Senado: el kirchnerismo impulsa un ingreso mensual para quienes estén por debajo de la línea de indigencia

Mientras Sergio Massa afina el lápiz para ajustar las cuentas fiscales y promete controlar la emisión, el kirchnerismo presentó en el Senado un proyecto de ley de refuerzo de ingresos que estará destinado a la población que se encuentra por debajo de la línea de indigencia.

Tal como anticipó LA NACION, la iniciativa de la oficialista Juliana Di Tullio (Buenos Aires) crea una asignación destinada a alcanzar la canasta básica alimentaria, que el Indec estimó en $ 15.057 en el mes de junio.

La iniciativa, que también firmó José Mayans (Formosa), presidente del interbloque del Frente de Todos de la Cámara alta, “crea una prestación monetaria mensual para las personas que están actualmente bajo la línea de indigencia”, cuyo valor será similar a la canasta básica alimentaria y se actualizará de manera trimestral.

Según la información difundida por el oficialismo, el costo fiscal del proyecto para este año ascenderá al 0,09% del PBI, es decir, unos 76.500 millones de pesos. En 2023, esa cifra se elevará a casi medio punto (0,44%) del producto bruto.

En sus fundamentos, la iniciativa justifica el refuerzo monetario en la necesidad de “garantizar el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad”.

La autora de la iniciativa prevé que los beneficiarios serán un universo de 1,7 millón de adultos que, además de no tener trabajo registrado, no perciben ninguna prestación, ya sea jubilación o plan social y no cuentan con ningún bien.

En ese sentido, estarán habilitados para inscribirse las mujeres de entre 25 y 59 años y los varones de entre 25 y 64. “Así, se busca cubrir a la franja etaria que no está alcanzada por otros programas sociales entendiendo que las personas que quedan por fuera de ese rango pueden acceder a AUH y Progresar o ya han cumplido la edad jubilatoria y por lo tanto se presume que tienen cubierta la canasta básica alimentaria”, aclara la comunicación oficial.

El beneficio será de carácter temporal y se otorgará por un año, con la posibilidad de renovación siempre y cuando se corroboren las condiciones para solicitarlo.

El proyecto promueve la incorporación de los beneficiarios al trabajo formal a través de la articulación con empresas y sectores de la actividad económica con la intención de revertir la situación de vulnerabilidad y que puedan, así, dejar de requerir el beneficio.

El texto establece a la Anses como la autoridad de aplicación, la que deberá crear el Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi), organismo que tendrá a su cargo la inscripción. El organismo de la seguridad social tendrá también la responsabilidad de realizar el cruzamiento de datos para definir la cesión del refuerzo.

Además, los beneficiarios deberán someterse, de manera anual, a controles de salud a modo de contraprestación.

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