Reuniones con senadores, gobernadores y “amigos”: cómo fue la campaña de Ariel Lijo para conseguir los votos para llegar a la Corte

El juez federal Ariel Lijo les confirmó a sus interlocutores que ya tiene los votos en el Senado para ser miembro de la Corte Suprema. La certeza se basa en semanas de rosca y una campaña sigilosa que el juez federal y sus amigos judiciales y de la política impulsaron a lo largo del país, entre encuentros con gobernadores y senadores, tanto en la Capital Federal como en distintas provincias a las que viajó. Una campaña que, llamativamente, el Gobierno –que lo postuló– delegó en el propio juez. La dirigencia libertaria no puja activamente por su llegada al máximo tribunal del país, reconocieron dentro del oficialismo y en el entorno de Lijo a LA NACION.

Mientras cerca de Ariel Lijo dan por descontado el apoyo de los senadores que responden a Cristina Kirchner, en esas filas partidarias eligen, todavía, guardar silencio sobre la postulación del juez federal para la Corte Suprema. Una de las advertencias que hacen es que el Gobierno todavía no mandó el pliego de manera oficial a la Cámara alta. El plazo para que eso suceda vence este jueves. Todo indica que el Gobierno lo enviará. Pero el kirchnerismo quiere evitar el riesgo de avalar al juez antes de que ingrese el pliego.

Las impugnaciones que Lijo recibió apuntan a su desempeño como juez federal y el manejo de las causas sensibles para el poder, a las acusaciones por su patrimonio y al hecho de que el Gobierno no postulara para la Corte Suprema a una mujer.

El período habilitado por el reglamento para que la ciudadanía adhiera u objete a las postulaciones para la Corte Suprema terminará el jueves. El proceso reglamentario tendrá lugar en la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside la senadora porteña de Pro Guadalupe Tagliaferri, cuya postura sobre la postulación de Lijo es reservada pero despierta interés y suspicacias por su cercanía con Horacio Rodríguez Larreta, de buen vínculo con el juez Lijo.

De los partidos que antes integraban el interbloque de Juntos por el Cambio solamente se manifestaron en contra de Lijo la radical Carolina Losada y Luis Juez, de Frente Pro. Mauricio Macri no se pronunció públicamente sobre el tema y especula, además, con no hacerlo antes de que se trate la Ley Bases. Según reconstruyó LA NACION, Lijo apostó a su búsqueda de votos dentro de ese espacio con el empresario del juego y expresidente de Boca Juniors Daniel Angelici, aliado político en el radicalismo porteño de Emiliano Yacobitti, y este último a su vez muy ligado al senador radical Martín Lousteau, presidente del Comité Nacional de la UCR.

Hay senadores radicales que dijeron en reuniones del bloque que van a evaluar lo que surja de las impugnaciones en las audiencias públicas. Según supo LA NACION, el armador político de Rodríguez Larreta, Edgardo Cenzón, también es amigo de Lijo e hizo sondeos entre un conjunto de senadores para medir sus opiniones.

El peronismo juntó avales para Lijo de varios gobernadores. El mandatario de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, viajó a Buenos Aires a reunirse personalmente con el juez el jueves. Zamora fue quien impulsó desde su provincia una denuncia contra el colaborador de Horacio Rosatti, Silvio Robles, mientras el kirchnerismo impulsaba el juicio político a los miembros de la Corte Suprema. El caso que surgió en los tribunales santiagueños luego fue tramitado en Comodoro Py, en el juzgado de Lijo.

Por otro lado, el formoseño Gildo Insfrán, a quien Lijo benefició por su actuación en el caso Ciccone, también le garantizó y buscó apoyos, según supo LA NACION.

Un caso curioso es el del senador formoseño Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza. Apenas se conoció la postulación de Lijo, Paoltroni la rechazó con dureza y lo cuestionó por haber partido el caso Ciccone y así beneficiar a Insfrán. Pero si bien Paoltroni dijo que estaba “en contra de Lijo”, con el correr se las semanas bajó el tono de sus declaraciones. Dos fuentes independientes entre sí dijeron que el senador podría no estar presente el día de la votación, en la que se necesitan dos tercios de los votos de los senadores presentes para aprobar el pliego. “No estar no es lo mismo que votar en contra y es una forma de recular después de haberlo rechazado públicamente”, dijo a LA NACION una legisladora que sigue de cerca el poroteo. Para forjar los apoyos, el juez federal recibió a varios senadores en un departamento ubicado en Avenida del Libertador y Cavia.

Más allá de haber tenido contactos personales con dirigentes del peronismo, Lijo también delegó una parte de su búsqueda en el peronista Juan Manuel Olmos, exvicejefe de gabinete de Alberto Fernández y un dirigente con histórica influencia en la justicia de la Ciudad, que ahora preside la Auditoría General de la Nación. Olmos tiene un vínculo de confianza y amistad con la actual pareja de Lijo, Genoveva Ferrero, exfuncionaria de Larreta y que ocupa una silla en el Consejo de la Magistratura porteño, donde se desempeñó durante años. Más allá de estos dos interlocutores de la justicia federal, Lijo también cuenta con la predisposición de su amigo Lucas Nejamkis, amigo del exjefe de los espías Antonio Stiuso, para conseguir votos y avales.

Lijo tiene en su juzgado federal decenas de expedientes sensibles para el poder político. Pero más allá de su desempeño como juez de primera instancia, su eventual nombramiento como ministro de la Corte Suprema, un cargo vitalicio, es percibido por alguno de los sectores que lo impugnan como producto de un pacto de impunidad con la expresidenta Cristina Kirchner, implicada en expedientes por corrupción que, tarde o temprano, tendrán una definición del máximo tribunal del país.

Se trata del juez que tramitó el caso por el que luego fue condenado el kirchnerista Amado Boudou y que además habilitó las escuchas al senador Oscar Parrilli, en la vieja causa por el presunto encubrimiento a Ibar Pérez Corradi. También es el funcionario que instruye hace años el caso YPF, por el que ni Cristina Kirchner ni Carlos Zannini, entre otros exfuncionarios denunciados en la causa, debieron dar explicaciones. Por esa expropiación, la Argentina fue condenada a pagar 16.000 millones de dólares.

“Les puedo asegurar que los acompañaría cantando pero violaría la independencia de los poderes”, dijo Milei en el acto del Luna Park, el miércoles pasado, cuando su público cantaba “Cristina se va presa”. Mientras tanto, las cámaras que enfocaban a Patricia Bullrich, que avaló públicamente a Lijo, la mostraban sonriente. Milei dijo, después, en una conversación con LN+, que “Cristina es la jefa de la banda”. La expresidenta controla al menos la mitad de los 33 votos del kirchnerismo en el Senado que podrían ubicar a Lijo en el máximo tribunal del país.

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