Resurge en Entre Ríos la protesta contra la ex Botnia

PARANÁ.- "Las deudas ambientales también se pagan", dijeron los asambleístas de Gualeguaychú, que ayer protestaron en el puente internacional Libertador San Martín, que une esa localidad entrerriana con la uruguaya Fray Bentos.La manifestación, que registró una nutrida participación tanto de gualeguaychuenses como de gente llegada de otras localidades vecinas, se realizó en protesta por la decisión del gobierno de José "Pepe" Mujica de otorgar unilateralmente autorización a la pastera finlandesa UPM (ex Botnia) para aumentar su caudal productivo.

"Hoy nos encontramos ante un nuevo atropello por parte del gobierno uruguayo, a pactos entre pueblos hermanos. También vemos con gran preocupación las respuestas espasmódicas que ensayan nuestros representantes a esas violaciones, manifestándose puntualmente cuando el Uruguay avanza ilegalmente en este conflicto, quedando después todo en el olvido", reza el documento que los asambleístas leyeron en el viaducto internacional, con la planta de celulosa hacia el lado sur, junto a la ribera del río Uruguay.

Oscar Bargas, uno de los referentes del movimiento antipastera de Gualeguaychú, dijo a LA NACION que "la actualización de la producción de la pastera era un final anunciado, porque ya el gobierno de Mujica había hecho el amago el año pasado, frente a lo cual el gobierno argentino no tuvo la suficiente fuerza para responder ante este atropello".

Bargas dijo que la asamblea de Gualeguaychú insiste en su planteo de relocalización de la planta de capitales finlandeses. "No se está discutiendo la cuestión de fondo, que es la relocalización de Botnia. Seguimos apostando a negociar, pero lo único que hace Uruguay es dilatar todo y hacer que la pastera siga produciendo mientras tanto. Creo que se debería presentar una cautelar para que se pare la producción hasta que se decida la relocalización", agregó el referente asambleísta.

Como consecuencia de la autorización del incremento productivo que otorgó Uruguay a la empresa, el gobierno argentino, a través del canciller Héctor Timerman, anunció el pasado 13 de junio que acudirá al Tribunal Internacional de La Haya. Se trata del segundo anuncio en nueve meses, ya que en octubre pasado Timerman aseguró, en una conferencia junto al gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, que demandarían al país vecino, cosa que no ocurrió.

Otro referente de los asambleístas, Jorge Fritzler, cuestionó a ambos gobiernos rioplatenses. "El aumento en la producción y el amago argentino de ir a La Haya son más de lo mismo, porque algo similar ocurrió antes de la campaña de las elecciones (argentinas) del año pasado. Y cuando Uruguay hizo un amago de autorizar el aumento de la producción, desde el gobierno nacional salieron a decir que estaban en contra y que iba a ir a la Corte Internacional de La Haya. Todo esto causó un efecto político favorable para el gobierno argentino porque se oponían a la decisión de Uruguay. Sin embargo, ahora que justo está el Mundial y la gente distraída, Uruguay permite el aumento en la producción, lo que va a generar más contaminación al río", dijo ante la pregunta de LA NACION.

Por su parte, el asambleísta Juan Veronessi dijo: "Más producción significa más contaminación, y en este sentido estamos de acuerdo con la decisión del Gobierno de volver a La Haya", donde se haría un nuevo reclamo ante la Corte Internacional de Justicia.

"Las deudas ambientales también se pagan", dijeron en el documento que se leyó ayer en la protesta, en elíptica alusión a la decisión argentina de pagar a los holdouts que reclamaron por los bonos de la deuda ante la justicia de Estados Unidos.

Por Jorge Riani

• Conflicto con Uruguay

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