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Se aprobó la creación de una Oficina Anticorrupción porteña
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LA NACIONCandela Ini
La Ciudad de Buenos Aires tendrá su propia Oficina Anticorrupción. La Legislatura porteña sancionó la semana pasada la ley de Integridad Pública, para crear una oficina del área que abarcará a los tres poderes -Legislativo, Ejecutivo y Judicial-.
La iniciativa contó con el aval de la oposición (Frente de Todos) y del oficialismo (Vamos Juntos), a excepción del bloque de izquierda, que no la acompañó. El proyecto fue redactado por la diputada porteña Cecilia Ferrero (Coalición Cívica) y fue leído como una especie de mejora y puesta a punto de la ley de Ética Pública sancionada en 2013 en ese distrito, que había sido impulsada por la legisladora Susana Rinaldi. Con la aprobación de este proyecto esa ley previa fue derogada.
Según supo este medio, no hay todavía nombres en danza para designar a los titulares de cada una de las oficinas. Pero sí está definido que serán designados por la máxima autoridad de cada poder. Ese punto fue objetado por la oposición, que de todas formas acompañó el proyecto.
El consenso político en la Ciudad de Buenos Aires para ejercer un mayor control sobre los funcionarios públicos se dio meses después del escándalo que sacudió al gobierno porteño por las compras realizadas durante la pandemia.
El tema se hizo presente en el debate legislativo. La legisladora del Frente de Todos María Rosa Muiños no se privó en su exposición de señalar los antecedentes ocurridos este año cuando, en plena pandemia de coronavirus, el gobierno porteño compró por contratación directa barbijos con sobreprecios a Ignacio Sáenz Valiente, un empresario que, según publicó LA NACION, tenía vínculos con el entorno del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
"¿Se cumplió con la ley de ética vigente? para no ir muy lejos, caso de barbijos, caso de contratación de hoteles. ¿Pasó algo? hubo algún conflicto de interés planteado? ¿Se evitó el perjuicio económico al Estado? ¿Se cumplió la ley de ética pública? la respuesta es no", planteó Muiños en el debate en la Legislatura.
Uno de los puntos centrales del proyecto aprobado se centra, precisamente, en la ampliación de la lista de sujetos obligados de la Ciudad, e incluye a aquellos que ejerzan la función pública y deban confeccionar, participar o aprobar pliegos y/o que integren comisiones de evaluación de ofertas o dicten actos de preadjudicación siempre que el monto de la operación involucrada supere las 20.000 unidades de compra.
En este sentido, también fueron incluidos como sujetos obligados los asesores del jefe y vicejefe de gobierno porteño, los asesores de su gabinete, así como también las máximas autoridades de la Legislatura y del Ministerio Público.
Según reconstruyó LA NACION, la decisión de apoyar esta iniciativa motivó un debate interno en el bloque del Frente de Todos.
Fuentes del bloque Vamos Juntos dijeron a este medio que sorprendió el apoyo del PJ al proyecto. "Aunque no podían no acompañarlo, pensamos que se iban a abstener o a votar en contra, pero hubiera sido muy fuerte a nivel simbólico no apoyar una mejora en las políticas de control y prevención", dijo un legislador de ese espacio a LA NACION.
Un punto que generó debates internos en el oficialismo porteño fue si esta nueva oficina de integridad pública debía tener o no la facultad de querellar en causas penales. La decisión de la OA conducida por Félix Crous de dejar esas facultades de lado y renunciar a las acusaciones en expedientes por corrupción irritó a la oposición a nivel nacional. La legisladora Natalia Fidel (Vamos Juntos) había promovido un proyecto en el que planteaba que estas oficinas de integridad pública debían tener la facultad de querellar, y que finalmente no prosperó.
En el plano porteño, el bloque del Frente de Todos cuestionaba que Vamos Juntos, que a nivel nacional criticó la decisión de Crous, no le atribuyera esas funciones a estas oficinas de integridad.
"Esto muestra que nosotros no tenemos doble vara a la hora de hablar de ética pública. Siempre sostuvimos que la investigación y la querella tienen que estar en el Ministerio Público, y que la OA tiene que tener una función exclusiva de promover políticas públicas y de prevención", dijo un legislador del Frente de Todos a este medio.
Ese punto en concreto motivó discusiones internas en el oficialismo porteño. El proyecto aprobado la semana pasada, sin embargo, fue redactado y presentado el año pasado por Ferrero, antes de la decisión de la OA de renunciar a las querellas, y según dijeron fuentes del oficialismo porteño a este medio, en base a las recomendaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
