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Revisarán la liberación del Rey de La Salada, acusado de lavado
Es Jorge Castillo; la Cámara de La Plata le había revocado su procesamiento, ahora la Cámara de Casación podría mandarlo preso otra vez
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LA NACIONHernán Cappiello
La Cámara Federal de Casación decidió revisar el polémico fallo que liberó al Rey de la Salada, Jorge Castillo, parte de su familia y colaboradores, acusados de lavado de dinero.
El fallo es de los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky.
Por eso la causa por lavado de dinero contra los dueños de la megaferia La Salada de Lomas de Zamora que se derrumbó en abril pasado, ahora puede resucir.
La justicia había ordenado liberar a los líderes de este emprendimiento millonario, sospechado de tener protección del poder, al argumentar que no hay mérito ni para procesarlos ni para sobreseerlos.
El vuelco en la causa lo decidieron los jueces de la Cámara Federal de La Plata Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias, que criticaron con acidez la investigación que había llevado adelante la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y el juez federal Luis Armella.
El tribunal platense decidió revocar los procesamientos con prisión preventiva y dictar la falta de mérito para los presuntos líderes de la organización, entre ellos Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa y una veintena de familiares, empleados y profesionales.
Ahora, los jueces de la Casación decidieron que van a revisar esa medida tras admitir un recurso de la fiscalía en ese sentido.
La Cámara Federal de La Plata había argumentado que no existían pruebas suficientes para mantenerlos procesados por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictual, por lo que el tribunal había ordenado la inmediata libertad de todos los detenidos y dejado sin efecto los embargos millonarios que pesaban sobre sus patrimonios.
Los camaristas habían criticado la investigación de primera instancia y concluyeron que el procesamiento dictado en julio del año pasado firmado por el juez Luis Armella fue, cuanto menos, “prematuro” y carente de “autonomía suficiente”.
La fiscalía a cargo de Incardona había sostenido que en La Salada operaban dos grandes estructuras criminales independientes. Una de ellas, liderada por Jorge Omar Castillo, Aldo Presa y Antonio Corrillo Torrez, dedicada a la explotación de las ferias Punta Mogote S.C.A., Mogote Factory y Olimpo. La otra, encabezada por Enrique Esteban Antequera, regenteaba la feria Urkupiña S.A.
La fiscalía aseguraba que estas organizaciones conformaban asociaciones ilícitas estables orientadas a la venta masiva de productos con marcas falsificadas, la evasión tributaria estructural y el posterior lavado de esos dividendos espurios.
Se habló entonces de que solo en las cuentas bancarias de Punta Mogote ingresaron más de 26.000 millones de pesos entre 2021 y 2025.
Con ese flujo de dinero, los acusados habrían adquirido inmuebles de lujo, estancias y vehículos de alta gama.
Los beneficiados con la falta de mérito son Jorge Omar Castillo, Antonio Corrillo Torrez, Aldo Enrique Presa, Natalia Paola Luengo, Manuel Jorge Castillo, César Francisco Antequera, Alan Emmanuel Antequera, Lucas Gonzalo Antequera y Carlos Guillermo Carrión.
También fueron alcanzados por la resolución Hugo Nicolás Picca, Paula Raquel Corbo, Rubén Javier Arjovsky, María Sara Corigliano, Guadalupe Presa, María Mora Presa, Margarita Nilda Arrieta, Marcelo Jorge Fernández Zurdo, Mabel Cristina Islas, Christian Ezequiel Arrieta y David Alberto Heinze.
Todos ahora están nuevamente en la mira de la Justicia.
La causa motivó el cierre de La Salada durante algunas semanas y protestas de los puesteros y clientes que se quedaron sin poder comerciar.
La Salada funciona como una megaferia donde se comercializan prendas que son compradas por comerciantes mayoristas que llegan desde todo el país en tours de compras, en micros para obtener productos más baratos y ofrecerlos en sus provincias.
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