Se ahonda la disputa entre tribunales por los bienes decomisados de la corrupción kirchnerista
Los jueces de Hotesur se pelean en la Corte con un juzgado comercial por los inmuebles y rodados de Báez; casi no quedan bienes del empresario por vender
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LA NACIONHernán Cappiello
Mientras la Justicia define el monto y la fecha del remate de los bienes de Cristina Kirchner para el decomiso producto de su condena por corrupción, en los tribunales se planteó una pelea entre otros jueces por el destino de los campos, estancias y vehículos de Lázaro Báez.
Por ahora, el conflicto se desenvuelve con los modos recoletos de tribunales, mediante intercambios de oficios y buenos modales, pero por debajo crece la indignación ante la certeza de que no va a quedar nada del patrimonio de Báez para rematar.
La puja se da entre el Tribunal Oral Federal N°5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Juan Toselli, que debe juzgar a Cristina Kirchner, a su hijo Máximo y a Lázaro Báez por el caso de lavado de dinero de Hotesur y Los Sauces, y el Tribunal Comercial N°28, a cargo del juez subrogante Jorge Sícolo, que lleva adelante la quiebra de la empresa insignia del empresario patagónico, Austral Construcciones.
Para pagar deudas de trabajadores y acreedores, la justicia comercial ya remató estancias, autos, motoniveladoras y otros vehículos de Báez por más 2601 millones de pesos y no queda casi nada por vender: solo su obrador de Río Gallegos y algunas máquinas.
Quien lleva adelante esas tareas es el estudio de Contadores Públicos Stupnik & Stupnik, designado síndico liquidador de la quiebra, integrado por Martín Stupnik, abogado y Sergio Stupnik, contador.
El estudio cobró honorarios millonarios por esta tarea, que están relacionados con el monto de los bienes rematados. Las leyes determinan que los honorarios son entre el 4 y el 12 por ciento de los bienes. De mínima, unos 100 millones de pesos.
Luego de que los jueces de Hotesur pidieron frenar los remates, el juzgado comercial fue a la Cámara Comercial, que los autorizó seguir adelante y le envió un oficio a la Cámara de Casación para que le llame la atención a los jueces que quieren parar todo.
La pelea llegó hasta la Corte Suprema de Justicia que debe decidir: los jueces de Hotesur quieren parar los remates porque no queda ya casi nada por vender, y el juzgado comercial quiere seguir adelante para pagar intereses de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), entre otros gastos.
Ahora apareció un tercero en discordia en este proceso: el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por Jorge Gorini, Gonzalo Rodríguez Uriburu y Andrés Basso, que condenó a Cristina Kirchner y también a Báez por Vialidad y les quiere decomisar 530 millones de dólares, que es el decomiso dispuesto en la sentencia.
En la quiebra ya cobraron los trabajadores y los acreedores, pero restan liquidar algunas cuentas. Los jueces de Hotesur quieren, por ejemplo, frenar la venta de algunas máquinas que son usadas para realizar caminos, pues quieren cederlas para darle utilidad pública a municipios para el mantenimiento de sus calles y rutas.
Alguna de ellas fueron cedidas al Ejército y la Fuerza Aérea, y se utilizaron para consolidar la pista de aterrizaje de la Base Marambio en la Antártida.
Otras están junto a puestos de Gendarmería, en remotos caminos patagónicos, o en obradores, perdiendo valor a cada día.
Los bienes rematados
El último capitulo de esta pelea se puede leer en el expediente comercial de la quiebra que lleva el número 22216/2017, de acceso público. Allí, el estudio Stupnik le envió un largo oficio al Tribunal Oral Federal N°2, de Vialidad, donde le explicó lo realizado hasta ahora y que ya no queda nada por vender.
El proceso de quiebra ha logrado rematar la mayoría de los activos de Austral Construcciones. Se vendieron todos los inmuebles en la ciudad de Buenos Aires (edificios o unidades funcionales), ya entregados a nuevos titulares.
Esto incluye edificios o departamentos en Roosevelt 1780, Roosevelt 1815, Roosevelt 1739/41, en Belgrano, y el edificio completo de 24 unidades funcionales en Manuel Ugarte 3840, en Nuñez. Se vendieron con sus cocheras.
