Se agudiza el clientelismo en el reparto de planes sociales

Peleas subterráneas entre intendentes del conurbano con grupos piqueteros, actos de violencia liderados por movimientos sociales que reciben fondos del Estado y el anuncio del aumento de partidas para programas de empleo en 2010. Este conjunto de hechos, que se potenció en los últimos días en la Argentina, responde a un denominador común: el auge del clientelismo político por la discrecionalidad con que el Gobierno reparte la ayuda para los sectores más pobres.

Los informes que la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) realizaron en los últimos meses sobre diferentes programas sociales son contundentes y revelan que las irregularidades en la entrega de fondos asistenciales son una constante. La falta de transparencia para repartir las partidas sociales es también una denuncia en la que coinciden la oposición y la Iglesia.

El tema no es menor si se tiene en cuenta que sólo el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social es de 14.000 millones de pesos para atender a 2.000.000 de familias y 3.735.000 niños.

El lanzamiento del plan Argentina Trabaja, que hizo la presidenta Cristina Kirchner hace menos de un mes con la intención de crear 100.000 puestos de trabajo para cooperativistas, fue el detonante que reflejó un manejo discrecional en aumento en otros planes sociales nacionales.

El programa para cooperativistas que empezó a cobrar fuerza en diez municipios del PJ en el conurbano bonaerense desató una dura batalla entre intendentes y movimientos sociales. Los intendentes y dirigentes piqueteros de cooperativas pelean por el manejo de una caja de $ 1500 millones de pesos para este año y unos $ 7500 millones el año que viene.

El Gobierno definirá con los intendentes los lugares y grupos de cooperativas encargados de levantar obra pública y recibir fondos. Pero los $ 1300 para cada beneficiario se girarán de manera directa a una cuenta bancaria de cada cooperativista que se incorpore en el plan.

Este escenario de auge de clientelismo y discrecionalidad en el manejo de partidas que se empezó a ver en el conurbano se repite en el resto del país con otros planes sociales. El resultado siempre es el mismo: la asistencia a unos grupos y la falta de atención a otros genera hechos de violencia. El desenlace de este esquema se puede ver en Jujuy, donde el movimiento Tupac Amaru, de Milagro Sala, recibe más de $ 8 millones al mes del Estado, mientras que otros sectores marginados por la pobreza no reciben lo mismo.

Los informes de la AGN y de la Sigen son contundentes a la hora de revelar la discrecionalidad y la irregularidad en la entrega de partidas sociales. Más de 25 documentos de estos organismos de control, a los que accedió LA NACION, revelan los siguientes mecanismos:

• Falta de rendición de cuentas. Informes de la Sigen realizados en Río Negro, Salta, San Juan o en Catamarca sostienen que, en muchos casos, en los programas de Seguridad Alimentaria, Manos a la Obra y el Hambre Más Urgente los municipios no rinden cuentas de los fondos girados ni existe un seguimiento adecuado de los beneficiarios.

• Ausencia de padrones. En los informes de la Sigen de Catamarca, Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, Tierra del Fuego y de Tucumán, se registró la falencia de padrones definitivos para la población asistida o por asistir en relación con la entrega de vales alimentarios.

• Aplicación. La Sigen determinó también que para los planes de alimentación, comedores escolares o planes laborales en la cuenta bancaria de las provincias donde se depositan las partidas "no se puede establecer con certeza la aplicación de los fondos, porque de allí se pagan sueldos, subsidios y proveedores".

• Tra nsferencia de partidas. Los informes de la AGN sobre planes de emergencia alimentaria o de vivienda revelan que los fondos girados por la Nación no respetan la periodicidad mensual, no hay planificación presupuestaria y hay programas sin metodología objetiva.

• Falta de relevamiento. En la mayoría de las provincias, señala la AGN, al evaluar los planes alimentarios y laborales, "no se dispone de un relevamiento o análisis de la situación económica y social ni de los impactos redistributivos".

El Ministerio de Desarrollo Social que conduce Alicia Kirchner no quiso dialogar con LA NACION sobre el tema. El viceministro Carlos Castagnetto expresó por su medio de su vocero que la cartera que lidera la cuñada de la Presidenta no emitiría opinión. Hace tres semanas, cuando LA NACION informó sobre el lanzamiento del plan de cooperativas, el ministerio emitió un comunicado en el que sostuvo: "Procuraremos que nadie quede cautivo de nadie". Y descartó que el reparto de planes sociales se realizara "según el color político de los intendentes".

La ausencia de una base de datos unificada de beneficiarios de planes sociales es una queja de la Iglesia y de la oposición. Fuentes de Cáritas aseguraron que jamás pudieron acceder a una base de datos "confiable". Si bien en el Ministerio de Desarrollo siempre dijeron que el Syntis es una base de datos de beneficiarios de planes de todo el país que recibe la información de otras 56 bases, nunca se dio a conocer al público.

En el Banco Mundial, una de la entidades internacionales que financia parte del Plan Jefes y Jefas de Hogar, dijeron a LA NACION que si bien la base de datos de beneficiarios del Estado se controla por medio del CUIL, "no hay información precisa de la conformación del núcleo familiar en sectores pobres y esto se ve como una falla del sistema".

El ex viceministro de Desarrollo Daniel Arroyo dijo a LA NACION que existe una base de datos de beneficiarios de planes, pero admitió: "El Estado debe redefinir su metodología de medición de la pobreza porque como está planteado hoy no es creíble".

La Sigen y la AGN controlan los planes con una demora de seis a doce meses. Desde 2003, se eliminó el monitoreo de los programas asistenciales que hacía el Banco Mundial y el BID junto con las Naciones Unidas y ONG agrupadas en el Foro del Sector Social. "Sería bueno en esta situación de crispación social generar un nuevo monitoreo social que tenga independencia informativa y que, a la vez, se analice en tiempo real el uso de fondos", dijo a LA NACION Sandra Cecilini, experta en política social de la Universidad de San Martín.

Por Martín Dinatale

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