Senado: polémica entre libertarios y kirchneristas por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Un plenario de dos comisiones en el Senado se convirtió en escenario de un nuevo round del duelo ideológico entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo, que este miércoles por la tarde volvieron a chocar y a ubicarse en las antípodas en torno al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el gobierno de Javier Milei,

El momento de mayor tensión se produjo cuando promediaba la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, cuando la ministra de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires y militante de La Cámpora, Daniela Vilar, concluyó su exposición relacionando los cambios propuestos por el oficialismo con la prisión que cumple Cristina Kirchner por delitos de corrupción.

“Esto lo pidió Estados Unidos, está escrito a la medida del FMI, a la medida del acuerdo bilateral con los Estados Unidos. Están entregando la soberanía, se están llevando puestas leyes que impulsó Cristina Kirchner; entonces se entiende porque es necesario perseguir a determinados líderes, porque con ella libre se defendería el territorio y el patrimonio de nuestro país”, afirmó la funcionaria de Axel Kicillof.

El oficialismo no se quedó callado. “La expresidenta no está presa por lo que piensa, está presa por corrupta”, le enrostró, sin alzar la voz, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Nadia Márquez (LLA-Neuquén).

Antes, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), había mostrado su molestia con la situación. “Una cosa es que vengan funcionarios a hablar de una ley y otra cosa es que vengan a hacer un panfleto político”, se quejó la exministra de Seguridad.

“La señora que usted defendió (por Cristina Kirchner) llegó hasta la Corte Suprema de Justicia (con su apelación); se entiende que no respeten ningún derecho cuando tampoco aceptan la decisión del máximo tribunal del país”, agregó Bullrich, quien reivindicó la defensa del proyecto del Gobierno porque busca que “el Estado no sea el enemigo de la gente, el que le roba su propiedad, sino su aliado que le permite desarrollarse”.

El proyecto en debate habilita el juicio sumarísimo para los desalojos, tanto que se trate de una intrusión u ocupación o por falta de pago del alquiler; establece nuevos requisitos para la expropiación de bienes por parte del Estado y levanta las restricciones a la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros.

También modifica la ley de manejo del fuego para eliminar los límites para aplicar a otros fines, como la agricultura, a terrenos boscosos afectados por incendios intencionales y ordena una fuerte descentralización en provincias y municipios del programa nacional de regularización dominial de villas y barrios de emergencia.

Hasta ese momento, el plenario de comisiones se había desarrollado con total tranquilidad y en la monotonía de los discursos contrarios al Gobierno nacional de los invitados, en su mayoría propuestos por el kirchnerismo, todos contrarios a la ley.

Uno de los pocos que se salió del libreto fue el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, quien defendió algunos aspectos de la iniciativa, pero también criticó otros a pesar de que su nombre había sido propuesto por el oficialismo.

En ese sentido, Sabsay consideró la propiedad privada como “un elemento importante del estado de Derecho”, pero aseguró que no existen “derechos absolutos” y advirtió sobre la necesidad de prestar atención a la reglamentación de la letra de la ley, que estará a cargo del Poder Ejecutivo.

Además, planteó sus “fuertes dudas en cuanto a la protección del medio ambiente”, al tiempo que consideró que tiene “una mirada poco contemplativa en cuanto al aspecto habitacional en el actual contexto económico”, en referencia a los cambios en el programa de regularización dominial de barrios populares.

En ese sentido, Sabsay se manifestó “muy de acuerdo” con fortalecer derechos en materia de desalojos en situaciones aberrantes como las ocupaciones “de aquellos falsos mapuches”, pero remarcó que “los plazos y garantías deben ser monitoreadas en la reglamentación para que no se afecte el debido proceso y la defensa en juicio”.

Tras esta jornada, se espera que el debate continúe la semana próxima. La idea en el oficialismo es apurar el dictamen, pero dependerá que se pueda acordar con la oposición dialoguista un texto que consiga mayoría para su aprobación en el recinto del Senado.

Por Gustavo Ybarra

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