propia para sancionar la iniciativa.

Como ocurrió con anteriores proyectos polémicos, como la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo podría conseguir los votos necesarios en la diáspora de bloques integrados por fuerzas provinciales, lavagnistas y peronistas no kirchneristas.

Buena predisposición

En este sentido, el silencio oficial de esos legisladores es todo un síntoma de que no opondrán una resistencia cerril al proyecto y que estará en la habilidad negociadora del oficialismo la suerte de la iniciativa.

Así, por ejemplo, los diputados del Frente Renovador de Misiones y de Juntos Somos Río Negro dejaron trascender que apoyarían el proyecto si el Gobierno elimina el sistema de fases. Sostienen que el parámetro es lógico para los grandes conglomerados urbanos, pero no así en los pequeños poblados, donde el cierre total ha provocado grandes daños económicos.

En el interbloque Federal, donde conviven lavagnistas con peronistas cordobeses y socialistas, apoyan la idea de que el Congreso defina los criterios epidemiológicos. Uno de sus referentes, el peronista Eduardo Bucca, apoyó la idea. Pero hay diputados que tienen dudas en torno al tema educativo, porque no es materia delegable en el Poder Ejecutivo, sino que es facultad de las provincias. Así, se oponen a que la presencialidad sea decidida por el Poder Ejecutivo.

Una situación parecida se registra en el espacio filo oficialista que lidera el mendocino José Luis Ramón, que preside el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo. Si bien sostienen que los parámetros sanitarios debieron haber sido aprobados por el Congreso desde el inicio de la pandemia, plantearon sus dudas sobre delegar facultades legislativas por tiempo indeterminado, algo que la Justicia ha cuestionado en varias oportunidades y que podría convertirse en un talón de Aquiles de la eventual ley que impulsa el Gobierno.