"Se afectará la viabilidad económica de los medios"

El siguiente es el texto completo de la declaración difundida ayer por las instituciones periodísticas nacionales e internacionales en el Encuentro por la Libertad de Expresión.

Las entidades nacionales e internacionales abajo firmantes, reunidas en el marco del Encuentro por la Libertad de Expresión de Buenos Aires, acordamos unánimemente manifestar que la libre expresión, el acceso sin restricciones de los ciudadanos a las fuentes de información, y la sustentabilidad de los medios de comunicación privados, libres e independientes son valores primordiales para la democracia y como tales deben ser preservados en todo marco jurídico.

En particular, y ante el debate parlamentario de la ley de servicios de comunicación audiovisual en la Argentina, entendemos que ninguna norma debe ser planteada con el ánimo de avanzar sobre determinadas voces, sino que, por el contrario, debe tender a fortalecer la oferta informativa independiente a los ciudadanos, preservando las opciones existentes y abriendo nuevas alternativas a la luz de las innovaciones tecnológicas.

Advertimos con inquietud los riesgos que el proyecto oficial entraña para la existencia de espacios plurales que garanticen la libre circulación de la información, más allá de la tutela gubernamental, puesto que la iniciativa habilitaría el control directo e indirecto sobre medios y contenidos periodísticos, a partir de un fuerte intervencionismo en todos los servicios de comunicación audiovisual.

Consideramos que los principios constitucionales e internacionales de reconocimiento y garantía a la libertad de expresión, y la prohibición de la censura previa, se ven amenazados a partir de disposiciones que otorgan a los gobernantes amplios criterios de discrecionalidad para la autorización y revisión de licencias, lo que compromete seriamente la libertad editorial.

Asimismo, señalamos con preocupación que la iniciativa oficial parece orientada a afectar la viabilidad económica de los medios, desentendiéndose de la sustentabilidad y haciéndolos más vulnerables, y por lo tanto más dependientes de recursos estatales.

El proyecto de ley representa una clara amenaza a la seguridad jurídica y de las inversiones de los licenciatarios, a partir de su retroactividad y consecuente afectación de derechos adquiridos, a lo que se suman serias limitaciones a la capacidad operativa y de inversión de los actores de la industria de medios.

Entendemos que todo marco regulatorio debe resguardar el derecho del público a elegir libremente los contenidos de su preferencia, posibilitando el establecimiento de nuevas voces sin afectar las existentes.

Los medios audiovisuales están comprendidos y reconocidos por las garantías constitucionales de la prensa. Por ello resulta cuestionable que medios que no utilizan espectro radioeléctrico se vean sujetos al arbitrio gubernamental, y que se pretenda licenciar soportes de libre circulación, como los servicios de cable y las producciones audiovisuales. Lejos de apuntar a la diversidad, las regulaciones pretendidas comportan una censura que restringirá la oferta de contenidos de los ciudadanos.

Juzgamos extemporáneo y discriminatorio que los diarios y las revistas deban estar sujetos a la discrecionalidad de funcionarios a la hora de acceder a medios audiovisuales. Hoy el mundo acompaña la multimedialización de las publicaciones, que buscan nuevas formas de asegurarse mayor independencia económica para fortalecer su independencia informativa y alcanzar nuevas audiencias.

Es fundamental poner de relieve que un proyecto de esta trascendencia, donde se hallan en juego valores centrales no sólo para los medios sino para la sociedad en su conjunto, requiere indudablemente un debate profundo, que se nutra de todos los aportes académicos, sociales, políticos y de los actores del sector, con el fin de forjar un alto grado de consenso en la sociedad, que garantice su supervivencia.

Entendemos que estas cuestiones trascienden las urgencias coyunturales, y comprometen a ciudadanos y representantes en la búsqueda de respuestas que no sean fruto del conflicto o de la voluntad de acallar voces, sino que reflejen los valores esenciales de la sociedad democrática, los estándares internacionales en la materia y la indiscutible tradición argentina en términos de libertad de expresión, pluralismo y diversidad informativa.

Los firmantes

• Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la Asociación de Radiodifusoras Privadas (ARPA), la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), la Asociación de Televisión por Cable (ATVC), la Asociación de Diarios del Interior (Adira), la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad (Aedba), la Asociación Argentina de Editores de Revistas (AAER), la Asociación Cordobesa de Televisión por Cable (Acorca), la Asociación Bonaerense de Televisión (ABT), la Asociación de Diarios Entrerrianos (ADDE) y la Asociación Periodistas de Buenos Aires y La Pampa (Apebal).

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