Senado: el oficialismo avanza con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria en medio de fuertes críticas opositoras

Luego del tironeo entre el Gobierno y los senadores que responden a Cristina Kirchner, que derivó en una serie de cambios en el texto original enviado por el Poder Ejecutivo, el oficialismo firmó dictamen en el Senado al proyecto de ley que establece el nuevo régimen de movilidad jubilatoria.

Criticado por la oposición, quien acusó al Gobierno de haberse ahorrado casi $100.000 millones al suspender la fórmula votada durante la administración de Mauricio Macri, el proyecto quedó en condiciones de ser llevado la semana próxima al recinto de la Cámara alta. Para convertirse en ley, antes deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados.

La iniciativa se discutió hoy en un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda en la que expusieron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, y que no estuvo exenta de discusiones a los gritos, como la que protagonizó Martín Lousteau (UCR-Capital) cuando acusó de mentirosa a la funcionaria.

La decisión del Gobierno de aceptar modificaciones en el proyecto permitió que el oficialismo cerrara filas en defensa de la iniciativa, luego del malestar que el texto diseñado por el Ministerio de Economía había generado al interior del Frente de Todos y que se tradujo en la postergación por 24 horas del plenario de comisiones, que inicialmente iba a celebrarse ayer.

Sin hacer referencia a la versión original, Moroni anunció que se iba a modificar la fórmula de actualización "incorporando el índice salarial" y justificó la decisión en la necesidad de "atar los ingresos de los pasivos a los trabajadores activos". "Si logramos el crecimiento de la economía y de los salarios, aumentaremos las jubilaciones", agregó.

Por su parte, Raverta aseguró que los aumentos por decreto dispuestos por el Poder Ejecutivo "lograron que los jubilados crecieran en su haber un 35,3%", porcentaje que, dijo, "es mayor que (el conseguido por) cualquier actividad de trabajadores".

A este cuadro, la funcionaria le sumó los bonos otorgados por el Gobierno a lo largo de la cuarentena, el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y los medicamentos gratuitos para el sector pasivo. "Los jubilados fueron los que menos perdieron en un contexto en el que se cayó el mundo", sentenció.

Raverta también criticó la fórmula anterior que, aseguró, "hizo que los jubilados perdieran casi un 20% de su poder adquisitivo" y se sancionó "en medio de la represión", en alusión a las violentas protestas encabezadas por el kirchnerismo y la izquierda cuando el esquema de actualización diseñado por la administración Macri se voto en el Congreso, en diciembre de 2017.

El tono empleado en su alocución y las reiteradas críticas de Raverta al gobierno anterior provocaron la reacción de varios senadores de Juntos por el Cambio. "Atenta contra nuestra inteligencia lo que dice, de que este año los jubilados le ganaron a la inflación", le replicó, molesto, Julio Martínez (UCR-La Rioja).

"98.000 millones de pesos, ese fue el ajuste que le hicieron a los jubilados, sacando y suspendiendo la fórmula" del anterior Gobierno, denunció el radical riojano.

Con un poco más de diplomacia, Julio Cobos (UCR-Mendoza) también calculó en $100.000 millones lo que Gobierno se había ahorrado -"no lo quiero llamar ajuste", atemperó los ánimos el exvicepresidente-, al suspender la fórmula de movilidad anterior que, aseguró, de haberse aplicado durante este año hubiera implicado una mejora del 42,1% en las jubilaciones y pensiones.

Durante su intervención, Raverta acusó a Lousteau de haber defendido el sistema de jubilaciones privadas creado durante el gobierno de Carlos Menem. Esto provocó la ira del radical porteño, que la interrumpió a los gritos.

"No puede mentir una funcionaria, no puede tergiversar lo que dije", irrumpió el radical porteño. "Escribí un libro entero en contra de las AFJP mientras el peronismo entero lo defendía", contraatacó Lousteau.

Cuando el debate ya había abandonado por completo la cuestión técnica, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Carlos Caserio (Córdoba), y sin dejar de criticar la situación económica dejada por el gobierno de Macri, anunció la voluntad del oficialismo de firmar dictamen y le puso final un debate de alto voltaje político.