Revés judicial para Cristóbal López en una denuncia contra el macrismo

La Cámara Federal porteña confirmó la falta de mérito del empresario Ignacio Rosner, que había sido acusado por los responsables del Grupo Indalo, de Cristóbal López, de haber oficiado de personero del macrismo para quedarse, bajo amenazas, con las acciones de ese grupo económico, dueño del canal C5N y Oil Combustibles, entre otras empresas.

El fallo fue dictado por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quienes confirmaron la decisión que en primera instancia había tomado la jueza María Servini. La medida se extiende a Santiago Dellatorre Balestra y Damián Burgio, este último sobreseído en el caso.

Contra el fallo de la jueza, Fabián de Sousa, socio de Cristóbal López y querellante en la causa, apeló la decisión con la firma de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, que son los mismos que asesoran a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Los empresarios estaban acusados de haberse querido quedar con el paquete accionario del Grupo Indalo “en un contexto de ahogo económico y financiero” de la compañía, que recibía críticas de Mauricio Macri y mientras De Sousa y López estaban amenazados con la cárcel.

De Sousa insistió en que se los debía procesar y sostuvo que existió un contexto de hostigamiento que puso a Cristóbal López y a él mismo “en una situación de extrema vulnerabilidad, que habría sido provocada por funcionarios del Estado y aprovechada por los indagados”.

Los camaristas analizaron el asunto y dijeron que estos argumentos no son novedosos que ya los habían tratado en este caso al analizar la situación de otros investigados. Entendieron que “no existen pruebas del hipotético contexto” de hostigamiento que relacionen “la actuación de funcionarios públicos de diferentes poderes y órganos del Estado con un supuesto propósito de afectar sus derechos”.

Dijeron además que hay una relación entre esta causa y otros procesos, en particular con la condena que fue dictada contra Ricardo Echegaray y las absoluciones de Fabián de Sousa y Cristóbal López, no firmes, dictadas tras un juicio oral. “Se tuvo por plenamente corroborado que hubo otorgamiento delictivo -en términos de fraude contra el Estado- de planes de pago de impuestos a la empresa de López y De Sousa”, dijeron los camaristas.

Además, entendieron que lo mismo ocurrió en la justicia comercial en torno al debate por la quiebra de Oil Combustibles, donde se dispuso la cesación de pagos de la empresa, confirmada por al Cámara Comercial, dada la “imposibilidad de Oil Combustibles S.A. de afrontar su deuda fiscal desde tiempo anterior a su pedido de concursamiento preventivo”.

“Todo ello incide, obviamente, en los motivos por los que se pretendió involucrar a empresarios o profesionales abogados que tuvieron algún rol en negociaciones enmarcadas en los problemas que presentaban los accionistas de Oil Combustibles SA, por su estado de situación ante la administración pública y en los distintos estrados judiciales”, escribieron Irurzun y Bruglia.

Entendieron que hay datos objetivos de que el grupo poseía deudas de diferente tenor y procesos concursales en curso y de que sus dueños estaban siendo juzgados por esos mismos hechos, “a los cuales se había otorgado interés institucional.”

Este es el contexto en el que se produjeron las negociaciones, dijeron los camaristas, con juicios contra los empresarios, y no en una circunstancia de hostigamiento como sostiene la querella. Por eso sostuvieron que correspondía descartar la apelación y confirmar la falta de mérito y el sobreseimiento.

La Cámara ya se había pronunciado de este modo al analizar la falta de mérito de Orlando Terranova (h), quien había sido objeto de la misma acusación.