1
Se cierra el círculo en torno del general Bussi
En la Legislatura se presenta hoy el informe sobre sus bienes. Balza prefirió no justificarlo.
1 minuto de lectura'
La Legislatura tucumana tiene previsto sesionar hoy, por la mañana, y escuchar el informe de la comisión investigadora acerca del patrimonio del gobernador, general (R) Antonio Domingo Bussi.
El informe consta, por un lado, de 13 carillas y, por el otro, de 700 páginas de documentación (en tres tomos con 22 anexos) que incluyen, entre otras, fotocopias de 36 escrituras, 9 poderes especiales, boletas de depósito bancarias e informes de distintos organismos públicos y privados.
De acuerdo con los dos integrantes opositores de la comisión, Alberto Darnay (PJ) y Carlos Courel (UCR) -el tercer miembro es el bussista Roberto De la Orden y presentará su informe por separado-, surge la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito.
En el tercer punto de sus conclusiones, los legisladores afirman que "el total de propiedades detectadas hasta el momento, y en cuya compra el señor gobernador aparece involucrado, sólo en Buenos Aires llegan a 16, las que, según valores del mercado, ascienden a más de 1.770.000 dólares, sin que el origen de los fondos necesarios para tales adquisiciones aparezca explicado".
Luego, indican que "las sumas percibidas en su carrera militar, aun computando las que el gobernador ha denominado extras militares, no alcanzan para explicar no sólo la adquisición de los inmuebles referidos en el informe, sino tampoco otras cuentas bancarias que esta comisión ha podido verificar".
Juicio político
Este informe, sumado al fallo del tribunal de honor y a la denuncia presentada ayer por el fiscal federal Paul Starc, puede ser determinante con miras al juicio político.
En este sentido, la comisión de juicio político acordó ayer girar 150 pedidos de informes a distintos organismos públicos y empresas privadas con objeto de reunir los datos necesarios para decidir la situación de Bussi. Cabe recordar que esa comisión tiene plazo hasta el 13 del mes próximo para formalizar la acusación contra el general.
Los pedidos de informes serán enviados, entre otras dependencias, a los registros inmobiliarios de Buenos Aires, Entre Ríos y Tucumán, a la Aduana y a la DGI. Sea como fuere, fuentes justicialistas afirmaron a La Nación que, por mas que se concrete el juicio político, desde la oposición especulan con el hecho de que "el general va a desconocer la autoridad de la Legislatura y se va a atrincherar en la Casa de Gobierno para precipitar una intervención federal. Esta es la salida más conveniente para él, porque en un año volvería a ser elegido gobernador por otros cuatro años y, si no, aunque saliera ileso del juicio, se tendría que ir en poco más de un año ya que en Tucumán no hay reelección".
En tanto, en las bancadas opositoras tenían información acerca de que los bussistas se movilizarán hoy hacia el Parlamento local, por lo que no se descartaba que pudiera haber incidentes.
Dos jueces federales
Respecto de las denuncias contra Bussi presentadas ante la Cámara Federal por el fiscal Paul Starc -que constan de seis cuerpos- por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, recayeron en dos juzgados federales.
La causa por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica recayó en el juzgado federal número 1, a cargo de María Romilda Servini de Cubría.
Sin embargo, según fuentes judiciales, Servini de Cubría, enterada de que el juez federal Gabriel Cavallo está tramitando una causa similar, remitiría la misma a su colega.
En lo que se refiere a la denuncia por enriquecimiento ilícito, recayó en el juzgado número 2, de Jorge Ballestero.
En su investigación, pedida por el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, Starc determinó que el gobernador tucumano estaría involucrado en la compra de 16 inmuebles y que tendría, o habría tenido, tres cuentas bancarias en el extranjero, tal como lo adelantó La Nación .
El fiscal se reunió ayer con el vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Simón Lázara, que había radicado una denuncia penal contra Bussi por presunta evasión fiscal.
Al salir del encuentro, Lázara afirmó que "la investigación del fiscal Starc es a satisfacción nuestra y nos parece muy buena".
Lázara estimó el patrimonio de Bussi en bienes inmuebles no inferior al millón de dólares y reveló que "además de las tres cuentas bancarias en el extranjero, tuvo un plazo fijo de 500 mil dólares en una mutual del Ejército".
Balza prefirió no justificarlo
El jefe del Ejército, teniente general Martín Balza, respondió ayer al gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, que "ningún político debe mentir", pero se negó a opinar más sobre su camarada de arma alegando que "hay una investigación en marcha".
"Con todo el respeto que me merece la dirigencia política de mi país, ningún político debe mentir porque estaría vulnerando la esencia de las normas fundamentales por las que fue elegido por el pueblo", dijo la máxima autoridad del Ejército en declaraciones radiales.
El 18 del actual, en su descargo ante el Tribunal de Honor del Ejército, Bussi había expresado que actuó "como político" y no "como general de la Nación en situación de retiro" cuando negó que poseyera una cuenta bancaria secreta en Suiza.
El gobernador de Tucumán aseguró que al negar, en febrero pasado, que tenía esa cuenta, lo que derivó en tres pedidos de juicio político en su contra que son analizados por la Legislatura tucumana, habló "como gobernador de la provincia y nunca como general de la Nación en situación de retiro, en un contexto claramente político con lenguaje y estilo propios".
En su descargo, el mandatario tucumano no pudo explicar su acción y llegó a afirmar que era objeto de una campaña de desprestigio.
Pese a sus intentos de justificación, el tribunal de honor, presidido por el general (RE) Miguel Viviani Rossi, lo sancionó con una "amonestación grave" por falta al honor, que en la práctica representa sólo una nota en su legajo de servicios.
Balza explicó ayer que la ley militar contempla los tribunales de honor para casos como el de Bussi y se abstuvo de ampliar sus opiniones sobre ese tema en particular, alegando que aún prosigue sus tareas el tribunal de honor y que sus actuaciones son secretas.
"No quisiera, hasta agotar esta última instancia, vulnerar en lo más mínimo la confidencialidad. Habiendo una investigación en marcha prefiero no opinar por el momento", insistió el jefe militar.