Fue rematada una estructura de hormigón en Pilar, frente al Hotel Sheraton, mientras que en Comodoro Rivadavia, Chubut, se vendieron un obrador y un departamento de oficinas con cocheras. En Resistencia, Chaco, se enajenó un garage.
Se remataron la mayoría de las propiedades en Santa Cruz en diversas localidades, con la excepción de lo que queda por vender en Río Gallegos, que es el obrador central de Austral Construcciones y una parcela frente a él. El Gobierno de Santa Cruz ofreció comprarlo por 2 millones de dólares.
Lo ya vendido incluye una parcela sin construcción y máquinas y vehículos en 28 de Noviembre, Río Turbio; todas las estancias en la zona de El Calafate, incluyendo Río Bote, Cruz Aike, Campamento, La Porteña y Laguna del Asador.
La estancia Cruz Aike es aquella a la que el fiscal Guillermo Marijuan concurrió con topadores en búsqueda de dinero escondido, sin éxito.
También se vendió el 50% indiviso de una parcela de terreno en El Calafate, que había sido permutado por Austral Construcciones con Cristina Kirchner. Es el 50% de un terreno sin construcción en una montaña, con una vista privilegiada al Lago Argentino.
Además, se remataron numerosas propiedades en Río Gallegos (unidades funcionales, casas, galpones, edificios completos y condominios con cocheras).
Se vendieron maquinarias viales, rodados y muebles de forma unificada en los remates de propiedades cuando se encontraban en el mismo lugar.
También se vendieron un auto incautado y muebles de oficinas en la ciudad de Buenos Aires y autos de lujo que estaban en el Aeropuerto de Río Gallegos.
Se remató maquinaria vial ubicada en un predio de Vialidad, en Zárate, junto otras restituidas por la Fuerza Aérea Argentina y la Municipalidad de Río Gallegos.
Se enajenaron las máquinas restituidas por el Ejército Argentino, excepto una que está en la Antártida y los militares quieren que siga allí para los trabajos de utilidad pública de acondicionamiento y mantenimiento de la pista de aterrizaje de la Base Marambio.
En Santa Cruz también se vendieron máquinas ubicadas en Tres Lagos, Comandante Luis Piedra Buena y Laguna Grande; otras detectadas y rematadas en el Puesto Policial Ramón Santos en la ruta 3, y maquinaria, incluyendo una planta de asfalto, en Palermo Aike. En múltiples remates, se dispuso de máquinas del Obrador Central de Río Gallegos y autos secuestrados en la Delegación Río Gallegos de la Policía Federal.
El grupo de la sindicatura, tasadores y rematadores dijeron que cuidaron el equilibrio entre el precio de valor de mercado y la posibilidad real de venta en remate, lo que llevó a realizar más de un remate por propiedad y a bajar la tasación y base, hasta encontrar un comprador.
En los tribunales federales de Comodoro Py creen que las propiedades se vendieron muy por debajo del valor de mercado, al punto que las bases eran por ejemplo de 30 millones de pesos parta un inmueble que podía alcanzar los 200.000 dólares.
Lo que queda del patrimonio de Báez
Solo restan vender dos bienes inmuebles, ambos en el ingreso de Río Gallegos: una parcela sin construcciones, con una base de US$300.000, y el Obrador Central de Austral Construcciones.
Ambos bienes tienen una hipoteca a favor del Banco Nación y el Obrador Central está bajo custodia de Gendarmería Nacional, por orden del Tribunal Oral Federal 4, que también quiere cobrarle a Báez la multa por la condena en la causa de la “Ruta del dinero K”, que asciende a 300 millones de dólares.
En cuanto a maquinarias y rodados, cada vez son menos los lotes residuales por vender: máquinas del obrador central, otras que están en Vialidad de Zárate, dos vehículos que quedaron a la intemperie en la estancia Río Bote y maquinarias ubicadas en Tres Lagos, Comandante Luis Piedra Buena y Laguna Grande.
Resta vender también las máquinas aún en poder de la Fuerza Aérea Argentina y del Ejército Argentino.
Lo mismo sucede con las participaciones de Austral Construcciones en las empresas Adelmo Biancalani SA o Sucesión de Adelmo Biancalani SA, Top Air SA, Kank y Costilla SA, Epsur SA y Misahar Argentina SA.
La razón para no venderlas dijo el síndico liquidaron es que resultan de muy difícil venta y valuación, ya que sus activos podrían estar afectados por medidas cautelares o decomisos.
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