1
Senado: el oficialismo habilitó “mesas técnicas” por la reforma laboral, antes del debate en el recinto
Esta semana ya pasaron varios especialistas, que se reunieron con asesores del bloque de La Libertad Avanza; hoy fue el turno de la Unión Industrial Argentina
4 minutos de lectura'
PARA LA NACIONManuel Casado
A 11 días de que finalice el receso parlamentario, en el Senado ya comenzaron a moverse las piezas para anticipar posiciones y ordenar el debate en torno a la reforma laboral, que se reabrirá con las sesiones extraordinarias convocadas entre el 2 y el 27 de febrero. Este miércoles, delegados técnicos del bloque de La Libertad Avanza (LLA) se reunieron con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA). El encuentro, pactado de forma reservada, tuvo como fin congeniar criterios en torno al proyecto impulsado por la Casa Rosada, en un escenario atravesado por la resistencia sindical y algunas objeciones de los gobernadores.
“Fue una reunión buena, de carácter técnica y sin presencia de senadores”, explicaron fuentes parlamentarias del oficialismo a LA NACION, que también precisaron que los encuentros “comenzaron este lunes” y se escucharon los planteos de diversos sectores del empresariado.
En la UIA confirmaron el encuentro, pero no ofrecieron detalles. En últimas declaraciones, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, sostuvo que la reforma laboral es “necesaria” para mejorar la competitividad y actualizar las relaciones de trabajo, ya que con el actual esquema “hace 15 años que no se genera empleo formal”. El dirigente, que integró el Consejo de Mayo formado por la Casa Rosada, describió un mercado laboral atravesado por “altos niveles de litigiosidad”, “falta de empleabilidad” e “incentivos no enfocados en la productividad”.
Con ese enfoque, la UIA podría respaldar cambios como la implementación de un banco de horas, la creación de un fondo de garantía laboral (FAL) y modificaciones en el régimen de vacaciones. “Van a acompañar, aunque haya temas para corregir”, dijo a este medio un integrante del bloque de LLA. Su titular, Patricia Bullrich, no se integró a esta discusión, ya que no se encuentra en Buenos Aires. Pero igualmente envía mensajes a través de la red social X.
El bloque que conduce Bullrich se esperanza con llegar con el camino allanado para el miércoles 11 de febrero, fecha en la que se espera que el proyecto –dictaminado en diciembre pasado– tenga tratamiento en el recinto. “Hay optimismo con que salga. La llave la tienen los gobernadores y los empresarios van a acompañar, aunque haya temas para corregir. Prefieren que salga algo a que no salga nada”, remarcaron desde la bancada libertaria.
Sobre los pasos a seguir, indicaron que “esta semana seguirán los encuentros de la mesa técnica en el Congreso y las del ministro (Diego) Santilli con gobernadores”, mientras que “las reuniones de senadores empezarán la semana que viene”.
Este miércoles, antes del encuentro con la UIA, los equipos técnicos del oficialismo en el Senado recibieron a representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La entidad expresó un respaldo general a la reforma laboral, aunque en un documento venía de plantear objeciones puntuales a los cambios en los convenios colectivos, en especial sobre los artículos 126, 128, 130, 131 y 132, que considera riesgosos para la seguridad jurídica del sector. Tras la reunión, su presidente Ricardo Diab valoró el intercambio y destacó que pudieron exponer sus reparos. “Fue un diálogo fructífero y sentimos que nuestras observaciones fueron escuchadas”, afirmó al salir del Palacio Legislativo.
Los gobernadores y la CGT
En las provincias, pese a que existe un cúmulo importante de gobernadores que se mostró en favor de la reforma, persiste la preocupación por el impacto fiscal del proyecto, especialmente por la reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las sociedades de capital. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal inicial de estas modificaciones alcanzaría en 2026 el 0,22% del Producto Bruto Interno, unos $1,9 billones anuales. De ese total, el Estado Nacional resignaría $790.000 millones, mientras que el conjunto de las provincias y la ciudad de Buenos Aires perdería alrededor de $1,12 billones.
En paralelo, se suma la oposición de la Confederación General del Trabajo (CGT), desde donde calificaron a la iniciativa como “profundamente regresiva” y “anticonstitucional”. Además de reunirse con senadores y contar con una hoja de ruta para reunirse con gobernadores, desde la central obrera amenazan con marchar al Congreso el día que sea debatida, recurrir a la Justicia o llamar a un paro general si no son escuchados sus reclamos.
Entre los puntos sensibles, los sindicatos apuntan contra la creación del Fondo de Asistencia Laboral en reemplazo de las indemnizaciones, la habilitación de jornadas de hasta 12 horas, la ampliación de las actividades consideradas esenciales y la flexibilización de los convenios colectivos con el fin de la ultraactividad.
Por Manuel Casado
Más leídas de Política
