
Río Tercero: hay 5 procesados
La Justicia acusó a militares involucrados en el caso
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En una de las resoluciones más fundadas de la causa por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero, el juez federal de Bell Ville, Oscar Armando Valentinuzzi, procesó sin prisión preventiva a cuatro coroneles y un mayor que revistaban en Fabricaciones Militares (FM) por los estallidos que el 3 de noviembre de 1995 destruyeron parte de la ciudad y mataron a siete civiles.
El juez, que asumió hace pocos meses, recogió argumentos del fiscal federal Carlos Stornelli y de la querellante Ana Gritti, viuda de una de las víctimas, y sostuvo, a partir de los peritajes oficiales, que las explosiones fueron programadas y que se las ejecutó para ocultar pruebas del contrabando de armas del Ejército a Croacia y Ecuador.
Tres semanas atrás, Valentinuzzi accedió a los pedidos de Stornelli y Gritti y resolvió llamar a indagatoria al ex presidente Carlos Menem; al ex jefe del Ejército, teniente general (R) Martín Balza; al ex subjefe de la fuerza, general (R) Raúl Gómez Sabaini, y a otros altos oficiales. Falta que el juez fije las fechas de los interrogatorios.
En la resolución de ayer, Valentinuzzi también solicitó la opinión del fiscal sobre el llamado a indagatoria del ex subinterventor de FM, Norberto Emanuel. Los militares procesados por estrago doloso son los coroneles retirados Carlos Jorge Franke (ex director de Producción de FM y responsable de todas las fábricas), Edberto González de la Vega (ex director de Coordinación de FM), Jorge Cornejo Torino (ex jefe de la fábrica de Río Tercero), Oscar Nicolás Quiroga (ex subjefe de la planta), y el mayor (R) Marcelo Diego Gatto.
En cambio, el coronel Miguel Alfredo Coquet y el teniente coronel Juan Carlos Villanueva fueron beneficiados con faltas de mérito.
Valentinuzzi sostuvo que las explosiones de hace doce años, que dejaron más de 300 heridos y tres barrios destruidos, se ejecutaron "de forma programada y organizada [...] con el objeto de ocultar un faltante de proyectiles, municiones y explosivos [...] de aproximadamente 35.576 unidades, así como de piezas de artillería, circunstancia que podría tener que ver con el tráfico de armas".
Esos proyectiles, cañones y obuses pertenecían al Ejército, que los envió a la fábrica de Río Tercero entre 1991 y 1995. En esa planta, el material era repintado, se le borraba el Escudo argentino y se cargaba en camiones que partían al puerto de Buenos Aires.

