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Senado | Es ley por abrumadora mayoría el financiamiento universitario que Milei prometió vetar
El proyecto superó con creces el apoyo de los dos tercios; sólo votaron en contra el oficialismo y parte del Pro; ahora se debate la emergencia pediátrica, que involucra al Hospital Garrahan
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LA NACIONGustavo Ybarra
Tras rechazar cinco decretos desregulatorios, el Senado le dio otra paliza legislativa al Gobierno y convirtió en ley el refuerzo del financiamiento universitario, norma que el presidente Javier Milei prometió vetar por considerar que rompe el equilibrio fiscal que persigue la administración libertaria desde que llegó al poder en diciembre de 2023.
El proyecto fue aprobado por la Cámara alta por 58 votos a favor, sólo 10 en contra y tres abstenciones. Una mayoría superior a los dos tercios que podría anticipar un rechazo del eventual veto que el jefe del Estado anticipó que le aplicará a la ley.
A sancionar la norma colaboraron un mosaico en el que participaron el kirchnerismo, la UCR y fuerzas provinciales. Incluso sumaron su apoyo senadores que hasta no hace poco tiempo apoyaban al Gobierno, como los miembros del interbloque Las Provincias Unidas Lucila Crexell (Neuquén) y Carlos Espínola (Corrientes).
En contra votaron los siete senadores de La Libertad Avanza y tres miembros del bloque Pro: Martín Goerling (Misiones), Alfredo De Angeli (Entre Ríos) y Carmen Alvarez Rivero (Córdoba). La santafesina Carolima Losada fue la única radical que rechazó la iniciativa.
Se abstuvieron María Victoria Huala (La Pampa) y Andrea Cristina (Chubut), ambas integrantes de la bancada de Pro, y el peronista salteño Juan Carlos Romero, habitual aliado incondicional de la administración libertaria.
El proyecto propone actualizar las partidas presupuestarias para el sistema universitario nacional al primer día de este año según la inflación acumulada durante 2023 y 2024.
La acumulación de dos años en la variación del índice de precios al consumidor (IPC) se explica en el hecho de que una iniciativa de similares características fue vetada el año pasado por Milei y coincide, además, con los ejercicios que la administración pública viene funcionando sin un Presupuesto aprobado por el Congreso.
Como parte de la inyección financiera el texto ordena una recomposición salarial, también ajustada por inflación, para docentes y el personal no docente de las casas de altos estudios nacionales a contar desde diciembre de 2023 hasta la fecha sanción de la ley. Una vez concretada esta mejora, la norma establece la realización de paritarias mensuales.
En el inicio del debate, el kirchnerista Fernando Salino (San Luis) destacó la “muy buena técnica legislativa” de la iniciativa y destacó que su objetivo “es garantizar la protección y el sostenimiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la Argentina”.
En ese sentido, Salino acusó a Milei de llevar adelante una política de desfinanciamiento del sistema universitario y destacó que “durante los primeros cinco meses de 2025 el Gobierno transfirió un 22,5% (de recursos) menos que en 2023”. En el mismo período “los profesores universitarios cobraron un 30% menos”, agregó.
En respuesta a las objeciones oficialistas, el kirchnerista puntano destacó que el costo fiscal del proyecto es del 0,16% del producto bruto interno (PBI). “Nos parece que los valores son exiguos cuando estamos hablando de educación, de investigación, de la mejora en la calidad de vida de los argentinos”, concluyó.
La única voz que se alzó en el recinto en contra del proyecto fue la del jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche (Jujuy), que siguió a pie juntillas el discurso de la Casa Rosada, de acusar al kirchnerismo por la multiplicación de las universidades nacionales.
“Crearon muchísimas universidades; lo único que hicieron son muchas cajas negras y pocos resultados”, afirmó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Atauche respaldó su acusación con cifras y citó el caso de la Universidad Pedagógica que, dijo, sólo tuvo 9 alumnos recibidos en el año 2022. “El promedio de costo por egresado fue de 484 millones de pesos; eso nos salen los egresados de las universidades inventadass del kirchnerismo”, remató.
El radicalismo también sumó su apoyo en la voz de Maximiliano Abad (Buenos Aires) quien cuestionó la política económica del Gobierno de apostar a la producción primaria como forma de obtener divisas y buscar el equilibrio fiscal mediante el ajuste en sectores como la educación o la salud.
“Es un error monumental creer que el crecimiento de nuestro país va a ser automático por las exportaciones del campo, de la minería o de Vaca Muerta. Veo con preocupación que haya dirigentes esperando que venga una avalancha de dólares”, advirtió Abad, quien señaló que lo que el proyecto busca “es la recomposición de partidas de funcionamiento y salarios y de las becas” y “recuperar lo perdido” a manos de la inflación.
Otro radical, Flavio Fama (Catamarca), criticó el discurso oficialista que justifica el ajuste sobre las universidades en el supuesto abuso y despilfarro de fondos por parte de las casas de altos estudios.
“¿Dónde están las auditorías? ¿Donde están los autores de esas cosas tan feas que nos quisieron hacer creer que pasaban en las universidades argentinas?”, preguntó de forma retórica Fama, exrector de la Universidad Nacional de Catamarca.
El peronista pampeano Daniel Bensusán calificó de “falso dilema” la discusión que plantea la Casa Rosada al plantear que inyectar fondos en la educación superior afecta el superávit de las cuentas públicas. “Esto es una decisión política del Presidente de desfinanciar las universidades nacionales, no es una cuestión fiscal”, sentenció.
El proyecto fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados y el último martes obtuvo dictamen de comisión en el Senado con el único rechazo del oficialismo. El amplio apoyo político empujó para que la iniciativa ,al igual que la declaración de la emergencia en materia de atención sanitaria pediátrica, fuera tratada sobre tablas este jueves, sin esperar los siete días que establece el reglamento.
La apertura de la discusión fue aprobada por 58 votos a favor y tan sólo 13 en contra. Se opusieron los senadores de La Libertad Avanza y el peronista salteño Juan Carlos Romero.
El pro votó dividido, la mayoría del bloque votó con los libertarios, pero el cordobés Luis Juez, la pampeana María Victoria Huala y la porteña Guadalupe Tagliaferri se desmarcaron de la flamante alianza electoral de la escudería amarilla con los libertarios y votaron por abrir el debate. El radicalismo también apoyó el tratamiento, con la única excepción de Carolina Losada (Santa Fe).
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